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Gobierno busca salvación de Alitalia

El primer ministro Silvio Berlusconi aprobó cambios a la ley de quiebras para adecuarla a la fi la medida permitirá la división de Alitalia y la aceleración de la venta de sus bienes.
jue 28 agosto 2008 12:58 PM

El gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi aprobó el jueves los cambios en una ley de bancarrota para adecuarla a las necesidades de Alitalia, un paso crucial en el plan para salvar la deficitaria aerolínea.

El plan gubernamental para la empresa estatal contempla la división de Alitalia en dos sociedades: los bienes rentables serán vendidos a un consorcio de inversionistas italianos dispuestos a inyectar 1,000 millones de euros (1,500 millones de dólares) en la aerolínea; y los deficitarios en otra que serán protegidos por la ley de bancarrota.

Empero, el gabinete tenía que modificar la ley de bancarrota -aprobada en un principio tras el escándalo de Parmalat en el 2003- para que pudiera prosperar el plan.

La oficina del primer ministro dijo que los cambios forman parte de un decreto aprobado en el consejo de ministros del jueves.

Los cambios permitirán la división de la empresa y la aceleración de la venta de sus bienes, dijo una declaración emitida por la oficina de Berlusconi. El decreto contiene además salvedades a las regulaciones antimonopólicas italianas.

El rescate de Alitalia ha sido una prioridad del gobierno de Berlusconi desde que ganó en abril las elecciones por amplia mayoría y volvió al poder. Prometió mantener la empresa en manos italianas y seleccionó al banco Intesa Sanpaolo como asesor en la operación de venta del 49.9% de las acciones que posee el gobierno en la aerolínea.

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Alitalia ha perdido 200 millones de euros (292 millones de dólares) diarios -afectada por problemas laborales, la competencia de las aerolíneas de bajo costo y, recientemente, por los elevados precios de los combustibles. Desde junio la contratación de sus acciones ha sido suspendida en la bolsa italiana.

El gobierno y las partes afectadas han mantenido silencio en torno a sus gestiones, debido a un decreto que exoneró a los afectados del deber de informar a los organismos reguladores italianos.

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