Los mineros buscan regresar a Cananea

El sindicato informó que un juez le otorgó una suspensión provisional para continuar con su huelga; tanto Grupo México como la Secretaría del Trabajo desmintieron las afirmaciones del gremio.
mineros  (Foto: Especial)
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El sindicato minero informó el jueves que el juez noveno de Distrito de Sonora le otorgó una suspensión provisional sobre el juicio de amparo que promovió para que sus trabajadores puedan continuar legalmente con la huelga de Cananea, propiedad de Grupo México.

De acuerdo con el organismo, el recurso avala que los mineros retomen el control de la mina, luego de que las fuerzas de seguridad federal la tomaran por la fuerza el pasado 6 de junio.

"Atendiendo al contenido de la suspensión concedida, los trabajadores en huelga tienen pleno derecho de permanecer en las instalaciones de la mina, sin ser perturbados en sus derechos por autoridad alguna", dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Grupo México respondió horas después con un comunicado precisando que es falso que el sindicato haya obtenido un amparo y resaltó que ya no existe un contrato colectivo entre la empresa y los trabajadores sindicalizados

De acuerdo con la compañía, el juez noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, no ha resuelto el tema de amparo para el sindicato minero, puesto que no se ha estudiado el fondo del asunto.

"Desde ahora, (Grupo México) hace responsable al sindicato minero y a los líderes de la sección 65 de cualquier acto de violencia, agresión o daños a sus trabajadores, personal de seguridad o instalaciones", dijo la empresa.

"El juez emitió suspensión provisional, que en sus propios términos, queda claro que no surtirá efecto alguno para la mina que continuará sus trabajos de rehabilitación en forma normal", añadió el comunicado de la empresa.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo avaló que el juez antes mencionado admitió a trámite una demanda de amparo por el desalojo en la mina, pero determinó que la suspensión concedida no surtiría efectos si los actos reclamados ya se habían ejecutado.

"La Secretaría del Trabajo y Previsión Social aclara que es completamente falso que se haya concedido un amparo a dicho sindicato, con relación al conflicto laboral que existía en la mina de Cananea", dijo la dependencia federal.

Además, reiteró que el contrato colectivo entre el sindicato y la empresa ya concluyeron, por lo que los trabajadores ya no tienen más recursos para seguir en huelga.

El sindicato precisó que su huelga es legal, pero cabe recordar que en abril pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dio por terminada la relación laboral entre la empresa y los trabajadores. Con el fallo, la máxima figura judicial del país declaró inexistente la huelga.

El gremio también informó que promovió una demanda de amparo en contra del operativo en el que la fuerza pública federal tomó las instalaciones en supuesto acatamiento de diligencias de Ministerio Público.

El sindicato mencionó en su comunicado que los titulares de las dependencias federales y estatal de seguridad negaron ante el juez de amparo el acto por el cual fueron despojados de la mina.

Cuando se llevó a cabo la recuperación de la mina, Grupo México dijo que emplearía a unos 2,000 trabajadores contratistas para evaluar los daños y ponerla en operación. Cananea fue tomada en 2007 por lo mineros en medio de una huelga en demanda de mejoras en las condiciones de salud y seguridad por parte de la empresa.

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Grupo México y los Gobiernos federal y estatal anunciaron a principios de junio inversiones inmediatas por 2,000 millones de pesos para la reactivación económica de la región de Cananea. La compañía planea reactivar la producción de la mina a finales de este año.

"El sindicato exhorta a la autoridad para que no lesione los derechos de los trabajadores y mucho menos se haga uso de fuerza pública en su contra, ya que únicamente ejercen derechos tutelados por la Constitución General y por un mandamiento de autoridad judicial", dijo el gremio, previendo alguna reacción de la autoridad.

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