Imperativo frenar el lavado de dinero

Hacienda y la PGR deben fortalecer sus sistemas de investigación financiera, dice Mireille Roccatti; las cifras de decomisos son irrisorias en comparación a lo incautado a la mafia en Italia.
lavado dinero  (Foto: Jupiter Images)
Mireille Roccatti *
CIUDAD DE MÉXICO -

Las acciones en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada deben ser replanteadas y priorizarse las acciones firmes y enérgicas en contra del blanqueo de capitales de origen ilícito. El replanteamiento de la estrategia, no supone abandonar las acciones tendentes a destruir la logística operativa de las bandas delincuenciales, sino poner el énfasis en desmontar las redes de protección y complicidad de autoridades policíacas de todo tipo, así como de políticos, comerciantes  y empresarios y, sobre todo privilegiar la destrucción de los eslabones de complicidad en el lavado de dinero.

La crisis de seguridad pública ubicada en el vértice del escenario público nacional desde el inicio de la presente administración federal, ha ido escalando de tal manera que la percepción ciudadana respecto de ir ganando la guerra, como ha sido denominado, es cada vez más exigua. En este terreno, no debe haber concesiones, el Estado debe prevalecer y lo hará frente a la fuerza de la delincuencia organizada que lo desafía. Nadie está pidiendo que el Estado se retire o se rinda.

Lo que se plantea es que funcione con agilidad y eficiencia la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se fortalezcan las acciones contra  el blanqueo de dinero que debe ejecutar la Fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR). En tanto no se interrumpa el flujo financiero de la delincuencia organizada, ésta podrá seguir pagando ejércitos de sicarios y absorber las perdidas coyunturales.

Las cifras son elocuentes, en 2009, sólo se decomisó 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos, lo que resulta irrisorio si se compara con los 10 mil millones de dólares  que en ese mismo periodo se decomisaron a las mafias en Italia, y lo es más aún, cuando se calcula que las ganancias anuales de este ilícito en nuestro País,  son del orden de 40 mil millones de dólares.   

Conviene recordar que México suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida como Convención de Palermo, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000. La Convención de Palermo obliga al Estado mexicano a combatir la corrupción, mantener la asistencia judicial recíproca con otras naciones, legislar sobre extradición y protección a testigos y no invocar el secreto bancario cuando se solicite información financiera.

Estas disposiciones cobran especial relevancia, ya que van encaminadas a que los estados proporcionen la asistencia jurídica internacional en las investigaciones relacionadas con la delincuencia trasnacional. Es un instrumento que obliga a las naciones signantes, y México lo es, a omitir el secreto bancario en investigaciones sobre corrupción y blanqueo de dinero y que facilita las extradiciones.

La Convención también contempla que cada estado establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos e instituciones financieras no bancarias, y cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero. Se insiste en requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de transacciones sospechosas.

Asimismo, la posibilidad de crear un organismo de "inteligencia financiera" que sirva como centro nacional de recopilación, análisis y difusión de datos e información sobre presuntas actividades de blanqueo de dinero, así como, establecer medidas que incluyan  la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de tí­tulos negociables.

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Los acontecimientos recientes han puesto a  prueba al Estado mexicano, su seguridad pública y la vigencia de los derechos humanos. Conviene recordar que uno de los deberes primordiales de un Estado que vive en democracia es el de proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos; adoptando medidas para prevenir cualquier abuso de poder. Nadie puede estar por encima de la Ley.

* La autora es doctora en Derecho por la UNAM y es profesora-investigadora en la EGAP del Tecnológico de Monterrey. Ha sido Jueza Penal y Magistrada Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fue Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Asesora del Procurador General de la República, Fiscal Especial para el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y  Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México.

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