El registro de celulares es derogado
El Senado aprobó derogar el Renaut, y sancionar con uno a cinco años de prisión y de 1,000 a 10,000 días de multa a empresas de telefonía móvil que no cooperen con las autoridades en la ubicación geográfica de celulares relacionados con delitos.
El senador Rogelio Rueda señaló que con las modificaciones a diversas leyes y códigos federales, en la práctica se deja sin efecto el contenido del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Apuntó que, incluso, se establece un año de plazo, a partir de su aprobación, para que dicho registro desaparezca.
Asimismo, se faculta al Ministerio Público o la autoridad judicial a pedir por simple oficio o vía electrónica, a los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de las comunicaciones relacionadas con ciertos delitos.
Estos ilícitos son el secuestro, extorsión o amenazas e investigaciones sobre crimen organizado, además de que se busca inhibir el robo de celulares y su uso para fines delictivos, especialmente los que se realizan desde las prisiones.
Además, se deroga la obligación, establecida en el Renaut, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus usuarios en todas las modalidades.
Tampoco tendrán la obligación de solicitar, en los casos de contratación móvil, la credencial de votar emitida por el IFE, la CURP, pasaporte o constancia de domicilio oficial.
También se elimina el plazo de un año que se otorga a los concesionarios para cumplir con las obligaciones del registro y control de los usuarios de telefonía móvil, establecidos en el mencionado registro.
Desaparece, además, la obligación de los concesionarios de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido registradas por usuarios, y la Secretaría de Gobernación deberá informar al Congreso del uso de los datos contenidos en el Renaut.
Al hablar a favor del dictamen, el senador Alejandro González Alcocer señaló que los concesionarios tendrán un plazo de 72 horas para entregar la información requerida por la Procuraduría General de la República (PGR) o procuradurías estatales.
A su vez, los usuarios tendrán que aportar datos de los teléfonos que les sean robados, para que se desactiven permanentemente y se evite que sean usados por la delincuencia.
