El financiamiento, principal pendiente de la ley sobre infancia: ONG

Falta de claridad en el financiamiento, de mecanismos para la participación de la sociedad y de un sistema de información sobre la infancia son las principales carencias del proyecto de ley sobre niñas, niños y adolescentes que discute el Senado mexicano, según organizaciones civiles.

A tres días de que el documento se vote en el pleno de la Cámara alta, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló en rueda de prensa que las modificaciones que los senadores han hecho a la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto representan "avances", puesto que el texto original era de "mala calidad".

Juan Martín Pérez García, director de la Redim, citó como ejemplo que en el proyecto de dictamen que discuten los senadores ya se corrigió la redacción de la ley para que tenga un enfoque de derechos humanos en lugar de uno "asistencialista". Sin embargo, advirtió que aún hay pendientes por resolver para garantizar el respeto a los derechos de los menores.

"¿Dónde están los desafíos? (...) El tema quizás más importante es presupuesto", dijo.

"Se ha anunciado que se va a financiar más al DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), pero todavía no queda muy claro cómo se va a financiar la instalación de este mecanismo de coordinación en (la Secretaría de) Gobernación y a nivel de los estados. Eso es importante y va a costar", agregó.

Entre otros puntos, la propuesta de ley plantea crear un sistema para garantizar los derechos de los menores, que estaría presidido por el presidente de la República, tendría una secretaría técnica en Gobernación, implicaría darle mayor libertad y más dinero al DIF —el cual actualmente depende de la Secretaría de Salud—, así como conformar un mecanismo de coordinación entre el gobierno federal, los estados y los municipios.

Para la Redim, el segundo asunto pendiente es incluir la posibilidad de que las organizaciones civiles puedan participar en el diseño de políticas públicas en la materia, mientras el tercer pendiente consiste en establecer un sistema de información que sirva para conocer la situación de la infancia.

Luis Enrique Hernández, director de la organización El Caracol —miembro de la Redim—, dijo al respecto que es urgente tener datos confiables sobre los menores en condiciones de vulnerabilidad, para saber si viven en la calle, si son migrantes, trabajan, tienen alguna discapacidad o están en conflicto con la ley.

La nueva legislación en materia de protección a la infancia comenzó a discutirse en el Senado a principios de septiembre, luego de que Peña Nieto envió su iniciativa con carácter de preferente . Esto significa que cada cámara legislativa tiene un plazo máximo de 30 días para votar el documento.

A decir de Peña Nieto, el objetivo del documento es obligar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como atender problemas específicos como la violencia escolar o bullying.

Para la dictaminación, las comisiones encargadas del análisis realizaron audiencias con expertos y organizaciones civiles.

Si los senadores aprueban la propuesta modificada el próximo jueves, ésta aún deberá ser revisada en la Cámara de Diputados. En caso de que San Lázaro avale el texto, éste será remitido al presidente para que lo promulgue. Pero si los diputados realizan alguna modificación, el proyecto será devuelto a la Cámara alta.