Bolivia no quiere ‘coca’ en Coca-Cola
Compañías como Coca Cola podrían verse afectadas por una medida que prohibiría el uso la palabra "coca" en los nombres de sus marcas, según una disposición aprobada por un comité legislativo que ayuda a reescribir la Constitución boliviana.
La Comisión de Coca del Parlamento, que está revisando la Carta Magna, ha aceptado una propuesta de agricultores de hoja de coca que impediría a las compañías extranjeras "usar el nombre de la hoja sagrada en sus productos".
La coca es el principal ingrediente de la cocaína, pero los bolivianos la han utilizado durante siglos como un estimulante suave que reduce los dolores por hambre o los síntomas del mal de altura.
Los indígenas bolivianos también usan las hojas en ceremonias religiosas.
El proyecto, que pretende reconocer la coca como algo inherente a Bolivia, es similar a las medidas que restringen el uso de nombres como champán, tequila, feta y parmesano fuera de ciertas regiones.
Margarita Terán, presidenta de la Comisión de Coca, dijo al diario La Razón que le sorprende que la firma Coca-Cola pueda vender refrescos en todo el mundo sin restricciones, mientras que a Bolivia se le prohíbe exportar productos hechos con coca.
La convención de 1961 de Naciones Unidas prohíbe el comercio internacional de productos hechos con coca y coloca a la hoja en la misma categoría del opio y la cannabis.
El presidente izquierdista Evo Morales está realizando una campaña internacional para convencer a Naciones Unidas de que a Bolivia, la nación más pobre de Sudamérica, debería permitírsele exportar productos hechos con coca, como pastas de dientes, cremas faciales e infusiones de hierbas.
Morales, que llegó al poder como el líder del sindicato de agricultores de la hoja de coca, se hizo conocido por su habilidad para paralizar al país con protestas que exigían el término de la erradicación forzada de los cultivos de coca.
El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la política de Bolivia ha provocado el aumento de los cultivos de coca y amenaza con socavar los avances hechos durante la década de 1990, resultado de los programas de erradicación apoyados por Washington.
