Abogados son el 'coco' de ilegales
Los inmigrantes que buscan legalizar su situación en Estados Unidos son víctimas de sus mismos abogados con una frecuencia alarmante, según un panel federal de apelaciones.
Después de censurar el trabajo hecho —u omitido— por dichos abogados, el panel de tres jueces de un tribunal de apelaciones de Manhattan criticó al gobierno, particularmente por apelar a nimiedades lingüísticas para ganar un caso.
Objeto de abuso de los abogados de ambas partes, los inmigrantes —dice el panel— son ''una población vulnerable que viene a este país en busca de una vida mejor, a menudo no familiarizada con nuestro idioma y cultura, en estado de privación económica y en temor'', escribió el tribunal en una opinión difundida el miércoles.
''En cuestiones de inmigración hay mucho en juego: el derecho a permanecer en este país, a reunir una familia o a trabajar'', dijo el tribunal.
Diciendo esencialmente en jerga legal que estaba harto de esta situación, el tribunal de apelaciones ordenó reabrir el caso de un inmigrante jamaiquino, Garfield Livern St. Valentine Aris.
Aris, que entró en Estados Unidos en 1983 a los doce años de edad, era un inmigrante legal que mantenía a su esposa y a su hija adoptiva y que no tenía familiares cercanos en Jamaica, dijo el tribunal.
El jamaiquino se declaró culpable en agosto de 1991 de posesión de cocaína y fue sentenciado a tres años de libertad condicional y una multa de 1,000 dólares. Después, las autoridades federales ordenaron iniciarle el proceso de deportación debido a su condena.
El tribunal de apelaciones dijo que los abogados de Aris ''erraron de manera espectacular'' después que el condenado fue víctima de un sencillo error: un asistente jurídico (paralegal) le dijo que al parecer su audiencia no era el día en que había sido fijada. Y cuando aquél no se presentó, se ordenó su deportación el 3 de mayo de 1995.
El tribunal dijo que la firma de abogados nunca le dijo que se había concretado la audiencia ni que se había ordenado la deportación. En junio del 2005 se enteró de esa orden. Cuando contrató otros abogados, éstos presentaron documentos incorrectos en su nombre, dijo el tribunal de apelaciones.
A causa de eso estuvo detenido durante nueve meses y, sin sus ingresos, su esposa y su hija adoptiva no pudieron pagar el alquiler y se vieron obligadas a mudarse a un albergue para desamparados.
El tribunal dijo en una acotación que al parecer Aris tenía un argumento convincente para permanecer en Estados Unidos debido a ''consideraciones sociales y humanas'', incluyendo la naturaleza relativamente menor de su delito por posesión de drogas y debido a que su familia está en el país.
El tribunal de apelaciones dijo estar preocupado de que, durante los argumentos que se presentaron ante los jueces, un abogado del gobierno no admitió que no importaba que el asistente judicial que no informó correctamente a Aris le hubiese dicho ''usted no tiene una audiencia'' o ''nuestros registros indican que usted no tiene programada una audiencia''.
Agregó que Aris, que no ha sido deportado, era un inmigrante poco familiarizado con la ley inmigratoria estadounidense.
''Cuando los abogados que representan a los inmigrantes no cumplen con sus obligaciones profesionales, suelen ser con demasiada frecuencia los inmigrantes a quienes representan los que padecen las consecuencias'', escribió el tribunal.
''Admitimos que, lamentablemente, cada tanto se producen malentendidos con las fechas. Pero el hecho de no comunicar al cliente dichos errores, una vez que se detectan, y de no tomar todas las medidas necesarias para subsanarlos es más que lamentable: es inaceptable. Es esa falta de comunicación la que convierte la corrección inefectiva de un mero error de calendario en una negligencia más seria''.
El tribunal también notó el papel del gobierno.
''Las autoridades gubernamentales, sean cuales fueren sus papeles, deben atender esas omisiones que socavan tan gravemente la administración de la justicia'', concluyó el panel.
