Qué busca la reforma a la Ley de Amparo

En este momento se encuentra en estudio una iniciativa de reforma a la Constitución referida al amparo fiscal, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados (faltaría su discusión en la otra Cámara y el resto de las legislaturas locales), que pretende que el juicio de amparo sea erga omnes: su resolución beneficiaría incluso a quienes no lo promuevan; pero se intenta limitarlo, con lo cual se restaría el efecto positivo anterior. Justificación de la reforma

Limitados beneficiados

En el ámbito tributario se ha observado que el sistema actual de impugnación de leyes tributarias ha generado distorsiones importantes que se apartan sustancialmente de la intención de este medio de defensa.

Los tópicos relacionados con este medio requieren una alta especialización que tiene un elevado costo, que sólo puede ser absorbido por las grandes corporaciones, quienes finalmente son los únicas beneficiadas.

Incluso, las ventajas que conlleva el liberarse del pago de impuestos, ha provocado que la promoción de amparos constituya una decisión de negocios, independientemente de si la norma es susceptible de ser declarada inconstitucional, con lo cual se incita a una planeación basada en esa promoción.

Cúmulo de juicios

A pesar de que el número de contribuyentes en aptitud de acceder al juicio de amparo es mínimo, en relación con el universo total de contribuyentes, la cantidad de juicios que colman los tribunales es contundente. Ello básicamente por dos razones: al no reformarse las leyes declaradas inconstitucionales, los particulares continúan promoviendo, año con año, indiscriminadamente, juicios de amparo en su contra, aún cuando la Ley es declarada constitucional, no existe legalmente una causal clara de improcedencia, por ello, los gobernados continúan impugnándola en busca de un error procesal que les otorgue finalmente una sentencia favorable

Derecho comparado

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América resolvió que los particulares no tenían derecho a ejercitar acciones en contra de leyes que establecían tributos, pues el fallo a favor de un contribuyente implicaría una invasión de poderes, ya que las decisiones en torno a la recaudación son de naturaleza política y no jurídica.

Dicha intervención sólo es justificable en caso de que el demandante acredite plenamente estar inmerso en peligro, injurias o maltratos derivados de la ley impugnada, de lo contrario, no es posible otorgar beneficios en esa materia.

En Alemania no existen derechos fundamentales relacionados con los tributos, e inclusive se le otorga la facultad de analizar la constitucionalidad de las leyes, pero sólo a petición del Gobierno Federal, un Gobierno Regional o de un tercio de los componentes de la Cámara de Diputados.

En Francia, una ley tributaria una vez que entra en vigor no puede impugnarse de forma constitucional.

En España, el órgano encargado de estudiar la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional, el cual lo puede hacer a través de dos vías. Las sentencias de ambos medios tienen efectos generales y los particulares no se encuentran facultados para interponerlos.

En países como Canadá, Reino Unido de la Gran Bretaña, Chile y Argentina no se prevé una acción similar al amparo contra leyes fiscales.

Reforma propuesta

El juicio de amparo contra los elementos esenciales de las contribuciones como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa previstos en una ley fiscal, se iniciaría de manera tradicional ante el juez de distrito.

No obstante, una vez que el Poder Judicial hubiese detectado la existencia de un número considerable de demandas en el mismo sentido, se decretaría el trámite de amparo con efectos generales, designando uno o varios jueces instructores.

En esta etapa procesal sería factible que cualquier contribuyente pueda adherirse a las demandas originalmente presentadas y esgrimir sus propios argumentos.

Una vez cerrada la instrucción, él o los jueces instructores llevarían a cabo la compilación de los conceptos de violación y remitirían el asunto a la Suprema Corte de Justicia, para que ésta expresara la sentencia o resolución definitiva.

La sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría efectos generales.

Beneficios

Con esta reforma se lograrían los siguientes:

* todos los asuntos se resolverían en un mismo juicio

* sería más flexible el acceso a la justicia

* el proceso sería uni-instancial, esto es, los problemas de constitucionalidad de las leyes fiscales sólo serían resueltos por el Máximo Tribunal

* la sentencia que declare la invalidez de una norma provocaría la eliminación de la misma del orden jurídico y de sus efectos a partir de la publicación de la resolución, sin que tuviera efectos retroactivos

Lobo con piel de borrego

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaren inconstitucional la norma impugnada, deberían aprobarse por ocho votos.

Si no se alcanzarse la votación calificada de referencia, se tendría como efecto la validación de la constitucionalidad de la norma. Por ende, cualquier impugnación posterior contra el mismo precepto sería notoriamente improcedente.

En este sentido, aun cuando la mayoría de los ministros declararan la inconstitucionalidad de la norma (seis votos contra cuatro), de cualquier manera se consideraría que el precepto es constitucional, y por lo tanto ya no podría impugnarse por gobernado alguno a pesar de que evidentemente tiene matices contrarios a nuestra Carta Magna.

Aunado a esta aberración jurídica, no quedan tan claros los alcances de la sentencia en el sentido de que ya no podría ser impugnada por los argumentos estudiados, pero sí se podría atacar por otros gobernados si sus razonamientos jurídicos son diferentes, aun cuando se pudiese inferir del texto del artículo 107, en la fracción VII Bis que se pretende adicionar.

La reforma evidentemente tiene deficiencias técnicas insuperables, ya que de aprobarse implicaría la imposibilidad del gobernado de defenderse contra actos arbitrarios de la autoridad, basados inclusive en leyes contrarias a la Norma Fundamental, pues se exige una mayoría calificada para considerarlas inconstitucionales a pesar de que el Máximo Tribunal por una mayoría distinta las declarara contrarias a la Constitución.

Alcances de la reforma

La reforma traería consigo la necesidad de modificar la Ley de Amparo (LA), dentro de un plazo de seis meses.

En tanto no entren en vigor las reformas a la LA, los juicios contra leyes en materia fiscal que se iniciaran o se encontraran en trámite, continuarían rigiéndose por las disposiciones legales vigentes, a efecto de salvaguardar la garantía de la irretroactividad de las leyes.

Las sentencias surtirían sus efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de un extracto de las mismas en los términos que señale la mencionada Ley.

Otra cuestión grave de estos procedimientos es que en ningún caso sería procedente conceder la suspensión provisional o definitiva del acto, amén de que las decretadas por el Juez de Distrito serían revocadas. Con ello, invariablemente el contribuyente deberá cubrir la contribución impugnada, e incluso si obtiene sentencia favorable no podría solicitar la devolución al no tener la sentencia un efecto retroactivo.

Conclusiones

Es inicuo realizar un estudio de derecho comparado con Estados cuya situación económica, política y cultura es completamente distinta, sobre todo porque en muchos de los países indicados no priva la corrupción de nuestra nación, y existe una verdadera división de poderes.

Además, el sistema de justicia de México carece de la confianza necesaria para llevar a la realidad la reforma.