Las calificadoras, con la soga al cuello

Algunos legisladores en EU quieren que las agencias sean más responsables por sus calificaciones; las opiniones de firmas como S&P y Moody’s se ven cada vez más comprometidas.
california edmund brown abogado moodys  (Foto: CNN)
Ken Stier

La soga legal se está apretando alrededor del cuello de las agencias calificadoras de crédito, tanto por prácticas pasadas como futuras. Tan sólo la semana pasada, la decisión de un juzgado federal autorizó mayores investigaciones sobre un caso de fraude contra Moody's y Standard & Poor's (S&P), pues las declaraciones de los acusados, al decir que sus evaluaciones eran meramente una opinión editorial, y por lo tanto estaban protegidos por la Primera Enmienda de la constitución de los Estados Unidos, fueron desestimadas.

Este caso en particular, en el que los demandantes levantaron cargos por la denominación de "fondo de inversión con la menor duración AAA en la historia de las finanzas corporativas", es sólo una de la docena de demandas de inversionistas que está llegando a los juzgados. Las otros son California, por ejemplo, que está pidiendo una compensación de 1,000 millones de dólares. 

En el Congreso, la preparación de una propuesta de ley para una reforma financiera puede aumentar su responsabilidad y competencia, a menos que las agencias muestren un informe legal adecuado. Al bajar los estándares de responsabilidad a negligencia bruta, como lo hace actualmente la propuesta de ley de Barney Frank, "las agencias crediticias podrían salir de sus financias estructuradas", advierte John Coffee Jr, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, y experto en la materia. Cualquier nueva responsabilidad que el Congreso fije en el discurso de las agencias podría refutarse hasta llegar a la Suprema Corte, que es a donde el sector prometió llegar de ser necesario.

A pesar de la absorbente necesidad por disuadir al sistema de evaluación de bonos, no queda claro que las medidas que tome el Congreso vayan a ser la solución; de hecho, muchos temen que este desastre se complique aún más justo cuando tienen la oportunidad de arreglarlo.

Cómo el aumento de las fotocopiadoras ocasionó la caída del modelo calificador.

El conflicto de intereses inherente al sistema actual es uno en el que el emisor paga por el modelo calificador, junto con el hecho de que gran parte del negocio proviene de muy pocos clientes, lo que deja a las agencias temerosas de que algunos de ellos se alejen.

Originalmente, las calificaciones eran un modelo "que pagaba el inversionista". Fue durante el aumento de la fotocopiadora lo que facilitó el intercambio de expectativas entre inversionistas, y amenazó los ya delgados márgenes del sector. Después de cambiar a un modelo donde el emisor paga, el sistema se manejó razonablemente bien, hasta que las agencias cayeron bajo el embrujo de los valores respaldados por activos subprime de dinero fácil, y de todos sus instrumentos financieros de destrucción masiva.

Cómo los aseguradores son dueños de las agencias calificadoras

La diferencia clave fue que antes del auge de las hipotecas subprime, ningún emisor era mayor al 1% de los ingresos de las agencias calificadoras de crédito. Durante la burbuja, siete u ocho aseguradores importantes dominaron el montón de ingresos de agencias (en el caso de Lehman Brothers, hasta 15% del negocio). En los años pico, Moody's y S&P calificaron más de 10,000 valores RMBS cada uno, por lo que cobraron desde 50,000 hasta más de un millón de dólares. Entre 2000 y 2007, sus márgenes operativos registraron un promedio de 53%, superando por mucho los márgenes de Exxon (17%) y Microsoft (36%) durante el mismo periodo. Entonces engordaron. Para 2007, S&P derivó 48% de sus ingresos totales en su nueva línea de negocios.

La imagen del deterioro moral salió a la luz, en un asombroso informe detallado que contiene testimonios y un tesoro de documentos (581 páginas hasta el momento, eventualmente miles), que fueron presentadas al Subcomité de Investigaciones Permanente del Senado el viernes pasado. Como Moody's lo describió, una política de la compañía era no comprometer nada controversial en papel o por correo electrónico. La única excepción fue el singular enfoque de la empresa en cuanto a la participación en el mercado. Los correos electrónicos a los directores administrativos detallaría con regularidad la participación en el mercado de los departamentos, y se esperaba que los gestores justificaran todos los acuerdos "faltantes" que no estaban calificados que podrían haber contribuido a una caída en la participación en el mercado. La forma más sencilla de mantener o impulsar la participación en el mercado era bajando los estándares crediticios.

Eric Kolchinsky, director administrativo a cargo de los CDO subprime en Moody's, se opuso. Pero la presión por mantener la participación en el mercado continuó, incluso después de que las agencias calificadoras comenzaran las aseguraciones masivas sin precedentes, alcanzando 1.9 billones de dólares en cerca de seis meses hasta mediados de 2008. "A pesar de los errores masivos manifestados en las calificaciones asignadas a los valores financieros estructurados y la implosión del mercado que veíamos, me pareció que mi gestor estaba más preocupado por perder algunos puntos de participación en el mercado que en violar la ley", dijo al Senado. Pronto fue degradado por sus reparos, y dice que fue por represalias.

Este es el terreno fértil en el que el supuesto fraude se llevó a cabo. Las demandas de los inversionistas alegan que el fraude en sí ocurrió con las asunciones irrazonables que se hicieron en las calificaciones, en particular, sobre las tasas con moras y las correlaciones, explicó Patrick Daniels, abogado en Robbins Geller Rudman & Dowd, quien representa a los demandantes en el caso llamado Rhinebridge, en el que la jueza Shira Scheindlin permitió que el caso prosiguiera. Daniels alega que Moody's y S&P se coludieron con los bancos de inversión bendiciendo sus bonos con calificaciones imprecisas y poco meritorias, aspectos necesarios para que los bancos pudieran vender dichos valores. Ésta es una de media docena de otros casos relacionados en los que trabaja el despacho; ganó una resolución similar en septiembre pasado con la misma jueza, quien es digna de respeto.

"El progreso en esta área se ve en los juzgados, donde los jueces son menos susceptibles, incluso inmunes, a la presión política", dijo Daniels. "Los juzgados no están políticamente anestesiados, y no han sido callados como lo han sido los reguladores; así es como funciona, y gracias a Dios que los jueces en el Distrito Sur y en otros lados pueden ver a través de eso".

Coffee favorece el aumento de la exposición de responsabilidad de las agencias calificadoras;  Sarbanes Oxley ha sido duro con sus contadores pero ha reducido dramáticamente las reafirmaciones de los informes financieros, pero piensa que los daños serán limitados a 50 millones de dólares, lo que probablemente producirá acuerdos de cerca de 20 millones de dólares, pues las agencias crediticias no están capitalizadas para soportar pérdidas de cientos de millones de dólares. Esto significa que el intento será disuasivo más que para lograr una compensación a los inversionistas que perdieron cientos de miles de millones de dólares. Daniels llamó a esto un "suicidio financiero", pero eso fue cuando era parte del equipo que ganó una demanda colectiva por 7,500 millones de dólares por parte de Enron, que las agencias mantuvieron con una calificación en calidad de inversión hasta días antes de su colapso.

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