Mancera ordena a su gabinete hacer pública su declaración patrimonial
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ordenó a los integrantes de su gabinete legal y ampliado que hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, argumentando que con ello se busca fomentar la transparencia y prevenir actos de corrupción.
Mancera hizo el anuncio este martes durante un acto con comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del DF (InfoDF), según un reporte de la agencia Notimex.
En la ceremonia, dijo que sus colaboradores deben actuar a la brevedad —sin precisar un plazo límite— y que aquellos funcionarios que se nieguen a acatar la instrucción ya "conocen cuál será la decisión", en una aparente alusión a que serán removidos del cargo.
La legislación mexicana actualmente obliga a los servidores públicos a entregar sus declaraciones patrimoniales a las autoridades correspondientes, pero les da la facultad de decidir si éstas se hacen públicas o no; si optan por difundirlas, también pueden especificar qué partes pueden darse a conocer y cuáles no.
El anuncio de Mancera se produce mientras se desarrollan distintas polémicas a nivel nacional y local por los bienes de funcionarios.
A nivel nacional, en noviembre pasado se desató una controversia por una casa propiedad de la primera dama, Angélica Rivera , que le vendió un empresario que ha sido ha obtenido contratos públicos en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La Presidencia de la República niega que en este caso exista conflicto de interés y el mandatario decidió hacer públicos más datos de su patrimonio, como los costos de las viviendas que posee y los montos de sus inversiones, los cuales en conjunto ascienden a 45.2 millones de pesos .
A nivel local, tres funcionarios del gobierno del Distrito Federal (GDF) fueron destituidos del cargo en agosto pasado, luego de que la contraloría detectó irregularidades en la compra de materiales de oficina.
Tras una investigación que derivó de reportes de prensa, la contraloría detectó que estos servidores públicos compraron con sobreprecio cartuchos para impresoras que se distribuían en varias dependencias.
