Hasta la medianoche del 25 de septiembre, más de 650 personas se pusieron en contacto con el equipo de Trabajadorxs en Riesgo, para denunciar que sus centros laborales no son seguros y, a pesar de todo, sus jefes los obligan a presentarse en las oficinas.
“Salió un comunicado en el que se informaba que las actividades se reanudaban el lunes. Sin embargo, el edificio tiene daños. De hecho, en el estacionamiento pusieron vigas de madera para sostenerlo. Tengo miedo de que se caiga en cualquier momento”, describe en un mensaje de Facebook un colaborador de la Delegación 4 Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Éste es el tipo de mensajes que recibe el grupo, creado por más de 20 estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras el sismo del pasado 19 de septiembre.
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Elizabeth Calvillo, una de las integrantes de Trabajadorxs en Riesgo, afirma que más de 354 empresas e instituciones han sido denunciadas, en su mayoría privadas. La principal queja, según datos del colectivo, es que las compañías no presentan documentos oficiales que avalen la seguridad del inmueble.
“Nos mandaron un documento mencionando que los daños son leves, pero las escaleras de servicio se encuentran muy dañadas, principalmente las de los pisos tres, cuatro y cinco (el edificio es de nueve), ya que están despegadas de la pared y hay grietas que parecieran de 45 grados (…) Los arquitectos se pusieron a la defensiva, no dudo que el inmueble sea resistente, pero los daños parecen graves”, describe un trabajador del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Apoyo a los trabajadores
Ante este escenario, el grupo generó un formulario para que cualquier persona pudiera denunciar, de manera anónima, que está siendo obligada a asistir a su centro de trabajo, pese a las pocas condiciones de seguridad. Con la información recabada, los jóvenes generaron un mapa que muestra los edificios dañados en las zonas que sufrieron afectaciones por el sismo de 7.1 grados.
Calvillo cuenta que tras recibir los mensajes y, en algunos casos, imágenes y videos, los integrantes de Trabajadorxs en Riesgo asisten al lugar denunciado para verificar la información. En caso de ser real, la agregan a su base de datos y al mapa que se actualiza todo el tiempo.
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Posteriormente, continúa la estudiante de posgrado de la UAM Iztapalapa, se orienta a los trabajadores para hacer las denuncias pertinentes ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entidad con la que planean colaborar para mejorar las condiciones laborales de los mexicanos. Por ahora, sólo canalizan las quejas.
Con esto concuerda Laura Arias Alaffita, subprocudadora general de Asuntos Foráneos de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quien asegura no tener contacto con el colectivo, pero está dispuesta a sumar esfuerzos por el bien común.
¿Y las autoridades?
Respecto a las acusaciones de los colaboradores, Arias refiere que desde el pasado miércoles 20 de septiembre están recibiendo entre 40 y 50 llamadas al día. “Todas han sido en el mismo sentido: qué voy a hacer si cuando me presente a la oficina no me dejan pasar o si me despiden por no asistir. Incluso hay gente que ya se quedó sin empleo”, detalla la funcionaria.
Aunque por ley nadie puede obligar a alguien a colocarse en condiciones laborales inseguras, el mercado no está exento de abusos. Por esta razón, la STPS intensificó la vigilancia en los inmuebles laborales para garantizar seguridad y evitar injusticias.
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La representante de la Profedet recordó que las personas que emitieron sus quejas de manera telefónica tienen que asistir a las instalaciones de la Procuraduría y firmar una petición, la cual será enviada al patrón, junto con un citatorio, para que se presente a conciliar.
“Nosotros nos sentaremos con ambas partes y trataremos de concientizar al jefe de que está actuando de manera equívoca según la situación. En esta reunión esperamos llegar a un acuerdo. De lo contrario, procederemos a la demanda correspondiente”, declara.
Cabe mencionar que el patrón que infrinja la ley y ponga en riesgo a los trabajadores será acreedor a una multa de hasta 500 salarios mínimos.
La Secretaría del Trabajo puso a disposición de la población los siguientes números de contacto para cualquier denunciar relacionada con temas laborales: inspeccionfederal@stps.gob.mx y en el número 3000-2700, extensiones 65338 o 65388.