Calificadoras ven riesgos por reforma
Las modificaciones propuestas a la Ley del Mercado de Valores (LMV) para endurecer la regulación a las calificadoras de riesgo crediticio en México perjudicaría al público inversionista y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo el director general de Standard & Poor's de México, Víctor Herrera. El cambio sugerido al Artículo 340 establece que la autorización para operar en el país le será retirada a una calificadora cuando ésta emita notas de riesgo que no reflejen las condiciones del mercado ni la calidad crediticia de los valores.
Ello equivaldría a que la CNBV deberá determinar estas condiciones y emitir juicios de valor, lo que la haría responsable en caso de algún error en las calificaciones de riesgo dadas a los emisores de deuda.
"Si esto se aprueba (por el Congreso) la comisión deberá hacer sus propias calificaciones para ver si las nuestras son correctas (...), entonces las calificadoras no tendrían una razón de existir", dijoó el directivo de S&P.
La CNBV no estuvo disponible para comentar sobre el tema.
Estas modificaciones fueron propuestas por el diputado panista Daniel Ávila a raíz de la crisis financiera internacional y del papel que las calificadoras jugaron en la definición de riesgo en algunos sectores, principalmente el hipotecario.
"En México las calificadoras nacen reguladas (...) estamos a favor de cualquier cambio que se haga para mejorar el sistema financiero , pero habrá costos adicionales que tendremos que asumir", señaló por su parte el director General de Fitch Ratings de México, Eugenio López.
Las calificaciones emitidas por estas instituciones son opiniones que sirven de complemento para el análisis que todo inversionista debe tomar, de ahí que las metodologías utilizadas por Moody's, Fitch Ratings de México y S&P sean públicas, aseguraron sus directivos.
En cuanto a la adición del Artículo 340 Bis, Herrera señala inconsistencias graves en cuanto a su redacción y posible aplicación.
Éste señala que la CNBV podrá prohibir la emisión de calificaciones crediticias por un periodo determinado o hasta que se corrija el acto, práctica o motivo de la infracción. También dice que está facultada para prohibir la emisión de calificaciones sobre una emisora por un lapso definido.
Con ello el público inversionista correría el riesgo de dejar de recibir información oportuna en caso de que algún emisor incumpliera con el pago de la deuda, ya que las calificadoras estarían imposibilitadas para emitir estos datos.
"Si dejo de mandar un documento administrativo y me sancionan, bajo esta ley yo no podré enviar ninguna información, no sólo de la emisora por la que me hayan sancionado, sino de todas en general.
"En este caso la misma ley estaría prohibiendo que avisar a los inversionistas, por lo que la responsabilidad recaería sobre la autoridad, quien sería la susceptible del cobro de la deuda", aseguró Víctor Herrera.
El impacto no terminaría en la autoridad, y podría trasladarse al contribuyente en caso de que el inversionista decidiera demandar por incumplimiento al gobierno o a la autoridad hacendaria.
Cuentas claras
En cuanto a la transparencia, el directivo de Fitch Ratings de México aseguró que será posible sólo cuando todos los involucrados se responsabilicen de dar toda la información necesaria y veraz en el proceso.
"En casos como el de Metrofinanciera y Comercial Mexicana se partió del supuesto de que la información emitida era verídica (...), si queremos transparencia tenemos que reconocer el origen de los problemas y asumir responsabilidades", dijo López.
Conflicto de interés
En cuanto al debate generado en el mundo sobre quién debe pagar por el servicio de las calificadoras de riesgo crediticio , Víctor Herrera aseguró que es un tema que debe analizarse con mucha atención por los efectos que puede tener en el pequeño inversionista.
Dijo que en caso de regresar al modelo de suscripción, donde el interesado debe pagar para conocer las calificaciones asignadas a un emisor, los pequeños inversionistas quedarían excluidos al no tener los medios económicos suficientes.
"Solamente las grandes empresas o administradoras podrían pagar el servicio y se crearía una gran desventaja para quien no cuenta con la información que ahora es gratuita", aseguró.
Por su parte el directivo de Fitchs Ratings en México dijo que esta calificadora se aseguró de eliminar este posible conflicto de interés a través de medidas internas más sencillas y encaminadas a la mejora de los análisis.
"Separamos el área analítica del área de negocios y eso nos permitió dar mayores garantías", dijo López.
