La economía de Honduras se asfixia
El fuerte olor a pescado en la interminable columna de camiones paralizados en la frontera de Honduras sugiere que algo anda mal en el país, tres meses después del golpe militar. La fila de camiones bloqueados durante días en El Amatillo, un paso fronterizo con El Salvador a 132 kilómetros al sudoeste de Tegucigalpa, llegó a extenderse por kilómetros después que el derrocado presidente Manuel Zelaya volvió el 21 de septiembre a Honduras y el Gobierno de facto selló el país e impuso un toque de queda.
Y aunque el tráfico comenzó a fluir nuevamente en las últimas horas, la crisis política desatada con el golpe militar del 28 de junio tiene contra las cuerdas a este país, donde el 60% de la población vive en la pobreza.
"Hay un costo tremendo que se está pagando por esta situación que se está viviendo y no solamente se puede medir en los daños cuantificables, sino también los intangibles, como la pérdida de oportunidades de inversión", dijo el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Amílcar Bulnes.
¿Cuánto está costándole la crisis a Honduras?
"La circunstancia es muy compleja. Sólo ponerse a calcular eso a uno le tiemblan las manos. Nosotros esperamos que el sector productivo se acomode las circunstancias", dijo el empresario.
Fuentes oficiales dijeron que el cierre de las fronteras de Honduras, en medio del corredor comercial de América Central, costó 20 millones de dólares diarios.
La inestabilidad política ahuyentó a inversores y paralizó al turismo. El Gobierno de facto calcula que el coctel de problemas políticos y económicos hundirá este año el Producto Interno Bruto entre un 1 y un 2%.
Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras continúan semi paralizadas. Las calles están desiertas y las marchas a favor y en contra de Zelaya hacen todavía más insufrible el tráfico en la capital. El toque de queda mantiene cerrados bares y restaurantes por las noches.
La Asociación Nacional de Industriales protestó esta semana por las medidas de excepción.
"El toque de queda está afectando a las industrias: la producción de alimentos perecederos, el banano y también la maquila, que no puede cumplir sus pedidos", dijo a Reuters el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé.
"Esto le complica la vida a medio mundo", añadió.
Nadie se atreve a calcular el costo de la crisis, entre otras cosas porque resulta difícil trazar una raya que separe la crisis económica de la política.
El ministro de Comercio, Benjamín Brogán, calcula que unas 60,000 personas habían perdido sus empleos antes del golpe militar. Pero otros economistas dicen que 120,000 personas más habrían engrosado la legión de desempleados desde entonces.
"El impacto es muy fuerte para los micro y pequeños empresarios, los auto empleados, los productores agrícolas y los vendedores ambulantes, que si no venden no comen", dijo Brogán a Reuters.
Carlos Soler, una de las víctimas de la crisis financiera, sobrevive vendiendo sombreros y pañuelos con la imagen del derrocado presidente Manuel Zelaya en las marchas para demandar su restitución.
"Yo trabajaba en la maquila, pero me rajaron. Así que tuve que meterme a vender estas cosas para alimentar más o menos a mi familia", dijo caminando entre los manifestantes con una montaña de sombreros en la mano.
Historias similares se escuchan por todas partes en Honduras. Elvis Ponce, un taxista, cuenta que tuvo que ir al banco a renegociar el préstamo del automóvil.
"No podía pagarlas. El trabajo bajó un 50%. Ya no vienen turistas ni tampoco hombres de negocios", dijo.
Antes del golpe Honduras había visto caer las remesas, que representan más de un 20% de su PIB, debido a la crisis internacional. Tras el golpe vio esfumarse cientos de millones de dólares en crucial ayuda internacional.
El Gobierno de facto apuesta a resistir la presión hasta los comicios presidenciales de fines de noviembre, con la esperanza de que la elección de un nuevo presidente permita pasar la página del golpe.
Empresarios como Facussé, de la Asociación Nacional de Industriales, ofrecieron aumentar temporalmente un 10% el impuesto a la renta para aliviar los problemas de liquidez del Gobierno de facto.
"Quizás los ricos puedan aguantar. Pero nosotros los pobres no", dijo Ponce, el taxista, mientras aparca el automóvil que todavía no pudo terminar de pagar.
