En la veda petrolera, el Gobierno manda

La presidencia de Obama lleva la mano en la prohibición para la extracción en el Golfo de México; aunque las firmas pudieron revertir la primera mora, en seguida la administración pudo imponer otra.
derrame bp.jpg  (Foto: CNN)
Shelley DuBois

Los embrollos legales alrededor de la prohibición de perforación en aguas profundas en el Golfo de México distraen de una verdad fundamental: nadie perfora a menos de que la presidencia de Barack Obama lo permita.

La moratoria de seis meses entró en vigor el 28 de mayo luego del derrame de crudo en el Golfo. El Secretario de Interior, Kenneth Salazar, dijo que suspenderían los nuevos contratos de perforación hasta que un comité asignado por el presidente pudiera revisar las regulaciones de seguridad de la perforación en aguas profundas. A menos de que haya retrasos, la revisión estaba prevista para completarse a fines de noviembre, y la moratoria podría entonces levantarse.

Pero el 22 de junio un juez federal revocó la prohibición, y la industria petrolera cantó victoria, pero por muy corto tiempo. El intento del Gobierno por invalidar ese fallo fue rechazado por un Tribunal de Apelaciones el 8 de julio. Así que Salazar recurrió a otra táctica: reformuló la moratoria original y emitió una nueva el 12 de julio, sustituyendo "prohibición" por "suspensión", un término que suena más temporal.

La estrategia de Salazar indica el poder que tiene el Gobierno: no importa cuántas veces un juez revoque la prohibición, la presidencia está dispuesta a emitir otra.

Ceder, pero no mucho

Salazar ha dicho que está dispuesto a revisar nueva información de las compañías respecto a la seguridad. Por lo que podrán obtener un permiso de perforación si asumen también la completa responsabilidad financiera en caso de un incidente, explica Kevin Book, director de investigación en la firma ClearView Energy Partners. Pero nadie hará eso, "ningún presidente ejecutivo apostará la empresa a lo desconocido" agrega Book.

Combatir o no

Las pequeñas empresas de servicios relacionados al sector han emprendido acciones legales, pero las grandes empresas petroleras no están combatiendo al Gobierno en la Corte, incluso cuando están perdiendo un millón de dólares al día al alquilar plataformas petrolíferas inactivas en el Golfo. ¿Por qué están tan pasivas?

Primero, las gigantes petroleras (conocidas como big oil) están reguladas por el Gobierno, no así las compañías de servicios petroleros, como Hornbeck Offshore Services (que transporta trabajadores y suministros a las plataformas marinas). Segundo, comparadas con las firmas de servicios petroleros, las ‘big oil' pueden absorber el costo de una plataforma inactiva. Muchas tienen otros activos fuera del Golfo, mientras que las pequeñas empresas dependen enteramente de sus operaciones locales. Tercero, varias ‘big oil' aducen causas de fuerza mayor (las circunstancias están fuera de su control y no pueden perforar), lo que significa que no tienen que pagar a sus contratistas.

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Dado que las empresas de servicios petroleros tienen más que perder, ellas sí luchan contra la moratoria, explica Book. "Tiene sentido simbólico, pues si no peleas por defender algo, luego es tremendamente difícil quejarte después. Pero es el Gobierno quien tiene la sartén por el mango".

Vale la pena combatir, indica Bill Masterson, legista en gas y petróleo de Kilgore & Kilgore. "Mientras las compañías puedan evitar que la moratoria tome efecto, es de su interés continuar la litigación" apunta. Sin embargo, advierte que litigar contra el Gobierno puede tomar años.

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