RENAUT, aplicar la ley y dar seguridad

En días pasados comenté, refiriéndome al controvertido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), sobre la necesidad de tomar conciencia respecto del objetivo para el cual fue creado: tratar de abatir la delincuencia organizada. (CNNExpansión.com, 23 de marzo de 2009, "RENAUT, necesario contra la delincuencia"). Opinaba que el Registro había sido criticado, aduciendo las perdidas millonarias para las empresas de telefonía móvil y una supuesta inconformidad social de buena parte de la ciudadanía por registrar sus líneas y aparatos de comunicación.

Entiendo la molestia de las empresas, pues a ellas no les conviene el registro, desde el momento mismo en que generarán menos utilidades al dejar de percibir buena parte de los ingresos que les corresponden por los muchos miles, si no millones, de líneas telefónicas móviles utilizadas por la delincuencia organizada para lograr sus actividades ilícitas. Comprendo que su lógica financiera las llame a evitar la afectación que conllevaría obligarles al cumplimiento de la medida. Pero también deberían de reconocer la responsabilidad social que les corresponde al cumplir con la ley en tiempo y forma.

Lo que no puede, ni debe encontrar justificación alguna es le renuencia de los ciudadanos honestos para registrar su línea telefónica móvil. Desde luego, es claro que los delincuentes se opondrán a la medida ¿pero y los demás? La mayoría hemos sido, somos y muy probablemente seremos víctimas del hampa mexicano ¿por qué ayudamos a los delincuentes insistiendo en no registrar nuestros teléfonos móviles?

Los pretextos de algunos ciudadanos se han centrado en aducir que las autoridades no son confiables y, por lo tanto, nos preocupamos por el destino de la información que les proporcionemos. Es injustificado el argumento pues, al margen de la ineficiencia que pueda tener el gobierno para manejar los datos a registrar, la verdad de las cosas es que la información que debemos manifestar al Registro ya se encuentra en poder del gobierno desde hace años: la información contenida en la credencial de elector (incluida la huella digital de cada uno de nosotros), la Clave Única del Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio.

La diferencia es que, con el registro, los datos personales con que ya cuenta el gobierno de cada uno de nosotros, se relacionará directamente con la línea y aparato telefónico móvil que contratemos, permitiendo identificar, en caso de un ilícito, quien es el usuario de cada teléfono e identificarlo.

Hace apenas unos días arrestaron a una pequeña banda de secuestradores, de los que operan todos los días en México y proliferan en nuestro territorio. Tenían en su poder, ni más ni menos, ¡59 celulares! utilizados como medio de comunicación para sus crímenes. Apuesto lo que sea a que ninguno de ellos estaba registrado. Gracias a los señores diputados, muchos miles o millones  de teléfonos como esos seguirán funcionando en la más descarada impunidad.

Parece inevitable la prórroga al término para el registro. La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, a través de su presidente, el priísta José Adán Ignacio Rubí, señaló que con la medida se evitarán afectaciones sociales y económicas a los usuarios de telefonía, a quienes se les iba a suspender el servicio si no se registraban antes del 10 de abril.

Por mi parte le pediría a los señores diputados que si quieren evitar afectaciones sociales y económicas mejor apliquen la ley y no busquen apoyar propuestas para no hacerlo. Creo que es más grave la "afectación social y económica" que resentimos todos con la delincuencia, frente a la que, eventualmente, pudieran sufrir las personas que no registren su teléfono móvil. Además, basta que registren su línea para terminar con el problema. Es una obligación legal hacerlo y tienen tiempo para ello. Basta de pretextos.

Parece que, una vez más, los intereses económicos de las grandes empresas se anteponen a las necesidades y los reclamos sociales. Si las telefónicas dejan de ganar dinero con la medida, no solo será su problema, sino su culpa. Las compañías del ramo, según el decreto que creó el RENAUT,  debieron realizar una campaña publicitaria, dirigida a sus clientes, para informar a todos los usuarios de la obligación y medios para registrar sus teléfonos. No lo hicieron debidamente y ahora deben pagar las consecuencias de su negligencia. Esperemos, por el bien de todos los ciudadanos honestos de este país, que la prórroga concedida por los señores diputados sea la última y que, además de ampliar el plazo de registro, contenga fuertes sanciones económicas a las empresas telefónicas negligentes en efectuar la labor informativa que por ley les corresponde.

Por nuestra parte, los ciudadanos debemos reconocer la parte de responsabilidad que nos toca, registrando nuestros aparatos telefónicos sin chistar. A los diputados les toca asumir su responsabilidad por otorgar una prórroga a los delincuentes para que puedan seguir operando libremente sus ilegales llamadas telefónicas, con el único ánimo proteger los intereses económicos de las empresas afectadas.

El autor es catedrático de postgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, doctorando, autor de diversos libros jurídicos y abogado litigante en asuntos civiles y mercantiles.

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