Bancos prestan caro y poco por ley débil

La ausencia de un Estado de Derecho en México incide para que las tasas de interés sean altas; Veracruz es la entidad donde la eficiencia de las instituciones de justicia es la más atrasada.
El costo del dinero es alto por la debilidad de la justicia.
José Manuel Martínez
ACAPULCO (CNNExpansión) -

La ausencia de un Estado de Derecho sólido provoca una oferta de crédito cara y limitada para los hogares mexicanos, debido a la ineficiencia en la administración de justicia de los estados del país.

Veracruz es la entidad con la peor calificación en la eficiencia de las instituciones que se encargan de la administración de la justicia, mientras que Aguascalientes tiene la mejor calificación, según un reporte de la calificadora Moody´s Investor Services México.

Por ejemplo “quienes hacen préstamos para el financiamiento de vivienda determinan las tasas de interés que van a cobrar justamente en función de las calificaciones (de eficiencia de la justicia) dependiendo del estado, si la oferta de vivienda está en Querétaro seguramente las tasas de interés serán más bajas que en Zacatecas, de hecho, algunas Sofomes evitan prestar en estados mal calificados en justicia”, dijo Alberto Jones, director de Moody´s México.

El estudio -elaborado en coordinación con el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la firma Gaxiola, Moraila y Asociados- destaca que México ha tenido un Estado de Derecho débil, con un avance lento y poco homogéneo, lo que afecta el otorgamiento de crédito para el desarrollo de empresas y familias.

“Las tasas de interés están muy relacionadas con el riesgo que se enfrenta por recuperar lo prestado”, afirmó el abogado Jorge Gaxiola, que por tercer año consecutivo presentan la radiografía de la aplicación de la justicia en México.

El estudio se dio a conocer este miércoles durante la reunión anual de la Asociación de Bancos de México, que terminará el viernes.

El reporte califica la calidad de las instituciones de justicia, la duración de los procedimientos mercantiles, la suficiencia y aplicación eficiente de recursos humanos y materiales, y la eficiencia en la ejecución de las sentencias.

Los estados continúan con una lenta ejecución de las sentencias de embargo cuando un acreditado deja de pagar al banco, incluso las autoridades tardan de 6 a 20 meses en obedecer la orden judicial, sin considerar el juicio mercantil con un periodo de más de hasta 7 años.

“Entidades con problemas recurrentes y que ocupan lugares bajos: Veracruz y Chihuahua con problemática sostenida (…) el problema trágico de la inejecución de sentencias ha dejado de ser en la mayoría de las entidades federativas el problema número uno”, dijo Gaxiola.

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