La reforma financiera de EU, a detalle
La versión final de la reforma a Wall Street aprobada por el Senado estadounidense, de cerca de 1,600 páginas , le da un repaso a las regulaciones que rigen al sector financiero.
Con el propósito de prevenir futuras crisis, el proyecto establece una nueva agencia de protección al consumidor, instituye nuevas reglas para los productos financieros complejos y crea un nuevo procedimiento para que el gobierno asuma el control de entidades financieras colapsadas.
A continuación el desglose de las medidas clave presentes en la legislación senatorial:
Disposiciones para las firmas "demasiado grandes para quebrar": Crea un nuevo proceso para desmantelar grandes firmas financieras, muy parecido a los poderes que tiene la Corporación Federal de Seguro de Depósitos para cerrar a los bancos colapsados. Los bancos serían gravados para pagar la disolución de los bancos tras el colapso. Asimismo, la Reserva Federal podría otorgar préstamos de emergencia únicamente a los bancos que, por lo demás, tienen salud y sólo necesitan crédito.
Desmantelar bancos: Las autoridades reguladores ahora tienen más poderes para disolver aquellas compañías financieras que han crecido demasiado y representan un peligro para la estabilidad del sistema financiero.
Nuevo organismo para el consumidor: Establece una nueva Agencia independiente de Protección al Usuario de Servicios Financieros dentro de la Reserva Federal. Los impuestos cobrados a los bancos financiarán la agencia, que establecerá reglas para poner freno a las prácticas injustas en préstamos y tarjetas de crédito.
Mayor vigilancia: Crea un nuevo consejo de supervisión que alertará sobre importantes problemas en grandes firmas financieras. El Departamento del Tesoro tendrá un papel clave al imponer regulaciones más estrictas a grandes firmes y vigilar a las que supongan un riesgo sistémico. El consejo también tiene poder de veto sobre nuevas regulaciones propuestas por la nueva agencia de protección al consumidor.
Regulación de derivados: Tentativas de transparentar complejos productos financieros denominados derivados, señalados por muchos como los culpables del derrumbe de AIG y de Lehman Brothers. La mayoría de los derivados deberán comprarse y venderse a través de cámaras de compensación y bolsas. Algunos instrumentos, incluyendo los contratos comerciados por aerolíneas y empresas de agricultura para mitigar riesgos, continuarían sin regulación.
Controlar operaciones riesgosas: Limita la dimensión y alcance de las actividades de inversión de los bancos. Prohíbe que las entidades negocien con sus propias cuentas, aunque le da a los reguladores el poder de modificar la prohibición. También evita que los bancos realicen operaciones con derivados, incluso para las cuentas de sus clientes.
Monitorear a la Reserva Federal: Permite que el Congreso ordene a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno analizar las actividades de la Fed, incluyendo los préstamos que el Banco Central hizo durante la crisis financiera. El Presidente ahora tiene mayores poderes para nombrar a quien dirigirá la Fed de Nueva York. Actualmente, los líderes del sector bancario influyen en este nombramiento.
Injerencia en el pago a ejecutivos: Los accionistas tendrán el derecho de ejercer un voto por poderes no vinculante sobre las bonificaciones y pagos corporativos.
Voz para los accionistas: Los inversionistas tendrán voz en la elección de los contendientes que aparezcan en la lista de votaciones para la junta directiva de una empresa que cotice en bolsa.
Mejorar la calificación financiera: Las agencias que califican títulos deberán revelar sus metodologías. Y estarán más expuestas a denuncias si son imprudentes e ignoran análisis externos e independientes de sus calificaciones. Las agencias perderán su designación oficial en la regulación del gobierno, ahora la Comisión de Valores (SEC) designará un panel mediador que concertará a las agencias calificadoras con las firmas que necesiten evaluar sus títulos, eliminando los conflictos de interés.
Prohibir los "préstamos al mentiroso": La entidad prestamista tendrá que documentar primero los ingresos del prestatario antes de otorgar una hipoteca y verificar la capacidad del deudor para pagar el préstamo.
Obligar a que las firmas "se jueguen algo": Las empresas que vendan valores respaldados con hipotecas deberán retener al menos una participación de un 5% en sus productos, a menos de que los préstamos que los respalden satisfagan nuevos criterios que reduzcan el riesgo.
El significado de la reforma
Desde la pasada primavera el Congreso estadounidense comenzó a esbozar una reforma financiera. La Cámara baja aprobó una versión en diciembre, mientras que el Senado empezó a elaborar borradores de la iniciativa en noviembre.
De acuerdo al Center for Responsive Politics, desde enero de 2009 las entidades financieras han gastado cerca de 600 millones de dólares y han contratado a cientos de ‘lobbystas' para influir en el debate, pues de aprobarse la legislación traería importantes cambios.
Establecería una agencia de protección del consumidor financiero que elaboraría nuevas normativas para proteger a las personas de prácticas abusivas e injustas. Crearía también un nuevo consejo de reguladores que alertaría sobre compañías en riesgo de activar una crisis financiera, eliminaría los rescates estableciendo nuevos procedimientos para desmantelar grandes firmas en quiebra y transparentaría las operaciones con derivados.
Los legisladores republicanos objetaron importantes provisiones de la iniciativa, especialmente aquellas que contemplaban la creación de una agencia para el consumidor y la regulación del mercado de derivados. Si bien apoyaban una mayor protección al consumidor y un mayor control a los instrumentos derivados, argüían que la legislación era demasiado severa en esas áreas.
El senador republicano Richard Shelby, que participó en la confección de ciertas partes de la iniciativa de reforma, dijo el pasado jueves que se trataba de una "nueva y gigantesca burocracia para el consumidor" y era "el sueño hecho realidad de los activistas liberales." Añadió que el proyecto de ley "no escucha a los estadounidenses, promete una excesiva injerencia gubernamental en las transacciones comerciales ordinarias."
Sin embargo, la votación final de la iniciativa cosechó más votos republicanos que las votaciones previas en el Senado. Pero también hubo demócratas que votaron en contra del proyecto, como el senador Russ Feingold de Wisconsin y la senadora Maria Cantwell de Washington, quienes dijeron que no era lo suficientemente agresivo con Wall Street.
¿Qué sigue? Cotejar ambas iniciativas
El Senado deberá designar a 12 miembros (7 demócratas y 5 republicanos) para negociar con la Cámara baja las diferencias que tenga la iniciativa.
Los negociadores nombrados por el Senado planean votar la semana entrante para determinar su posición con respecto a un tema polémico que no se resolvió en la versión final: una propuesta republicana que busca eximir a los concesionarios de autos del ámbito de acción de la nueva agencia de protección del consumidor. La versión de la Cámara baja sí excluye a los concesionarios de esta supervisión, pero el Senado no la incluyó en su texto.
Hay además otros desacuerdos importantes: la iniciativa del Senado limita la dimensión y alcance de las actividades de inversión de los bancos, prohibiendo que posean fondos hedge y comercien con sus propias cuentas. También incluye una medida controvertida que les impide realizar operaciones con derivados. La iniciativa de la Cámara baja, por su parte, no contempla tales limitaciones para las actividades bancarias.
Además, aunque ambas versiones de la iniciativa proponen crear un consejo de reguladores para monitorear a los grandes bancos de Wall Street, el Senado le asigna esa responsabilidad al Secretario del Tesoro, mientras que la Cámara baja sugiere que sea el presidente de la Fed quien forme el consejo.
"Las dos iniciativas son muy parecidas, y la Cámara baja está lista para discutir los temas pendientes. Confío que muy pronto tendremos lista una iniciativa para que la firme el presidente Obama" declaró Barney Frank, presidente de Servicios Financieros de la Cámara.