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"Si piden tu voto, exige transparencia": la campaña que impulsan ONG

Con #3de3, Transparencia Mexicana llama a los ciudadanos a que exijan a sus candidatos declaración patrimonial, de intereses y de impuestos
jue 29 enero 2015 06:15 AM

A finales de 2014, la revelación de presuntos conflictos de interés por parte de altos funcionarios del gobierno federal no solamente generó polémica y molestia entre ciudadanos. Dentro de un grupo de organizaciones civiles, también derivó en una idea: en 2015, un año de comicios, llamar a los electores a que exijan a sus candidatos ser transparentes. 

De esa forma fue como nació #3de3, una campaña encabezada por Transparencia Mexicana (TM), capítulo en México de Transparencia Internacional, con la que se busca que quienes quieran conquistar el voto ciudadano antes hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos. 

Con esto, según explicó Eduardo Bohórquez, director de TM, el objetivo es que los ciudadanos tengan más información sobre quiénes son sus candidatos —qué poseen, en qué sectores tienen inversiones, cuánto ganan— e identifiquen quiénes estarían en mayores posibilidades de tratar de obtener un beneficio personal aprovechándose de un cargo público. 

La difusión de esta campaña, con el lema "Si te piden tu voto, pídeles que publiquen #3de3", ocurre luego de que a finales del año pasado se dieran a conocer que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera , y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray , compraron casas a compañías de un empresario que recibió contratos de obra pública cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México (2005-2011) y ahora compite por licitaciones federales. 

En ambos casos, las autoridades aseguraron que las transacciones fueron legales y rechazaron que hubiera un conflicto de interés, aunque desde entonces el tema ha generado dudas sobre las relaciones de los altos funcionarios con el sector privado.

"Nuestra tarea como organización era poner la pelota en el campo", dijo Bohórquez en entrevista, al explicar por qué TM decidió lanzar la campaña en enero, a cinco meses de las elecciones federales y locales del domingo 7 de junio. 

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Desde el lanzamiento, algunas asociaciones que se han sumado son Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el que TM desarrolla una plataforma electrónica a la que los candidatos puedan subir sus declaraciones. 

Al respecto, Bohórquez dijo ser consciente de que es poco probable que un gran número de abanderados acceda a publicar esa información. Sin embargo, consideró que la exigencia es necesaria y puede dar pie a que surja una "nueva clase política" más abierta y cercana a la ciudadanía. 

"Creo que en el corto plazo va a ser difícil. Son unas 2,200 posiciones en concurso . Si fueran siete candidatos, estamos hablando de más de 14,000 personas que tendrían que poner su información en esta plataforma", señaló. 

"Me temo que habrá muchas resistencias todavía y habrá muchos pretextos: el tema de la seguridad pública, el argumento de que los hace más vulnerables en su ejercicio... pero aun siendo decenas los que se sumen a esta iniciativa de manera voluntaria, porque no es ninguna obligación, aun siendo decenas creo que lo que estaríamos viendo es el nacimiento de una nueva clase política, y el nacimiento nunca es espectacular", agregó. 

A la fecha, algunos políticos que se han pronunciado a favor de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses son los senadores Laura Rojas, del Partido Acción Nacional (PAN), y Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes no se prevé que este año compitan por otro cargo público. A ellos se suman el diputado federal Ricardo Monreal, quien aspira a gobernar la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal por el partido Morena y esta semana prometió publicar los tres tipos de declaración que pide TM. 

El tema del patrimonio de los servidores públicos y de cómo darle seguimiento constantemente genera polémica, puesto que la legislación actual solamente los obliga a entregar sus declaraciones patrimoniales, pero les permite decidir qué partes de estas dar a conocer y cuáles no o incluso reservarlas en su totalidad. 

Con relación a este asunto, Bohórquez señaló que las organizaciones civiles que impulsan #3de3 seguirán exigiendo al Congreso cambios a la ley en la materia, e insistió en que la campaña que promueven puede servir como punto de partida. 

"No es un asunto de volumen y es muy importante no generar falsas expectativas. Si llegamos al final del proceso electoral con 250 candidatos que de verdad quisieron cambiar y empezar una relación más honesta con sus electores, habrá iniciado un movimiento social", dijo.

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