México ante el reto del ‘poder de facto’

Las grandes empresas dominantes permanecen intactas mientras hay un avance democrático: expertos; el país mantiene un crecimiento mediocre por los monopolios y oligopolios.
Competencia  (Foto: Jupiter Images)
José Manuel Martínez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Mientras el proceso democrático logra avances en ciertas instituciones como la presidencia y el Congreso, los "poderes de facto" como algunas empresas, sindicatos incluso la economía informal se mantienen sin cambio, incluso son intocables, lo que frena la competencia y el desarrollo económico, coinciden expertos.

La economía mexicana registra la mayor caída en este año respecto a países de similar desarrollo en la región de Latinoamérica y de otros continentes, principalmente por la dependencia de la economía estadounidense, pero por una estructura deficiente para la competencia económica que cuando llegue la recuperación para el país no será sostenible.

"Vean ustedes la industria bancaria monopolizada de México que no le de préstamo a los negocios pequeños, no es igual que en los Estados Unidos", ejemplificó Daron Acemoglu, profesor del Instituto Tecnológico de Masachusetts.

En México las ventas de sólo 500 de las empresas más importantes equivalen al 73% del Producto Interno Bruto nacional, según el último ranking de la revista Expansión, el resto de las unidades económicas, unas tres millones, tienen una participación mínima en la generación e riqueza.

El principal problema es que las instituciones mexicanas carecen de eficiencia y fortaleza para hacer cumplir las leyes y dependen de quienes detentan el poder.

"México sigue copado por el poder de grupos que sin ninguna investidura tienen el poder para imponer o modificar las decisiones que afectan el interés público" dijo Amparo Casar, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

No se trata solamente de la acumulación de la riqueza, explicó, sino que la forma de reproducir esa riqueza atenta en términos económicos contra la competitividad, los intereses de los consumidores, el bienestar de la población y, en términos políticos, contra la igualdad, la transparencia la democracia y la legalidad.

Estas críticas calaron al presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, agrupación en la que se encuentran los ejecutivos de al menos las 30 empresas más grandes del país como Alfa, FEMSA, Grupo Modelo, Kimberly Clark y Televisa, entre otras.

Cuando se le preguntó a González qué políticas de competencia son necesarias ante el ‘poder fáctico' que representan algunas corporaciones, simplemente nos dio la espalda.

El presidente Felipe Calderón se comprometió a presentar una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica cuya Comisión (CFC) preside Eduardo Pérez Motta, quien afirma que la ley antimonopolios está en el papel, pero el organismo carece de sanciones máximas para contrarrestar las ganancias ilegales de una práctica monopólica.

La CFC ha declarado dominante a empresas de telecomunicaciones como Telmex, o multado a firmas como Cemex, pero sus sanciones no han prosperado ni en el pago de multas ni en nuevas regulaciones que incrementen la competencia.

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Las principales marcas de cerveza, pan, harina, telecomunicaciones, y cemento, entre otros productos, pertenecen a un puñado de empresas en el país.

"Los mercados  con una regulación mínima pueden crear un comportamiento oportunista y la preocupación de las grandes firmas será que se puedan autorregular", dijo Acemoglu, al participar en el foro Desafíos de la Competitividad, organizado por el CIDE y auspiciado por el Consejo de Hombres de Negocios.

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