Muchas ciudades y pueblos de Estados Unidos gastan centenares de miles de dólares en honorarios legales para defender las ordenanzas adoptadas contra los indocumentados y la inmigración ilegal en sus jurisdicciones.
Y algunas de esas poblaciones podrían quedar en bancarrota en su empeño por combatir la inmigración ilegal.
Más de 90 ciudades o condados han propuesto, aprobado o rechazado leyes que prohiben a los caseros alquilar sus viviendas a los inmigrantes ilegales, multan a las empresas que contratan a indocumentados o entrenan a sus agentes de policía para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La aprobación de estas ordenanzas contra la inmigración ilegal ha generado críticas, manifestaciones y demandas judiciales en Valley Park, Misurí; Riverside, Nueva Jersey; Escondido, California; Hazleton, Pensilvania y en Farmers Branch, suburbio de Dallas.
En algunos casos, se han utilizado fondos públicos para contratar los servicios de abogados independientes a fin de defender a las autoridades de las demandas judiciales interpuestas por los oponentes de las medidas. En otros, las donaciones privadas o las pólizas de seguros han cubierto parte de esos costos.
La ciudad que quizá ha pagado un precio más elevado por combatir por su cuenta la inmigración ilegal, por considerar inadecuadas las medidas del gobierno federal, es Farmers Branch, que el año pasado fue la primera municipalidad de Texas que prohibió a los caseros alquilar sus apartamentos a los inmigrantes ilegales. Casi de inmediato, los activistas de los derechos civiles, algunos vecinos, los propietarios de apartamentos y otras empresas presentaron cuatro demandas judiciales para que la ordenanza fuera derogada.
Los documentos revisados por The Associated Press indican que el bufete de abogados Boyle and Lowry, con sede en Irving, recibió casi 262,000 dólares en honorarios legales relacionados con la inmigración ilegal _en su mayor parte fondos públicos_ hasta fines de marzo.
Los miembros del concejo aumentaron el mes pasado el presupuesto legal municipal a 444,000 dólares.
''He oído a varias personas que no podemos permitirnos ese lujo, pero no es verdad'', dijo Tim O'Hare, el concejal de Farmers Branch que encabezó las gestiones para adoptar la ordenanza. ''He oído decir a la gente que cuesta dinero al contribuyente y así es. Empero, el costo de tener inmigrantes ilegales residiendo en esta ciudad es mayor''.
Por ahora, un juez emitió una suspensión cautelar que prohibe a la municipalidad poner en vigencia la ley.
Los oponentes a la medida presentaron además una petición con suficientes firmas para someter a votación popular el 12 de mayo si el ayuntamiento rescinde la ordenanza o la retiene.
En Pensilvania, la municipalidad de Hazleton tuvo mejor suerte, ya que recibió 266,000 dólares de miles de donantes de todo el país para defender su ordenanza que prohibe a los caseros alquilar sus apartamentos y viviendas a los indocumentados. El dinero de los contribuyentes no es utilizado para pagar los honorarios legales o los costos procesales.