Ayotzinapa y amago de boicot 'calientan' el inicio de campañas en Guerrero

Los candidatos empiezan su proselitismo, pero organizaciones y familiares de los normalistas desaparecidos insisten en que no habrá elección
No a elecciones en Guerrero: padre de normalista
Autor: Laura Reyes | Otra fuente: CNNMéxico

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la salida de Ángel Aguirre Rivero de la gubernatura, la investigación por presunto lavado de dinero de exfuncionarios estatales y amagos de boicot electoral...

Estos, más los que se sumen, son los factores que calentarán las campañas electorales en Guerrero, entidad al sur de México con uno de los mayores índices delictivos a nivel nacional y uno de los menores niveles de desarrollo humano.

El próximo 7 de junio, cuando se celebrarán elecciones en otras 15 entidades aparte de este estado, 2 millones 566,000 guerrerenses están convocados a las urnas para votar por un gobernador, 46 diputados locales y 81 alcaldes, en ocho regiones. Además habrá comicios federales, de donde saldrán nueve diputados de mayoría relativa.

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Ante el boicot, "medidas urgentes"

Organizaciones afines a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre han tomado desde diciembre siete de las 10 sedes distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar los preparativos de la jornada electoral.

El Consejo General del INE determinó implementar "acciones extraordinarias" en la entidad, ante las acciones de los normalistas de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) agrupados en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

Entre las "medidas urgentes" están el permitir que los órganos locales del INE sesionen en otros edificios y ajustar los calendarios para la capacitación de funcionarios de casilla. 

En febrero pasado, el vocal ejecutivo del INE en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, dijo a CNNMéxico que desde finales del año pasado notificó al gobierno del estado la "urgencia" de garantizar la seguridad para el desarrollo del proceso electoral.

Además, el funcionario exigió "gobernabilidad" para la correcta instalación de casillas en las ocho regiones de Guerrero.

"En donde detectemos que el INE es propenso a un boicot, pues vamos a actuar con mucha prudencia. Solo si vemos que eso genera un riesgo se operará de otra manera", comentó.

En febrero, el consejero presidene del INE, Lorenzo Córdova, dijo a CNNMéxico que la inseguridad "complica la operación electoral", pero subrayó que han reaccionado ante estas circunstancias.

"En el estado de Guerrero, donde además del problema de inseguridad se suma el de la conflictividad social, hemos tenido que ajustar tiempos, ajustar procesos para cumplir con las metas de organización de la elección", señaló. 

"La advertencia está viva"

Los amagos de boicot de las elecciones y campañas en Guerrero iniciaron tras los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, donde policías municipales detuvieron a 43 normalistas y los entregaron a delincuentes del cártel Guerreros Unidos.

Desde ese momento, se han registrado protestas en diversas partes del estado e incluso del país, principalmente en la capital guerrerense, Chilpancingo, y en el puerto turístico de Acapulco. Los inconformes han tomado oficinas de los tres niveles de gobierno, el congreso local, consejos distritales electorales, autopistas y el aeropuerto de Acapulco, y se han registrado acciones vandálicas.

Esta postura fue reforzada tras el desalojo del pasado 24 de febrero por parte de policías federales de maestros que bloqueron por casi cinco horas el aeropuerto internacional de Acapulco, en cuyo marco murió un profesor que participó en la protesta.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, insistió en que el proceso electoral de 2015 "no se va a hacer, la advertencia sigue viva".

El portavoz de la CETEG en Acapulco, Walter Añorve, dijo a CNNMéxico que no hay condiciones reales en el estado para la realización de las campañas políticas.

"Volvemos a repetir, a todos los partidos, a todos los candidatos, no habrá elecciones, que quede muy claro", sostuvo.

La policía ciudadana también le entró al debate. La corporación de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) advirtió a los partidos que vigilarán al menos 500 comunidades de 14 municipios de Guerrero para evitar la compra de votos y entregas de dádivas.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, exigió un "cambio de actitud" a los institutos políticos que participarán en este proceso electoral en Guerrero, para que los normalistas, grupos sociales y maestros de la CETEG respalden el desarrollo de las elecciones.

Los candidatos, con "cautela"

Los candidatos a la gubernatura han determinado hacer sus actos de campaña con "cautela", e incluso evitando visitar algunas zonas del estado.

Los aspirantes del PRI-PVEM, Héctor Astudillo Flores; del PRD-PT, Beatriz Mojica, y del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, pidieron a los maestros de la CETEG y a los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa abrir una mesa de diálogo, pero al mismo tiempo han coincidido con hacer campañas propositivas.

Walton, incluso, dijo a CNNMéxico que comenzaría sus actos proselitistas en Iguala como "homenaje" a los normalistas. El candidato del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, también irá a Iguala, un día después.

El candidato de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, señaló que existen condiciones "muy precarias" para el desarrollo del proceso electoral, y responsabilizó al gobierno federal de "enrarecer" la política local al fallar en resolver el caso Ayotizinapa y por acciones como el desalojo de maestros de la semana pasada.

Los otros candidatos son Karime Íyari Sevilla Álvarez, de Nueva Alianza; Alberto López Rosas, por el Partido Humanista, y Raymundo Nogueda Analco, por Encuentro Social.

Iguala "nubla" el balance

Los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no solo provocaron el intento de boicot electoral en Guerrero, sino que "nublaron" cualquier evaluación positiva en materia de seguridad, consideró Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación (Segob).

"El caso de Iguala nubló cualquier evaluación positiva y avances que se habrían logrado, no solo a nivel local, sino nacional", dijo el pasado martes, de visita por Acapulco.

La crisis de Iguala orilló a que el 24 de octubre, a casi un mes de la desaparición de los 43 jóvenes, Ángel Aguirre pidiera licencia al cargo de gobernador y se nombrara al académico Rogelio Ortega Martínez como mandatario interino.

En febrero, un hermano de Aguirre, seis exfuncionarios locales y dos personas fueron detenidos por autoridades federales acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de desvío de dinero público a sus cuentas bancarias.

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A raíz del caso, el presidente Enrique Peña Nieto planteó en noviembre una reforma en materia de seguridad que incluye la desaparición de las policías municipales, al reconocer que Ayotzinapa "conmocionó a toda la nación" y puso a México "a prueba".

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