¿Qué prometen los partidos en derechos humanos y justicia?

En un foro en el INE previo a las elecciones, los partidos discutieron temas como la desaparición forzada y otros pendientes en esta materia
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| Otra fuente: CNNMéxico

La situación de los derechos humanos en México es de crisis, coincidieron representantes de los partidos políticos, al mencionar como ejemplos los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, las ejecuciones de Tlatlaya presuntamente a manos de militares y el posible abuso policial en Apatzingán.

En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), este lunes se realizó el segundo foro sobre las plataformas políticas para 2015, con el tema "Derechos humanos e impartición de justicia", al cual acudieron nueve de los 10 partidos contendientes (Morena anunció que no participará en ninguno de los siete encuentros).

Uno de los puntos en los que se hizo mayor énfasis fue la necesidad de tipificar adecuadamente la desaparición forzada, propuesta que ya está en el Senado y considera que también se pueda atribuir este delito a particulares.

Al foro acudió en representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la exsubprocuradora jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez, quien defendió el actuar del organismo y del gobierno en el caso Iguala.

"Nunca se pretendió decir que no hubo desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Por el contrario, la PGR consignó por desaparición forzada, están consignados algunos de los integrantes de las policías, y en algunos otros casos el juez consideró que no encuadraba la desaparición forzada, pero desde luego jamás se pretendió decir que eran no localizados", dijo.

También en referencia a los estudiantes, la representante del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, dijo que proponían la utilización de verdaderos métodos científicos para investigar crímenes y no conclusiones presentadas como "verdades históricas".

Otras propuestas de los partidos fueron a favor de crear leyes secundarias que reglamenten la reforma constitucional de 2011 sobre derechos humanos, fortalecer la defensoría para las víctimas de delitos, y reestructurar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las estatales para que tengan mayor efectividad en prevenir abusos y sancionar autoridades.

Aquí te presentamos las principales propuestas que hizo el representante de cada organismo político en el foro del INE.

Partido Acción Nacional (PAN). Fernando Rodríguez Doval, diputado federal.

  • Volver a reformar el artículo 1 constitucional para garantizar reparación del Estado en caso de violación de derechos humanos.
  • Que la CNDH pueda atraer casos locales y citar a comparecer a gobernadores. Quitar la prohibición de que pueda pronunciarse sobre violaciones cometidas por el Poder Judicial.
  • Rechazar la creación de policías estatales únicas, como propuso el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre.
  • Un sistema universal de recepción de denuncias.
  • Mecanismos de participación de las propias víctimas en la procuración de justicia.
  • Rodríguez Doval también consideró importante que en el Congreso sea mayoría la oposición y no el partido del presidente, para hacer un mejor contrapeso.

PRI. Mariana Benítez Tiburcio, candidata a diputada federal.

  • Policías estatales únicas, como propuso el presidente en noviembre.
  • Un Banco Nacional de Información Genética para identificar personas desaparecidas, también a propuesta de Peña Nieto.
  • Reglamentar la reforma al artículo 1 constitucional, sobre la obligación de toda autoridad de investigar, sancionar, prevenir y reparar toda violación de derechos humanos. También regular con claridad la aplicación de criterios internacionales.
  • Un sistema efectivo de defensoría del ciudadano. Que toda autoridad tenga unidades de protección en materia de derechos humanos para eficientar la pensión que deben recibir las víctimas.
  • Establecer tipos penales únicos para los delitos que más dañan a la sociedad, como desaparición forzada y tortura. Homologar límites mínimos y máximos de sanciones, para que un mismo delito no se castigue diferente en cada estado.
  • Fortalecer la justicia local en materias civil, familiar, mercantil y laboral. Crear un Sistema Nacional de Resolución de Conflictos Menores.
  • Consolidar la transición al nuevo sistema de justicia penal, todavía rezagado.

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Angélica de la Peña, senadora.

  • Legislar sobre la desaparición forzada y desaparición causada por particulares.
  • Que las defensorías de oficio tengan el mismo estatus que los jueces.
  • Reducir los salarios y jubilaciones de quienes están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que estén acordes a la realidad del país.
  • Ajustar la Ley de Amparo y el Código de Justicia Militar para que realmente tengan un enfoque de derechos humanos.
  • Revisar la Ley General de Víctimas y la Ley contra la Trata de Personas.

PT. Lilia Aguilar, diputada federal.

  • Enseñar a los ciudadanos que son receptores de derechos humanos y deben exigirlos.
  • Utilización de verdaderos métodos científicos y no de verdades históricas.
  • Dotar de mayores atribuciones a la CNDH para que sus recomendaciones no sean solo papel, y hacer una reestructura administrativa en las comisiones nacional y estatales, ya que México tiene el sistema de derechos humanos más caro y menos eficiente de Latinoamérica.
  • Transparencia y democratización del Poder Judicial.
  • Emitir la Ley de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y legislar la desaparición forzada.
  • Eliminar el arraigo y la geolocalización. Eliminar que el futuro fiscal general (actualmente procurador) pueda ser removido por el presidente.

Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Tomás Torres Mercado, diputado federal.

  • Garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sustentable, educación y expectativa para los jóvenes, ya que la educación es la mejor inversión contra la violencia.
  • Revisar la estructura del Poder Judicial de la Federación y su función de control institucional.
  • Tener un pacto ético, de autocontrol en la conducta y la actividad de los servidores públicos.

Movimiento Ciudadano (MC). Martha Tagle, integrante de la Comisión Operativa Nacional.

  • Eliminar patrones recurrentes de abuso en las detenciones, obtención de confesiones, silenciamiento a periodistas y defensores de derechos humanos.
  • Implementación ejecutiva de la reforma de derechos humanos con una revisión de sus mecanismos de aplicación y creación de políticas públicas a nivel nacional y local.
  • Implementación legislativa de la reforma con las leyes secundarias pertinentes.
  • Implementación judicial con la aceptación de las normas internacionales.
  • Ampliar el conocimiento de la reforma en los estados y a nivel de la ciudadanía.

Partido Nueva Alianza (Panal). Patricia Olamendi, candidata a diputada local del Distrito Federal.

  • Que no solo en la ley diga que todos somos iguales, sino que existan las condiciones materiales para que todo ciudadano tenga oportunidades reales de progreso.
  • Políticas que aminoren la desigualdad económica y social, y eliminen toda forma de discriminación.
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Partido Humanista. Eduardo Bueno León, coordinador del Centro de Educación y Capacitación Cívica del Humanista.

  • Formación de consejos ciudadanos de derechos humanos como contrapeso a las instituciones.
  • Que las recomendaciones de la CNDH sean vinculantes y eficaces en su ejecución, no sujetas a la voluntad política.
  • Iniciativa de ley para garantizar la igualdad entre mexicanos de nacimiento y naturalizados.
  • Reforzar la educación en derechos humanos para los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.
  • Reglamentar el artículo 1 de la Constitución.

Partido Encuentro Social (PES). Berlín Rodríguez Soria, representante ante el INE.

  • Modernización del sistema de impartición de justicia y del sistema de readaptación social, y una efectiva disuasión de conductas delictivas.
  • Modernización del sistema de investigación y efectividad del Ministerio Público.
  • Asegurar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, para superar la pobreza legal por condiciones económicas, territoriales o sociales.
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