La PGR apela sentencia en caso Wallace

La Procuraduría consideró insuficiente la pena impuesta a los cuatro presuntos plagiarios; la madre del empresario asesinado, Hugo Alberto Wallace, reclama una condena de 96 años de cárcel.
Wallace  (Foto: Notimex)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La Procuraduría General de la República (PGR) apeló la sentencia del juez 16 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictada contra los presuntos secuestradores y asesinos del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda.   

La dependencia federal consideró insuficiente la pena impuesta contra César Freyre Morales o José Antonio Hernández Lozano, Alberto Castillo Cruz, Antonio Castillo Cruz y Juana Hilda González Lomelí, procesados por el homicidio y secuestro de Wallace Miranda.

La mañana de este lunes, Isabel Miranda de Wallace exigió la pena máxima para las personas involucradas en el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace, ya que consideró que la sentencia que se les impuso no refleja la gravedad de su crimen.

En rueda de prensa, calificó como "blandengue" la sentencia impuesta por el juez 16 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Augusto Octavio Mejía Ojeda.

En este sentido, reclamó al juez quien a pesar de que sustenta y reconoce la culpabilidad de todos los secuestradores les regala a cada uno de ellos una pena, que a su juicio es mínima y ridícula.

En la conferencia realizada en un hotel de la ciudad de México, puntualizó: "si a usted le faltan tamaños juez, le presto mis enaguas, pero que no le tiemble la mano para hacer justicia".

Por el secuestro de Hugo Alberto Wallace fueron sentenciados Juana Hilda González Lomelí, a 28 años de prisión, y César Freyre Morales a 47 años, y la señora Isabel Miranda reclama para ellos la pena máxima que alcanzaría 96 años de cárcel.

González Lomelí y Freyre Morales se encontraban acusados de secuestro agravado, delincuencia organizada, posesión de arma de fuego y portación de cartuchos.

Para Tony y Alberto Castillo Cruz, quienes fueron condenados a 30 años y nueve meses de cárcel, la pena máxima por su delito alcanzaría hasta 86 años, ya que no se les acusa de posesión de arma de fuego.

Miranda de Wallace refirió que el caso de Brenda Quevedo Cruz continúa en proceso, en tanto que Jacobo Tagle Dobin se encuentra prófugo en Israel.

Adelantó que al término de la conferencia se dirigirá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República para solicitar que se le inicie una averiguación al juez Mejía Ojeda.

También pedirá al Juzgado de Alzada en la segunda instancia y al presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, su intervención para corregir la sentencia dictada por el juzgado 16.

Añadió que ya se presentó la apelación a la sentencia y están en vías de presentar los agravios que es todo lo que el juez no tomó en cuenta y volverlo a poner ante el Juez de Segunda Instancia para que pueda valorar lo que hizo el anterior impartidor de justicia.

Con estos elementos, observó, el Juez de Segunda instancia podría emitir sentencia definitiva en Segunda Instancia o bien, la regresaría al juzgado para que la corrija.

 

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