La Suprema Corte alista el debate sobre las consultas populares

Los ministros inician este miércoles la discusión sobre si son constitucionales o no los ejercicios que promueven PRI, PAN, PRD y Morena
La ruta de la consulta sobre la reforma energética
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

La posibilidad de que en 2015 se realicen cuatro consultas populares llega a un momento clave este miércoles, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie el debate sobre si los temas de estos ejercicios son constitucionales o no. 

El aval de la SCJN a una petición de consulta es el último requisito que se debe cumplir para que un ejercicio de este tipo sea convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), según la reforma política de 2012 y la ley reglamentaria que entró en vigor este año

Los ministros tendrán que pronunciarse en torno a cuatro solicitudes: dos de los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para someter a consulta la reforma energética de 2013, una del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el salario mínimo y una más promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que plantea reducir el número de legisladores federales por representación proporcional. 

Se prevé que la primera solicitud a debate sea la del PAN, cuyo análisis fue el primero en quedar concluido y enviado al pleno de la SCJN, informó el área de prensa del máximo tribunal. 

Este proyecto —que todavía no es público— fue elaborado por el ministro José Ramón Cossío y debe plantear si es constitucional o no la intención del PAN de consultar a la gente si estaría de acuerdo con un aumento del salario mínimo, de manera que éste sea "digno" y pueda cubrir las necesidades de una familia. 

Se tiene previsto que la segunda solicitud a discusión sea la de Morena y la tercera la del PRD. 

Ambas buscan echar atrás la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con la cual se abrió el sector a la inversión privada nacional y extranjera. 

Sin embargo, líderes del PRI y algunos analistas consideran que este tema no es constitucional, puesto que se relaciona con los ingresos y gastos del Estado y la Carta Magna prohíbe que este asunto sea sometido a consulta. Según la legislación mexicana, otros asuntos prohibidos son la materia electoral, la restricción de los derechos humanos, la seguridad nacional y la organización de las Fuerzas Armadas. 

El líder de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, dijo al respecto este martes que el partido confía en que la SCJN hará un análisis "estrictamente jurídico" de la materia. Durante un breve encuentro con medios, agregó que algunos líderes del PRD se reunirán este miércoles con los ministros, previo al arranque del debate. 

"Yo espero que pueda haber un análisis estrictamente jurídico, constitucional, de las solicitudes, yo eso es lo que espero, que nos ajustemos a un rigor legal", señaló.

La última solicitud que entraría a discusión es la del PRI, que plantea preguntar a los ciudadanos si estarían de acuerdo o no con eliminar 100 de los 200 diputados plurinominales y los 32 senadores que se eligen también por el principio de representación proporcional. 

Para la dirigencia priista, esta medida ayudaría a la construcción de acuerdos en el Congreso. Sin embargo, militantes del PRD tachan la propuesta de populista y afirman que no es constitucional porque se relaciona con la materia electoral. 

Según la ley reglamentaria, la SCJN está facultada para modificar la pregunta de cada solicitud de consulta, con el fin de evitar que sea tendenciosa y para que tenga un lenguaje "neutro, sencillo y comprensible". Además, una vez que llegue a una resolución, debe comunicarla al Congreso en un plazo máximo de 24 horas. 

Aquellas consultas que sean aceptadas por la SCJN deberán ser organizadas por el INE y realizadas el mismo día de las elecciones federales del próximo año, es decir, el domingo 7 de junio.

Por ley, para que los resultados de una consulta sean vinculantes y obliguen a las instituciones involucradas a acatarlos, en el ejercicio debe participar al menos 40% del electorado, lo que equivale a alrededor de 30 millones 830,000 ciudadanos mexicanos.

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