Arizona ‘apresada’ por cárceles privadas

El estado fronterizo intenta reducir sus gastos estatales, al dar contratos para abrir reclusorios; su gobernadora quiere privatizarlo todo, pero esto no garantizan la mayor seguridad al menor precio.
prision arizona carcel migrante privada  (Foto: Cortesía Fortune)
D.M. Levine

A principios de este mes, tres asesinos convictos escaparon de una prisión en Kingman, Estados Unidos, un pequeño pueblo al noroeste de Arizona. Según los informes, los internos se fugaron de las instalaciones usando pinzas para cortar alambre. Escaparon de una instalación de seguridad media operada por Management & Training Corp., una compañía privada de correccionales, con base en Utah.

El incidente generó furor político, no por el hecho de que hubiera tres criminales violentos dentro de una prisión de seguridad media, sino por la seguridad de la prisión misma, y por el uso regular de correccionales privadas en el estado de Arizona.

El fiscal general de Arizona, Terry Goddard, demócrata que busca el puesto de gobernador contra la actual gobernadora Janice Brewer, aprovechó la oportunidad para atacar esta situación. "Creo que gran parte del problema es que los internos más violentos, como los tres que escaparon, terminaron siendo reclasificados rápidamente (como criminales de menor riesgo) y fueron enviados a prisiones privadas que no estaban a la altura", dijo Goddard a una estación de noticias local.

En años recientes, la tendencia hacia la privatización, tanto entre gobiernos estatales como a nivel federal, ha sido parte de un intento por atender serios problemas de presupuesto y de prisiones sobresaturadas, buscando el apoyo de más compañías de correccionales privadas.

La estrategia se ha vuelto un gran negocio para los líderes del sector como Corrections Corporation of America, The Geo Group y Cornell Companies, Inc. La semana pasada, The Geo Group y Cornell concretaron una fusión valuada en 730 millones de dólares.

Según la empresa de investigación IBISWorld USA, las correccionales privadas son un sector de 22,700 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual de 4.7% en los últimos cinco años. Mientras que el crecimiento disminuyó de 2009 a 2010, las proyecciones para el mercado siguen siendo optimistas. "La población de las prisiones sigue creciendo a pesar de las condiciones económicas", dijo George Van Horn, analista en IBISWorld.

Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, entre 2000 y 2007, el número de reclusos en instalaciones privadas aumentó cerca de 14%, y cerca de 6% entre 2007 y 2008. Aún así, ni el Gobierno de Estados Unidos, ni ningún otro estado, ha ido tan lejos como Arizona en el tema

El otoño pasado, la gobernadora Brewer firmó una ley pidiendo la privatización de todas las prisiones estatales si un contratista privado hiciera una oferta de 100 millones de dólares. En marzo, la ley fue revocada porque ninguna compañía privada realizó la oferta.

¿Una prisión demasiado lejos?

Pero con los escapes recientes, las autoridades en Arizona y en otros lugares han comenzado a cuestionar el uso de instalaciones correccionales privadas. Cuando la ley de privatización de Arizona fue aprobada, el director de correccionales del estado, Charles L. Ryan, redactó una carta a la gobernadora expresando su preocupación.

"La ley intenta lograr algo que nunca antes ha pasado en el país: privatizar todo el sistema de prisiones del estado. Esta es una política pública erronea", señaló en la carta. "Este escape ha sacado todo a la luz", dijo Goddard. "Una compañía privada tiene un nivel aceptable de pérdidas; en el caso de los delincuentes violentos, no creo que el público deba tolerar ningún incidente de fracasos".

En el centro del uso extenso de instalaciones de correccionales privadas en Estados Unidos se encuentra una promesa de la actividad: costos más bajos para los gobiernos que lo que las instalaciones privadas pueden ofrecer.

"Los estados han tenido situaciones de reto donde han tenido que revisar los costos operativos. Ofrecemos ahorros de entre 5% y 15% o más en comparación con una instalación correccional pública", dijo Damon Hininger, presidente y presidente ejecutivo de la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA por sus siglas en inglés), líder del sector.

Las instalaciones privadas pueden ofrecer estos ahorros, en parte, porque no tienen que lidiar con las fuertes pensiones a los empleados y con las obligaciones salariales que tienen las agencias. 

"Las compañías correccionales privadas pueden pagar sueldos más bajos o menos beneficios, sobre todo en pensiones", dijo John Roman, investigador de The Urban Institute.

Arizona ha probado ser un terreno comprensivo para las prisiones privadas, y menos amigable para los empleados públicos, pues lucha contra déficits de presupuesto significativos.

"Desafortunadamente, los empleados públicos se están apreciando a niveles fuera del mercado con beneficios enormes", dijo John Kavanagh, republicano representante de Arizona que favorece la privatización de las prisiones. También se reveló recientemente que dos de los asesores de la gobernadora de Arizona tienen fuertes relaciones con la CCA.

Las compañías privadas como la CCA también prometen generalmente construir prisiones en 18 a 24 meses, la mitad del tiempo que toma construir una prisión pública, otro atractivo para los gobernadores que luchan por combatir la sobrepoblación en las prisiones.

Los contratistas privados también recortan costos construyendo instalaciones para un estado en otro estado menos costoso. La CCA opera el Centro Correccional Saguaro en Eloy, Arizona, que alberga exclusivamente a presos de Hawai porque la construcción y los costos laborales son más baratos.

¿Aplicación de la ley fuera de prisión?

El fiscal general de Arizona, Goddard, dice que el Departamento de Correccionales de su estado no tiene ninguna supervisión sobre las prisiones que albergan presos de otros estados. "No deben mostrar pruebas de responsabilidad financiera, no tienen que cumplir con los estándares de construcción de Arizona, y no tienen que informarnos de desórdenes. Tanto las capacitaciones como el personal son responsabilidad del operador privado", dijo Goddard. "Hubo un par de prisiones privadas que funcionaban a puertas cerradas y se negaron a permitir que el Departamento de Correccionales entrara".

A pesar de los reclamos de compañías como la CCA, el jurado analiza si las prisiones privadas terminan ahorrando dinero del Gobierno. Una auditoría realizada en Arizona por la compañía de contabilidad MAXIMUS, comparó los costos de instalaciones correccionales públicas y privadas en 2007 y descubrió que, en promedio, las instalaciones privadas ahorraban al estado 5.49 dólares por preso.

Recientemente, un informe del Departamento de Correccionales de Arizona, publicado en febrero de 2010, descubrió que en 2009 estos ahorros se redujeron a 2.75 dólares por preso, y en ciertas instancias, las instalaciones privadas costaban incluso más por día que las prisiones públicas.

"No es certero decir que alguna es mejor que la otra. Hay mucha propaganda", dijo Michel Jacobson, director del Instituto Vera de Justicia, una organización de investigación apartidista.

John Roman, de The Urban Institute, argumenta que en ocasiones las prisiones privadas no cuentan con el incentivo para ayudar a los presos a reincorporarse a la sociedad, lo que ocasiona una tasa mayor de reincidencia (presos que regresan a prisión) y costos mayores para el sistema de prisiones. 

Si la prisión provee servicios de rehabilitación depende del contrato de la compañía con el Gobierno, que está manejado por políticas. "Ofreceremos lo que el cliente público quiera que ofrezcamos", dijo Hayman, de Cornell Companies, la tercera compañía de correccionales privadas más grande en Estados Unidos.

Incluso Hininger, el presidente ejecutivo de la CCA, admite que varios estados están pidiendo una reducción en los servicios de rehabilitación de presos. "Eso tiene un impacto negativo en la reincidencia potencial", dijo Hininger.

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El sector de correccionales privadas ha logrado lidiar con la tormenta económica mejor que varias otras industrias, y está preparándose para lo que considera un futuro lucrativo. La inevitable realidad es que la población de las prisiones en Estados Unidos sigue creciendo, lo que hace que más gobiernos busquen formas creativas para resolver los retos económicos y del sistema de prisiones.

Mientras que la mayoría de los estados no ha ido tan lejos como Arizona, los gobiernos están comenzando a ver de forma más favorable los contratos externos de sus prisiones. Los presidentes ejecutivos como Hyman suenan como hoteleros durante una expansión económica: "no puedo pensar en una industria que tenga tanto potencial de crecimiento, y está guiada por una necesidad de camas".

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