Piden prisión para banqueros dominicanos

La fiscalía del país pide 20 años de cárcel para los responsables de la quiebra del Baninter; también exigió multas de 76,000 dólares, por causar un colapso económico nacional entre 2003 y
Los inculpados han estado en libertad bajo fianza desde 2003  (Foto: )
SANTO DOMINGO (AP) -

La fiscalía pidió condenas de 20 años de prisión contra los principales acusados por la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), que en el 2003 desencadenó una de las peores crisis financieras registradas en las últimas décadas.

En sus conclusiones la fiscalía solicitó la condena de prisión y el pago de una multa por 76,000 dólares a Ramón Báez Figueroa, ex presidente del Baninter y principal acusado en el supuesto fraude por 2,000 millones de dólares que llevo a la quiebra a esta entidad bancaria.

El proceso judicial, que entró en su fase final, acusa a los banqueros de falsedad en escritura pública y de bancos, bancarrota, estafa y abuso de confianza.

La denuncia en mayo del 2003 desplomó el mayor grupo económico del país y salpicó de forma directa al entonces presidente Hipólito Mejía (2000-2004), acusado por Baninter de utilizar una tarjeta de crédito financiada por esa institución financiera para cubrir sus gastos en viajes al exterior.

A la quiebra de Baninter y de otros dos bancos se le atribuye el colapso económico del período 2003-2005, generándose en la nación pérdidas superior a los 3,000 millones de dólares y la intervención del Fondo Monetario Internacional.

La fiscalía también solicitó una condena de 20 años para el financista Luis Álvarez Renta, acusado de transferir el dinero defraudado a cuentas en el exterior. Asimismo, pidió seis años de prisión y unos 30,000 dólares para los otros dos acusados Vivian Lubrano de Castillo y José María Troncos Ferrúa.

Los fiscales pidieron al tribunal disponer el decomiso y la confiscación de las empresas de comunicación y bienes de los acusados, entre ellos cuatro periódicos, incluyendo el centenario Listín Diario, más de 70 emisoras de radio, cuatro canales de televisión y una empresa de televisión por cable.

Con excepción de Listín Diario, los otros periódicos se vieron obligados a cerrar luego de que fueran ocupados por el gobierno de Mejía en mayo del 2003, a la espera de una decisión judicial.

Listín Diario fue devuelto por la justicia el 8 de septiembre de 2004, a Ramón Báez Romano, padre de Báez Figueroa, y no se encuentra en la lista de bienes sujetos a confiscación presentada por la fiscalía.

Luego de conocer el pedimento de la fiscalía, el tribunal colegiado, presidido por Antonio Sánchez Mejía, permitirá a la parte civil representada por los abogados del Banco Central hacer la formulación de cargos contra los acusados.

En última instancia los abogados de los imputados harán una exposición presentando sus argumentos jurídicos para solicitar el descargo, según el calendario establecido por el tribunal.

Entre los acusados, el centro de atención lo ocupa Báez Figueroa, que ejercía la presidencia del Baninter y culpó a Mejía y a otros competidores de provocar la quiebra. El empresario, al igual que el resto de los inculpados, se encuentra en libertad bajo fianza desde diciembre del 2003.

 

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