En Italia se quedan sin niñeras
Los italianos se dieron cuenta tarde que la ofensiva de Silvio Berlusconi contra los inmigrantes ilegales podría privarlos de cientos de miles de extranjeros que limpian sus casas y cuidan de sus niños y ancianos. Tras haber elegido al magnate de los medios para un tercer mandato en abril pasado, gracias en parte a sus promesas para frenar la inmigración ilegal, ahora suplican que limpiadores, niñeras y cuidadores asistenciales estén exentos.
Sus plegarias pueden estar cayendo en saco roto.
"¿Por qué una empleada doméstica tiene derechos y un albañil no?", preguntó el ministro del Interior, Roberto Maroni, artífice del proyecto de ley que será llevado al Parlamento y que despertó preocupación en Europa por un eventual fomento del racismo.
El número de trabajadores domésticos extranjeros es imposible de comprobar porque muchos de ellos son ilegales, pero las asociaciones de consumidores estiman que suman 1.7 millones, de los cuales sólo 745,000 están registrados en la Seguridad Social y muchos no tienen siquiera permiso de residencia.
En Roma, unos 100,000 de los extranjeros que cuidan a ancianos y minusválidos son ilegales, según el organismo del consumidor ADOC, que recibe llamadas de familias preocupadas porque "no quieren vivir al margen de la ley".
La población italiana es de unos 58 millones de habitantes.
Algunos viven en condiciones difíciles, forzados a dormir en la cocina y estar disponibles 24 horas al día, por 600 a 800 euros al mes.
Buena parte de ellos son mujeres de países como Perú, Ecuador, Filipinas y Rumania, y algunos temen por su futuro con este Gobierno, que incluye a la Liga Norte, contraria a la inmigración, cuyo segundo es Maroni.
"Leo los periódicos, veo la televisión, así que veo lo que quieren hacer y por supuesto tengo miedo de lo que me ocurrirá a mí y a mi familia", dijo una filipina, que trabaja ilegalmente como empleada doméstica y niñera en Milán.
Temerosa de dar su nombre, la joven de 27 años dijo que llegó hace un año y que su empleador la está ayudando a tramitar la residencia.
"Quiero tener todo en orden, pero esta gente, el Gobierno, lo hacen más difícil", afirmó.
Las nuevas medidas convertirán la inmigración ilegal en un delito punible con la cárcel, confiscará los departamentos alquilados a ilegales, acelerará las expulsiones y transformará algunos campamentos en centros de detención.
Algunas medidas, como la pena de cárcel para los adultos que fuercen a los niños a mendigar, parecen destinadas a los gitanos inmigrantes a los que en Italia se vincula con el delito.
Algunas figuras de la oposición de centro izquierda acusan a Maroni de "improvisar" una legislación que se apoya en el temor de la opinión pública frente al delito y que podría dañar a las familias en la que los dos padres trabajan y que necesitan a los inmigrantes para cuidar a sus hijos o ancianos.
