Bolivia transfiere acciones de Entel
El gobierno ordenó este lunes por decreto la transferencia al estado del 47% de las acciones en la mayor empresa de telecomunicaciones del país, Entel, que pertenecían al pueblo boliviano, se informó oficialmente.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo en rueda de prensa que con esa medida, esas acciones, que eran gestionadas por las dos administradoras de fondos de pensiones que operan en el país, de capitales españoles y otra suizos, ''vuelven al estado'', tras su privatización parcial en diciembre de 1995.
Quintana señaló que ahora el gobierno espera hacerse de la mayor parte de las acciones de la compañía, mediante las negociaciones que ha iniciado con la empresa Euro Telecom Italia (ETI), dueña del 50% del paquete y administradora de Entel. El 3% restante está en propiedad de trabajadores y otros socios menores.
En la misma conferencia, el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, anunció que, mediante un segundo decreto, el gobierno dejó sin efecto una disposición similar de una administración anterior por la que se daba como probadas las inversiones que Telecom Italia se comprometió a hacer en Entel a cambio del 50% de las acciones.
Señaló que el decreto derogado era ilegal, por cuanto la facultad de ''certificar o descertificar'' si las empresas que privatizaron parcialmente a varias del estado entre 1995 y 1996 cumplieron con sus compromisos de inversión, correspondería a los entes reguladores del estado, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones.
De esta manera, las inversiones realizadas por Telecom Italia en Entel quedarían bajo evaluación de este gobierno, puesto que, pese a ser las superintendencias entes semi autónomos, el presidente Evo Morales nombró nuevos responsables interinos en casi todos esos organismos, incluida la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Telecom insiste en que invirtió más de los 608 millones de dólares (mdd) que se comprometió en 1995 por el contrato de ''capitalización'' de Entel, pero el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jerges Mercado, ha denunciado que sus inversiones no superaron los 466 mdd
Mercado denunció también que Entel evadió impuestos por 25 mdd, aunque de momento, en ninguno de los dos casos, ha presentado pruebas ante la opinión pública.
El gobierno ya había ordenado mediante otro decreto la transferencia al estado de las acciones de la población, no del fisco, en las empresas petroleras que capitalizaron parcialmente en 1996 a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en una acción que expertos juristas juzgaron como de confiscación, pues su naturaleza era privada.
Sin embargo, la población pareció estar de acuerdo con la medida y no se presentaron recursos legales por la operación.
De todos modos, las administradoras afectadas entonces y ahora, Previsión, del consorcio español Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), y Futuro, de la suiza Zürich, presentaron objeciones puesto que una les entregó en 1996 las acciones de todas las empresas privatizadas parcialmente en fideicomiso.
El gobierno ha señalado que podría obligar a Telecom a venderle sus acciones en Entel, mientras que el gobierno italiano ha respondido solicitando un clima cordial para las negociaciones y que es de suponer que Telecom Italia merece recibir un precio justo, al advertir de que entiende que no está obligada a vender sus participaciones.
