Los 10 puntos que el IFAI pide cambiar en la nueva ley de transparencia

Los comisionados solicitan al Senado precisar temas como en qué casos una información podrá reservarse por seguridad o estabilidad económica
El IFAI, el gran tribunal de la transparencia
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Mientras las principales bancadas en el Senado mexicano buscan destrabar las negociaciones sobre la nueva ley de transparencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pide a los legisladores cambiar algunos aspectos de la iniciativa que discuten desde finales de 2014. 

En un texto titulado Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los siete comisionados solicitan a los senadores atender, entre otros, temas como en qué casos podrán reservarse documentos por razones de seguridad nacional o estabilidad económica, y qué trato recibirán los fideicomisos y fondos públicos. 

A continuación te presentamos los aspectos que el IFAI pide a la Cámara alta tomar en cuenta para esta ley, que debía haberse aprobado a más tardar los primeros días de este mes y que debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en febrero de 2014. 

1. Información relacionada con derechos humanos 

El primer punto que el IFAI pide considerar es que la ley permita que los organismos de transparencia publiquen información relacionada con violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin que esta decisión antes tenga que ser avalada por otra autoridad. 

Para los comisionados, esto favorecería el derecho de la ciudadanía a conocer casos de interés general. 

"El interés público en mantener la reserva de las investigaciones en aquellos casos extremos sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad se ve superado por el interés de la sociedad por conocer la información que consta en una investigación de esa naturaleza, de modo que el acceso a la información no solo afecta directamente a las víctimas y ofendidos por los hechos antijurídicos, sino que ofende a toda la sociedad", señala el texto del IFAI. 

2. Seguridad nacional y estabilidad financiera 

Además, los comisionados solicitan que la ley sea clara sobre en qué casos una información podrá declararse reservada por razones de seguridad nacional o estabilidad financiera, económica y monetaria. 

"Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democrática al orientarse a satisfacer un interés público imperativo, de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados", argumentan. 

Organizaciones civiles especializadas en el tema han advertido que si este aspecto no es detallado en la ley, se da pie a que las instituciones públicas busquen reservar un universo amplio de documentos, arguyendo que darlos a conocer podría afectar la seguridad nacional o la estabilidad financiera del país. 

3. El consejero jurídico del presidente 

La reforma constitucional en la materia permite que el consejero jurídico de la Presidencia de la República impugne resoluciones del IFAI por razones de seguridad nacional. 

Al respecto, los comisionados piden que la ley reglamentaria establezca un mecanismo claro para que se conduzcan estas impugnaciones, así como evitar la posibilidad de que este funcionario federal también pueda impugnar decisiones de los órganos de transparencia de los estados. 

4. Evitar sanciones 

Otro punto que el IFAI solicita considerar es evitar que la ley incluya sanciones para los órganos de transparencia, pues hacerlo "inhibe la función constitucional que tienen encomendada en perjuicio de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

5. Fideicomisos y fondos públicos 

En otro apartado, los comisionados piden que la ley precise que todos los fideicomisos y fondos públicos serán sujetos obligados a transparentar su información, sin importar si son entidades paraestatales o no. 

Junto con los sindicatos, los partidos políticos y todo ente que reciba recursos del erario, los fideicomisos y fondos públicos fueron incluidos en la nueva lista de sujetos obligados que estableció la reforma constitucional. 

6. Reservas razonadas 

Además, los comisionados consideran necesario que toda instancia que decida reservar una información deba hacerlo con una "justificación razonada", lo que implicaría obligarlas a hacer un análisis de las consecuencias de difundirla o no. 

"Por tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba de daño al momento de reservar la información, ya que esta, como mecanismo argumentativo, sirve para que cumplan con su obligación de motivar los actos que realizan", dice el documento enviado al Senado. 

7. Jerarquía legal 

Otro aspecto que el IFAI pide precisar es que cualquier criterio para la reserva de información parta en primer lugar de lo establecido en la ley de transparencia, no en otros ordenamientos jurídicos. 

8. Sistema Nacional de Transparencia 

En otro apartado, los comisionados plantean que el Sistema Nacional de Transparencia —como se conoce a la red de instituciones que vigilan la política del país en la materia— esté integrado exclusivamente por el IFAI y los órganos de los estados, no por otras autoridades. 

Además, proponen que se permita la participación con voz de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

9. Denuncias por incumplimiento 

Los comisionados también piden que la ley permita que los ciudadanos presenten denuncias contra quienes incumplan sus obligaciones en materia de transparencia, como lo son responder a solicitudes de información en plazos determinados o acatar la resolución del IFAI o un órgano estatal. 

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10. Créditos fiscales 

El último punto que el IFAI pide considerar es establecer en la ley que las autoridades estarán obligadas a difundir el nombre de las personas a quienes se les ha cancelado o condonado un adeudo o crédito fiscal, junto con el monto implicado.

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