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Diputados podrían retrasar análisis

La Cámara baja aún no instala las comisiones que revisarán el proyecto económico para el 2010; esto postergaría su evaluación, el tiempo es corto y el límite de aprobación el 20 de octubre.
vie 18 septiembre 2009 06:15 AM
San Lázaro aún trabaja sin comisiones ordinarias (Foto: Notimex)
diputados

La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados tiene poco más de un mes para aprobar la Ley de Ingresos, donde se propuso, entre otros, la creación del impuesto del 2% a las ventas para combatir la pobreza, y los trabajos en las Comisiones aún no han iniciado su revisión, lo que podría retrasar su análisis, coincidieron expertos. La Cámara baja tiene hasta el 20 de octubre próximo para aprobar la Ley de Ingresos y el Senado hasta el 31 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de noviembre por parte de la Cámara de Diputados.

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como las otras 47 comisiones ordinarias, tienen que estar conformadas con su presidente, secretario y demás integrantes -hasta 30 diputados- antes de que finalice septiembre.

Sin embargo, las comisiones de Hacienda y Presupuesto son las únicas que pueden tener más de 30 miembros, según lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General.

"Lo que va a suceder y sobre todo en un año de crisis como éste es que el tiempo de revisión de las propuestas podría no alcanzar, y si de por sí andan presentando peticiones del último momento, pues sin duda podría generar una ventana de tiempo donde se pierda la oportunidad de realizar una buena elaboración de presupuesto, en un tiempo como este donde necesitamos de una mayor eficiencia", dijo en entrevista el catedrático del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz.

En esta ocasión, la conformación de la Cámara de Diputados dará al Partido Revolucionario Institucional (PRI), primera minoría, un total de 21 comisiones a presidir con sus 237 legisladores, según su proporcionalidad.

A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN), con sus 142 diputaciones ganadas tienen derecho a 12 comisiones, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 21 diputados le toca liderar 6 comisiones.

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Tanto el PRI como el PAN buscarán dirigir las comisiones de Hacienda y Presupuesto, donde ya suenan varios nombres para estos puestos entre los que destacan los de Luis Videgaray y Mario Alberto Becerra.

"Sí es cuestionable y puede demeritar en el análisis en que en este momento no estén conformadas estas comisiones máxime que (algunos diputados) necesitan asesoría" al no estar familiarizados con estos temas, dijo el director de la Escuela de Economía de la Universidad Panamericana (UP), Gabriel Pérez del Peral.

Partidos fijan postura

Aunque las Comisiones aún no se hayan conformado, los Grupos Parlamentarios del PRI y PRD en San Lázaro, principales oposiciones del partido en el Gobierno, fijaron ya su postura en contra de la iniciativa de Ley de Ingresos, presentada la semana pasada por el Ejecutivo Federal.

Las críticas al proyecto se han centrado en la incorporación de la Contribución para el Combate a la Pobreza, un impuesto que gravaría con una tasa del 2% a todas las ventas de bienes y servicios.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, defendió esta semana su propuesta y mencionó que una gran mayoría de los mexicanos avalan este impuesto, si es dirigido al combate a la pobreza, según varias encuestas que no precisó su origen o resultados.

A su vez, el paquete económico contempla gravar a las telecomunicaciones o incrementar la tasa en productos como cigarros, cervezas, licores entre otros.

"Esta semana tendría que ser el plazo máximo para que se conformen las comisiones para que la próxima semana se inicie su análisis", dijo Pérez.

El Gobierno, al frente de Felipe Calderón, ha dicho que no tiene un "plan B" para debatir en el Congreso, mientras que los diputados han mencionado que se podría plantear una ampliación del déficit -que se prevé en 0.5% del PIB- y una mayor reducción del gasto público, medida que prevé la eliminación de tres secretarías y el despido de 10,000 burócratas.

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