Presupuesto 2011, ¿Eficaz y adecuado?

El Paquete Económico 2011 aprobado por el Congreso de la Unión mantiene l as fi nanzas públicas sanas y sostenibles, al mismo tiempo que promueve la recuperación económica y el desarrollo . Con estas palabras se inicia el comunicado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en donde hace una revisión general sobre el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Si bien en esta ocasión la discusión tuvo menores sobresaltos que lo acontecido en 2009, lo que también se puede afirmar es que ello fue propiciado porque el poder legislativo tiene una muy limitada capacidad para promover propuestas que sean significativamente distintas a lo  presentado por el Gobierno Federal. Básicamente el órgano legislativo carece de áreas técnicas que le permitan construir escenarios macroeconómicos propios y que de igual manera puedan diseñar una asignación presupuestal  diferente.  En este sentido cuando la SHCP muestra su conformidad con la aprobación de los recursos con los que el sector público podrá ejercer sus programas durante el 2011,  lo que implícitamente señala es que está de acuerdo  con la propuesta que la propia SHCP había enviado originalmente, los cambios realizados por los diputados son menores.

Por tanto, las virtudes y limitantes presupuestales que se tienen para 2011 recaerán en el Gobierno Federal, ya que en esta materia la Cámara de Diputados no es un contrapeso real. Evidentemente que las palabras inicialmente citadas llevan a plantear que la perspectiva oficial es positiva, crecimiento y finanzas públicas sanas se encuentran detrás de su argumento. No obstante se deben realizar algunas consideraciones adicionales para matizar dicha perspectiva.

En primera instancia se encuentra el hecho de que la información estadística disponible y los estudios académicos muestran que el impacto  del dinero que el Gobierno tiene sobre el crecimiento económico es mínimo, y que de hecho el gasto corriente, particularmente el del consumo público, afectan  negativamente al bienestar de la población. Dado que dentro del presupuesto programable la parte de servicios personales y los gastos de operación, es decir el gasto corriente, representan cerca del 77%, entonces es difícil sustentar que la erogación del Gobierno tendrá un efecto positivo.

Un segundo elemento a considerar es que el presupuesto en inversión pública, el que si genera un mayor crecimiento económico, generalmente se ejecuta a destiempo.  Adicionalmente no debe olvidarse que la inversión pública no sustituye a la privada, en realidad la complementa, por lo que el aumento en el gasto en infraestructura del Gobierno Federal no tendrá el mismo efecto si antes no se logra reactivar a la parte privada, particularmente la que se realiza en construcción y la cual lleva dos años de vivir un continuo  retroceso. Lamentablemente como en la parte de la Ley de Ingresos aprobada para 2011 no existió la aplicación de una política fiscal que eliminara la convivencia perniciosa del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y con ello elevar la capacidad de inversión privada, difícilmente se tendrá un escenario más positivo para la expansión de las empresas,  y con ello para la generación de empleo.

Como tercer aspecto a resaltar debe mencionarse que el presupuesto tiene un creciente perfil de seguridad pública. Los aumentos a Gobernación, a Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública son algunos de los más elevados, y en donde la justificante es una lucha contra el crimen organizado que aún no rinde frutos palpables para la sociedad.  Los incrementos en educación son positivos, siempre y cuando se garantice que los 230,500 millones de pesos aprobados van a elevar la calidad de la misma, algo difícil de estimar si permanece la misma estructura burocrática que ha llevado al  país al último lugar en pruebas internacionales aplicadas para miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Los 80,000 millones de pesos destinados a Desarrollo Social enfrentan un desafío formidable, fundamentalmente porque el resultado publicado por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en referencia a que la cantidad de niños que viven con problemas de hambre se duplicó entre 2008 y 2009, ha puesto en evidencia que la política social del Gobierno Federal poco puede hacer para atajar esta dificultad cuando en el país no existe crecimiento económico y la creación de empleos bien remunerados que incluyan las prestaciones sociales adecuadas.

Debe resaltarse que con este presupuesto de 3.4 billones de pesos, calificado como histórico por las autoridades, no hay una sola medida que permita estimar que los salarios de los trabajadores se van a incrementar. Lo anterior significa que salvo las transferencias que se realicen a los más pobres, en México seguiremos viviendo una situación negativa: empleos insuficientes, mal pagados, con menor acceso a los sistemas de seguridad social y a una pensión, condenando a una parte de la población a trabajar sin tener contratos por escrito y con una creciente escalada de la economía informal.

Por tanto parece que en la sociedad debemos preguntarnos cuánto nos va a costar lo que hoy festinan las autoridades. En otras palabras, debemos cuestionar hasta qué punto se puede seguir manteniendo una pesada estructura burocrática con un país de bajo crecimiento económico. El presupuesto aprobado es inercial, lo cual refleja que no tiene cambios mayores, por lo que los resultados seguirán siendo los mismos para una economía que depende de la evolución de Estados Unidos y no del desarrollo de sus instituciones y de su mercado interno. Finalmente debemos preguntar ¿Cuál es el compromiso histórico del sector público que ejercerá lo que ellos mismo han calificado como presupuesto histórico? Apuestan por un crecimiento de 3.9% lo cual no tiene nada de espectacular y el cual veremos si son capaces de alcanzar.

El autor es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) del Estado de México.