SCJN discute bursatilización de Sonora

La Corte analiza la legalidad de la busatilización de los ingresos públicos de la entidad; el esquema impuesto por el gobernador Bours no reconoce como deuda pública estos ingresos.
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

El pleno de la SCJN discute la constitucionalidad de la bursatilización de ingresos públicos en Sonora, estado que no reconoce como deuda pública los ingresos fiscales de ese tipo, lo que impide que sean sometidos a revisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si el esquema que puso en marcha el gobernador de la entidad, Eduardo Bours, transgrede principios constitucionales.

Ese modelo aplicado en Sonora se diferencia de otros estados como Aguascalientes, México, Veracruz y Zacatecas, y del Distrito Federal, donde la bursatilización de la deuda es pública y por tanto fiscalizable.

Diputados de la LVIII Legislatura de Sonora promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el decreto emitido por el Ejecutivo local.

Los legisladores consideraron que esa disposición, que derivó en reformas a siete leyes locales, es inconstitucional porque elimina las facultades del Congreso para revisar las cuentas públicas.

Asimismo, en su demanda, señalaron que el llamado Plan Sonora Proyecta va contra la Carta Magna, porque transgrede la división de poderes e invadió la esfera de competencia del Poder Legislativo del Estado, y además las reformas permiten enajenar bienes del dominio público.

Para poner en marcha el esquema de bursatilización de recursos se llevaron a cabo reformas a las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de Acceso a la Información Pública estatal y del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público.

Asimismo se modificaron las normas estatales de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública estatal, la Ley de Deuda Pública y el Código Fiscal.

En el primer día de análisis, los ministros que emitieron su opinión se perfilaron por declarar inconstitucional dicho decreto, pues además de que se afecta a la fiscalización de recursos públicos, permite enajenar a futuro los derechos en el cobro de impuestos, lo que va contra la Constitución.

El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, ponente del proyecto, expresó al inicio de la sesión que el gobierno de Sonora ha insistido en que esta operación ofrece ventajas para sus finanzas, frente a la contratación de un crédito típico, y "ha insistido en que acarrea bondades económicas generosas".

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Detalló que el gobierno de Bours Castelo ha presentado "proyecciones sumamente optimistas para el futuro financiero" y que se les ha hablado a los ministros de las bondades obtenidas por otros estados y municipios por haber efectuado operaciones semejantes.

 

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