EU fija límites a sueldos ejecutivos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevos límites a los salarios de ciertos ejecutivos de compañías que han recibido ayuda procedente del fondo de rescate financiero del Gobierno ascendente a 700,000 millones de dólares.
La normativa, que en gran medida implementa las restricciones que aprobó el Congresos previamente este año, limitan el pago de bonificaciones en un esfuerzo por proteger las inversiones de los contribuyentes y recortar lo pagos de los llamados "paracaídas dorados", indemnizaciones abundantes para los altos directivos de las empresas en caso de que se retiren.
Específicamente, la normativa limita a un tercio de su valor total la bonificación que se paga a los altos ejecutivos y otros empleados con remuneraciones altas en las firmas rescatadas.
Por otra parte, la medida incentiva a las firmas a pagar salarios en acciones que deberían ser mantenidas por largos periodos de tiempo.
"Mientras exista una obligación con el Gobierno, las normas permanecerán vigentes", dijo a los reportes en conferencia telefónica un alto funcionario del Tesoro.
La Casa Blanca además anunció planes de nombrar a Kenneth Feinberg para el cargo de encargado especial para revisar la compensación en compañías que reciben una asistencia significativa bajo el Programa de Ayuda para Activos en Problemas, o TARP.
Feinberg, quien supervisó los esfuerzos del Gobierno para compensar a las víctimas del 11 de septiembre, tendrá la facultad de rechazar lo que considere como salarios excesivos o inapropiados en compañías que reciban ayuda excepcional del Gobierno.
Esta siete firmas que reciben "asistencia excepcional" del Gobierno son: American International Group (AIG), Citigroup, Bank of America, General Motors, GMAC LLC, Chrysler y Chrysler Financial.
La normativa del Tesoro también requiere que la junta de directores de cada entidad que recibió fondos del TARP implemente políticas sobre gastos de lujo o excesivos.
Por otra parte, el Gobierno de Obama anunció los planes de trabajar con el Congreso en una legislación que otorgaría a los accionistas mayor voz en relación a las prácticas de pago a ejecutivos de las compañías.
La iniciativa formaría parte de un plan para aumentar la supervisión de las prácticas de compensación para que estas se correspondan mejor con los intereses de los accionistas y la salud de las compañías en un plazo largo.
