Fobaproa y riesgo moral

El secretario del Tesoro estadounidense, Henry Paulson, acaba de dar una lección de cómo hacer un rescate del sistema financiero y resolver el gran dilema que los economistas llaman “riesgo moral” (moral hazard): cómo evitar que un apoyo del gobierno termine por enriquecer a quienes relajaron sus prácticas empresariales confiados en que en caso extremo, el Tesoro llegaría al rescate.

Seguro que un tema tan común en la historia empresarial de México le es familiar. Érase una vez unos accionistas de empresas o bancos que incurrieron en riesgos enormes –de deuda, de adquisiciones, de operaciones no muy “koscher”– porque sabían que en caso de problemas, Bancomext, Fobaproa o Nafin le echarían un cable. La justificación para tal medida podía ser la defensa del empleo, pero quizá ocultaba apoyos políticos o vaya usted a saber qué. Sus utilidades quedarían intactas o incluso crecerían.

El gobierno estadounidense acaba de poner 200,000 millones de dólares sobre la mesa (menos de la cuarta parte de lo que costó el rescate bancario, si se incluyen los bancos expropiados por la Comisión Bancaria) y ha dejado en cueros a los accionistas de Fannie Mae y Freedie Mac. La estabilidad financiera tiene un costo, pero no puede tolerarse que alguien se enriquezca cuando los contribuyentes están pagando por errores de gestión.

El periodista José Manuel Martínez de CNNExpansión.com ha hecho el recuento de seis diferencias abismales que separan lo que ha hecho el gobierno estadounidense con el fin de dar estabilidad a los mercados financieros internacionales y lo que perpetró el gobierno mexicano a finales de los 90 a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). En síntesis: el gobierno mexicano no tomó capital de las instituciones, no eliminó el reparto de dividendos, no tocó a los directivos, no fomentó el crédito ni quitas, a la vez que se encontró con gran parte de la población en el buró de crédito.

Entre 1995 y 2000 este fideicomiso del Banco de México (hoy, reformado, IPAB) asumió cartera insolvente de los bancos con cargo al presupuesto federal –es decir, al bolsillo de los contribuyentes– a cambio de unos bonos federales. A diferencia de lo que a veces se critica con criterio populista, esta fue una buena manera de evitar una crisis sistémica.

El problema no fue que el gobierno tomara cartera vencida, sino que se permitió a los accionistas que habían descuidado los mínimos criterios de gestión mantener el 100% de las acciones de los bancos en su poder.

Las razones de Ernesto Zedillo pueden ser comprensibles: apenas cinco años después de la privatización, se negaba a que la banca volviera al gobierno. Pero lo que ocurrió finalmente es que todos los mexicanos, ahogados en deudas, en unos años de angustia para las familias y las empresas, pagaron un rescate que permitió a los accionistas de Bancomer, Banamex, Banorte o Bital vender sus instituciones o recomponerlas, con ganancias a veces millonarias.

Paulson, asesorado por el CEO de Morgan Stanley, John Mack, se ha ganado una medalla. Ojalá la lección cale hondo.

*El autor es editor general de la revista Expansión.