Clinton propone a Greenspan para rescate
La demócrata Hillary Clinton propuso una serie de medidas destinadas a impulsar la economía estadounidense y atenuar la crisis inmobiliaria, en un guiño para conseguir el respaldo de los trabajadores antes del choque del próximo mes contra Barack Obama en Pennsylvania.
Clinton pidió al presidente estadounidense George W. Bush que designe un grupo de expertos económicos de alto nivel liderado por los ex presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan y Paul Volcker, junto con el ex secretario del Tesoro Robert Rubin.
El objetivo de este grupo debería ser determinar si el Gobierno tendría que comprar viviendas para frenar la crisis inmobiliaria del país.
La senadora de Nueva York y ex primera dama dijo que la Administración Federal de las Viviendas debería "estar lista" para comprar, reestructurar y revender hipotecas impagas a fin de fortalecer a la alicaída economía.
"Tal como lo han hecho en el pasado, este tipo de medidas temporarias del Gobierno podrían dar a nuestra economía el impulso que necesita y a las familias la ayuda que necesitan", dijo Clinton en un discurso en Filadelfia.
"No requeriría ninguna nueva burocracia del Gobierno, y estaría diseñado para autofinanciarse en el tiempo, por lo que no costaría nada a los contribuyentes, en el largo plazo", dijo.
Clinton se enfrenta con Obama, senador de Illinois, en una agitada batalla para conseguir la nominación demócrata para enfrentar al candidato republicano John McCain en los comicios presidenciales de noviembre.
El próximo campo de batalla es Pennsylvania, un estado con un importante bloque de trabajadores industriales que han sido uno de los pilares de su respaldo en la campaña demócrata.
Al pedir apoyo en estados como Pennsylvania, fuertemente golpeados por la crisis inmobiliaria y las pérdidas de empleos, Clinton ha enfatizado su liderazgo económico.
El administrador de la campaña de Obama, David Plouffe, dijo que las propuestas estaban en línea con las medidas que ya ha planteado Obama, y la campaña difundió una carta escrita por Obama hace un año pidiendo a los funcionarios federales que convoquen una cumbre por el tema de las viviendas, similar a la iniciativa de Clinton.
Pero Plouffe dijo que Clinton no estaba en posición de cumplir sus promesas. Dijo que ella había tomado dinero de los grupos de cabildeo y que es parte del sistema dominado por intereses creados en Washington, que dificulta los cambios fundamentales en cuestiones económicas y otros temas.
"Ella operaría dentro del sistema actual y ha dicho eso en reiteradas ocasiones. Nuestra idea es que tenemos que cambiar el mismo sistema", dijo a los reporteros Plouffe.
Clinton respaldó la legislación propuesta por dos legisladores demócratas, el representante Barney Frank de Massachusetts y el senador Chris Dodd de Connecticut, que expandiría la capacidad del Gobierno para respaldar hipotecas que se renegocien en términos que se puedan pagar.
De acuerdo con el plan, el Gobierno asumiría las hipotecas en problemas que estén en manos de los inversionistas, y establecería nuevos términos que impedirían los remates. Los prestamistas darían de baja la suma de la hipoteca, a cambio de una garantía del Gobierno.
Pero la senadora dijo que un grupo bipartidista debería determinar si ese enfoque es suficiente o si el Gobierno estadounidense debería ser más proactivo e intervenir como comprador temporario.
Cuando faltan semanas para la votación del 22 de abril en Pennsylvania ambos candidatos han estado preparando el terreno para una campaña prolongada que probablemente se extienda hasta el final de las primarias, en junio.
Obama aventaja a Clinton entre los delegados comprometidos que votarán un nominado en la convención partidista de agosto, pero ambos candidatos están tratando de atraer a los casi 800 "superdelegados" que probablemente decidan la nominación.
En su discurso, Clinton también reiteró su propuesta de la semana pasada para un nuevo paquete de estímulo económico que se centre en el problema de las viviendas.
La propuesta incluyó un fondo de emergencia inmobiliaria por 30,000 millones de dólares para poner efectivo en las manos de los Gobiernos locales y las organizaciones sin fines de lucro, a fin de que compren y revendan propiedades a personas de ingresos bajos, o las conviertan en unidades rentables para alquilar.
