¿La reforma en EU evitará otra crisis?

Las nuevas leyes financieras buscan hacer cambios en préstamos, calificadoras y bancos; analizamos si los cambios propuestos ayudarán a evitar los errores cometidos un par de años atrás.
obama barack reforma financiera 1  (Foto: CNN)
David Goldman
NUEVA YORK -

El 15 de septiembre de 2008, Estados Unidos presenció su peor crisis financiera en generaciones.

Dos años y miles de páginas de legislaciones después, aún no queda claro si el Gobierno de Estados Unidos ya encontró la forma de prevenir que ocurra un colapso similar. El Senado estadounidense aprobó una propuesta de ley de reforma financiera el jueves pasado, que pretende detener crisis futuras antes de que comiencen.

Esta ley atiende varias causas principales, como prácticas de préstamos alocadas, apuestas riesgosas por parte de los bancos, calificadores de crédito inflados al evaluar activos basura, y una incapacidad para reducir el número de instituciones financieras que están fracasando.

¿Esto va a prevenir la próxima crisis? Incluso quienes proponen la legislación saben que hay posibilidades de que no sea así. La ley del Senado (y una medida similar por parte de la Cámara) harán mucho por volver más seguros a los mercados financieros y para arreglar varios de los problemas que han surgido. Pero aún le falta hacer los cambios fundamentales sobre la forma en la que las instituciones financieras hacen negocios.

Aquí hay un vistazo de lo que ocasionó la crisis financiera en 2008, y cómo pretenden las legislaciones prevenir que estos problemas vuelvan a ocurrir.

Préstamos hipotecarios tóxicos

El problema: Wall Street dio hipotecas a gente que no podía costearlas; algunos prestamistas ni siquiera pedían documentación de ingresos, y otros sólo firmaban préstamos fraudulentos. Los bancos podían hacer una fortuna de préstamos subprime empacando las hipotecas riesgosas y vendiéndolas a otros bancos.

Mientras tanto, los reguladores en Estados Unidos se hicieron de la vista gorda con estas prácticas, y los gigantes hipotecarios respaldados por el Gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, siguieron financiando los préstamos.

El arreglo: el proyecto de ley creará una Oficina de Protección Financiera del Consumidor que hará que los prestamistas creen formularios de apertura claros para los prestatarios de hipotecas. Se eliminarán los llamados "préstamos mentira", y los prestamistas tendrán que documentar los ingresos de los prestatarios para verificar su capacidad para pagar el préstamo.

El veredicto: prohibir el tipo de préstamos que ocasionó la crisis es positivo para el consumidor y para los bancos: los prestatarios sabrán qué están aceptando y los prestamistas realizarán préstamos menos riesgosos. Pero la ley emplea incentivos para lidiar con muchos de los problemas, y varios expertos dicen que desearían que la legislación fuera más allá para obligar a los bancos a realizar préstamos más transparentes.

Los bancos tomaron demasiados riesgos

El problema: los bancos compraron préstamos en problemas, los empacaron con otras hipotecas tóxicas y las vendieron en mercados poco regulados a otras empresas. Las regulaciones laxas implicaban que los bancos no tenían que recaudar suficiente capital para cubrir posibles pérdidas en los derivados. Cuando el valor de esos activos cayó en picada, las empresas se encontraron fuertemente descapitalizadas.

El arreglo: la propuesta de ley obliga a las instituciones financieras a comerciar con derivados en intercambios regulados, y deben tener al menos el 5% del riesgo crediticio en sus balances para dichos valores. Esto prevendrá a los bancos de comerciar derivados e introduce requisitos de capital y liquidez más fuertes en las instituciones financieras grandes. 

El veredicto: el aumento en las regulaciones y los requisitos de capital más fuertes harán que los derivados sean más caros para que sean comprados por las instituciones financieras, y disimular su riesgo será más difícil. Esto hará que las empresas piensen dos veces antes de tomar el riesgo. Pero hay quienes ven una laguna jurídica que permite que algunos derivados sigan siendo comerciados en mercados poco regulados y podrían ser explotados por Wall Street; técnicamente, los bancos pueden seguir comerciando con derivados en sus compañías madre. Los críticos también dicen que la legislación no obliga de forma suficiente a las empresas para que sus participaciones riesgosas sean hechas públicas. 

Las agencias calificadoras pierden su oportunidad

El problema: las agencias calificadoras dieron calificaciones excelentes a los valores que después resultaron ser tóxicos. Los aseguradores también podían comprar los mejores puntajes, lo que daba a las agencias de crédito incentivos para inflar sus calificaciones.

El arreglo: la propuesta de ley hará que las agencias calificadoras den a conocer la metodología de sus evaluaciones, y un panel gubernamental independiente compararía a las agencias calificadoras con empresas que necesitan que sus valores sean evaluados. El Gobierno también permitirá que se demande a las agencias calificadoras si se les descubre que han ignorado análisis independientes.

 El veredicto: si a los bancos no se les permite elegir quién califica sus valores, los calificadores de crédito podrían tener menos incentivos para dar una calificación arbitraria a sus activos. El aumento de las protecciones legales también hará que las agencias calificadoras piensen dos veces antes de otorgar calificaciones infladas artificialmente, pero no queda claro cuál será el resultado potencial si el Gobierno asigna a los calificadores.

El colapso de "las demasiado grandes como para fracasar"

El problema: las instituciones financieras se han vuelto tan grandes y tan interconectadas que su fracaso podría haber causado una caída catastrófica de los mercados. El Gobierno, que no tenía autoridad sobre los bancos de inversión, tuvo que permitir que el gigante de Wall Street, Lehman Brothers, cayera.

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El arreglo: la reforma de ley crea un nuevo proceso para desenrollar a las grandes empresas financieras. La Reserva Federal también podrá realizar préstamos de emergencia a los bancos que necesitan crédito pero que de no ser por eso están en buenas condiciones. Los reguladores tendrán autoridad para deshacer compañías financieras que han crecido demasiado y que amenazan con desestabilizar al sistema financiero.

El veredicto: la autoridad resolutoria en ambas propuestas podría haber creado un desenvolvimiento más ordenado de Lehman, pero los expertos dicen que es poco probable que el gobierno tenga las agallas para dejar caer a un mega-banco. Los enredos sistemáticos fueron el principal problema de dejar caer a Lehman, y su fracaso creó una crisis crediticia cuya compostura tomó años y billones de dólares.

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