El juicio de amparo en materia fiscal

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN (Dip. Héctor Larios Córdova), del PRD (Dip. Javier González Garza) y del PRI (Dip. Emilio Gamboa Patrón), de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentaron el pasado 10 de Marzo del 2009 una iniciativa por la que se pretende adicionar una fracción VII Bis al artículo 107 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos.

A partir de su presentación, con asombrosa rapidez (se imprimió a la misma un procedimiento "Fast track") y sin haber consultado ni con la Sociedad Civil, ni con sus instituciones, se agotó el procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, que desembocó con su aprobación en su Pleno, el mismo día que se presentó, pasándose de inmediato a la Cámara de Senadores, como Cámara revisora, para que luego se turne a las Legislaturas de las Entidades Federativas.

Todo esto es realmente muy preocupante pues, en el fondo, con esta iniciativa se está destruyendo el amparo contra leyes en materia fiscal , por lo que, de aprobarse, se estaría constitucionalizando el cobro de impuestos inconstitucionales, a favor de la Federación, los Estados y los Municipios.

En efecto, argumentando la necesidad de democratizar el juicio de amparo contra leyes fiscales, en la reforma propuesta se incluyen puntos tan graves como el que:

• Se dificulta el que prevalezca la razón para declarar una Ley fiscal como inconstitucional pues, para declararla como tal, se requeriría ahora el voto de por lo menos 8 de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de los 6 que se necesitan al día de hoy.
• Se elimina la posibilidad de que un contribuyente obtenga la devolución del impuesto que pagó al amparo de una Ley, aun cuando esta haya sido declarada contraria a la constitución, bajo el nuevo procedimiento establecido.
• No pueda volver a estudiarse nunca la inconstitucionalidad de una Ley fiscal, aun cuando hasta 7 de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo hayan dictaminado, sino tan solo por decisión oficiosa de su Tribunal Pleno.
• La emisión de toda resolución dentro de los pretendidos juicios colectivos forzados (concediendo o negando el amparo), deje sin efectos las resoluciones que deriven de sentencias de protección individual previamente decretadas en firme contra la ley fiscal reclamada.
• Se elimina la libertad de los contribuyentes para decidir si desean incorporarse a un juicio constitucional colectivo contra leyes fiscales y, en consecuencia, se les imposibilita para defenderse individualmente.

Si bien es cierto que a nuestro país le urge, que es ya un imperativo impostergable elevar los niveles de recaudación, que en términos generales no han logrado sobrepasar porcentajes superiores al 10-11% del Producto Interno Bruto, cuando requerimos niveles del 18-20% del PIB, también es cierto que esto no debe de hacerse atropellando nuestro esquema fiscal con reformas como la propuesta.

Por el contrario, requerimos fortalecer a nuestra estructura fiscal para hacerla mucho más competitiva en el contexto internacional, con objeto de asegurar que los capitales mexicanos quieran permanecer en nuestro país y que los capitales extranjeros decidan venir a México. Solo así lograremos construir el círculo virtuoso: inversión - empleo - impuestos - bienestar social.

Para lograr lo anterior, debemos retomar el tema de la reforma fiscal integral, a través de que la recaudación se recargue mucho más en los impuestos indirectos como el IVA en general (no empantanarnos en el tema del IVA en alimentos y medicinas) los impuestos ecológicos, y otros, y mucho menos en los impuestos directos como el Impuesto sobre la Renta o el IETU.

Requerimos también que de manera urgente se implemente un combate frontal a la evasión fiscal y a la economía informal que, según la OCDE, alcanza ya niveles del 60% del total de la economía y que, entre otras cosas, incluye al contrabando, a la piratería y a lo robado.

Por todo lo anterior, desde aquí conmino a nuestros legisladores a retomar el tema de la Reforma Fiscal que el país requiere, ya que la "posible" no ha generado la recaudación requerida y, por supuesto, a no aprobar la pretendida reforma en materia de Juicio de Amparo, sin el necesario debate, sin el necesario consenso de la sociedad y de foros especializados, tal y como los principios mas elementales del proceso legislativo lo aconsejan y como efectivamente ha sido el caso de otras reformas constitucionales recientes, como las efectuadas en materia energética y en materia de telecomunicaciones.

Es realmente urgente que nuestro país sea verdaderamente competitivo en el contexto internacional en todos los órdenes, lo que incluye que también sea competitivo con nuestro esquema fiscal.

Soy optimista por naturaleza, pero también soy realista y veo muy claro que el tiempo se está agotando.

Otros países ya lo han hecho y nos están rebasando por la derecha y por la izquierda. Estos países han concretado las reformas que les han permitido ser competitivos y, en consecuencia, atraer a los grandes capitales extranjeros, concretando el círculo virtuoso al que me referí.

Es urgente que demos pasos hacía adelante con la Reforma Fiscal Integral.

 Mucho nos afectaría dar pasos hacia atrás con la pretendida reforma al Juicio de Amparo en materia fiscal.

* El autor es socio director de la Práctica de Consultoría en Impuestos de Ernst & Young y vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. - Área Fiscal. Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con un postgrado en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana (IPADE).