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Hacienda justifica alza de impuestos

La secretaría sostuvo que el costo de no incrementar los recursos por la vía tributaria sería mayor; indicó que el deterioro de las finanzas públicas ahuyentaría el capital, frenando la inversión.
dom 27 septiembre 2009 04:47 PM
Las tiendas minoristas registraron una mejoría en el consumo. (Foto: AP)
ventas-minoristas-AP.jpg (Foto: AP)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que el costo de no incrementar los recursos gubernamentales por la vía tributaria sería mayor, y aclaró que México no es el único país que ha propuesto un alza de impuestos.

"El deterioro de las finanzas públicas definitivamente ahuyentaría el capital, frenando la inversión, el crecimiento económico y perjudicando aún más el empleo", expone a la pregunta de si es un error proponer un aumento de impuestos en plena crisis económica.    En el Informe Semana de su Vocería, precisa que la realidad mexicana no es tan simple. "El costo de no hacerlo (incrementar por la vía tributaria los recursos gubernamentales) sería mucho mayor", advierte.

Para la dependencia, "el error radica precisamente en no reconocer la complicada situación fiscal de nuestro país y sus consecuencias".

Además, precisa, la propuesta es integral, ya que permite ir sentando poco a poco las bases de una política de mayores ingresos no petroleros del sector público, que sean permanentes y que estén sustentados en pilares sólidos, en un esquema donde se dependa cada vez menos de los volátiles ingresos petroleros.

En la nota informativa "Preguntas y respuestas sobre el paquete económico para 2010", expuso que la situación de las finanzas públicas en México es distinta a la de otras naciones, pues el nivel de recaudación ha sido históricamente bajo.

Por otro lado, México no es el único país que ha propuesto un alza de impuestos, también lo han hecho recientemente países como China, Irlanda, Lituania, Reino Unido, Argentina y España.

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Sobre los beneficios de la Contribución para el Combate a la Pobreza, propuesta en el paquete económico para 2010, destaca que el destino de los recursos que se obtengan será focalizado para ese fin.

Esto permitirá aumentar en 800 mil los beneficiarios del Programa Oportunidades, alcanzando por primera vez a los pobres urbanos, además de elevar el presupuesto de programas como el Seguro Popular, Comunidades Saludables, Caravanas de salud, Empleo Temporal y Albergues Escolares Indígenas, entre otros.

Argumenta que este es un impuesto progresivo: pagan más quienes más tienen. La mayor parte de la recaudación provendrá de los contribuyentes con mayores ingresos.

Los que menos tienen recibirán, vía gasto, 10 pesos por cada peso pagado por este nuevo impuesto, lo que significa una altísima rentabilidad social. Se les cobrará poco y se les regresará mucho, agrega.

Este nuevo impuesto, que gravaría con 2.0% la venta de todos los bienes y servicios, contribuirá a ampliar aún más la base tributaria, y que en los últimos años pasó de siete a 24 millones de contribuyentes.

Por otra parte, afirma que recurrir a un déficit mayor al propuesto para 2010, que es temporal y moderado de 60 mil millones de pesos equivalente al 0.5% del PIB, significaría el riesgo de una crisis de confianza que a nadie beneficiaría.

En el contexto actual de una caída permanente de ingresos, como son los petroleros, y ante la baja recaudación fiscal en el país, proponer un mayor endeudamiento sin tener asegurados los recursos futuros para pagarlo implicaría poner en riesgo las finanzas públicas.

Un déficit elevado inhibe el crecimiento, pues en la práctica se traduce en un desplazamiento de la inversión privada porque el gobierno, al absorber mayores recursos de los mercados de deuda, deja menos recursos disponibles y más caros para las familias y las empresas, reduciendo las posibilidades de consumo e inversión.

Además, alerta, un mayor endeudamiento pondría en riesgo la actual calificación crediticia (ya algunas agencias calificadoras revisaron la perspectiva de la calificación soberana de México a "negativa"), que en los últimos años ha permitido al gobierno y a las empresas del país acceder a un financiamiento más barato.

 

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