Legisladores auditarán deuda de estados
Ante el peligroso aumento en la deuda de estados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó realizar auditorías sobre los recursos que contratan las entidades a través de deuda pública.
De 2000 a la fecha, las entidades federativas han dado un salto notable en la administración de sus finanzas, al recurrir cada vez más al financiamiento de su gasto mediante deuda, en lugar de fuentes ordinarias y estables de ingresos públicos, advirtió el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), al presentar un punto de acuerdo que fiscalice estas operaciones.
En este periodo, el promedio de crecimiento real de la deuda acumulado de las entidades federativas fue de 97.9%.
Entre 1993 y 2011, la deuda total registrada de las entidades federativas en la Secretaría de Hacienda pasó de 18,278.2 millones de pesos (mdp) a 315,016.7 mdp, lo que implicó un incremento nominal del 1,623.5%.
En términos reales, el salto en el saldo de la deuda pública local entre 1993 y 2011 es de 202.6%, mientras que con relación al Producto Interno Bruto (PIB) de México, esta evolución significó pasar de 1.20%, en 1993, a 2.32% en 2011.
La limitada flexibilidad presupuesta l de los estados y municipios de México ha encendido las luces de alerta, ya que este factor lleva a las entidades a contratar mayor deuda. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el temor de que algunos de los estados caigan en incumplimiento de pagos aumenta, debido a que el pasivo en el que están incurriendo es a corto plazo y sus ingresos resultan inferiores a sus gastos.
El panorama se complica aún más si los estados deciden no cobrar la tenencia a partir de enero de 2012. Si esto ocurriera, la merma para las finanzas estatales sería de poco más de 25,000 mdp, de acuerdo con estimaciones del Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec).
Además, por lo menos 150,000 mdp de deuda contratada por estados y municipios, fue ocultada por sus respectivos gobiernos en los últimos años, reveló la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.
Al primer trimestre de 2011, las obligaciones financieras de los gobiernos subnacionales ascendieron a 315,000 millones de pesos y "con mucha certeza puedo decir que la Comisión estima que al menos un 50% adicional serían pasivos ocultos, otros 150,000 millones de pesos adicionales", dijo a CNNEXpansión el senador panista Ramón Galindo, presidente de esta comisión.
De acuerdo con el dictamen del punto de acuerdo de los senadores del PAN, a partir de 2001, los gobernadores han recurrido cada vez más a la deuda pública local como su fuente de financiamiento inagotable y no a la generación de ingresos fiscales ordinarios, estables y recurrentes para financiar su gasto público.
En estos 18 años, la deuda pública ha crecido de manera exponencial en 14 estados, entre los que destaca Michoacán, con un crecimiento acumulado de 2,226.5%; Hidalgo, con 2,200%; Puebla en 1,409%; Veracruz, 1,002.5%; Distrito Federal, 855.3%; Nayarit, 513.2%; Coahuila, 488.7%; Nuevo León, 377.7%; Oaxaca, 345.6%; Quintana Roo, 312.1%; Tamaulipas, 283.3%, y el Estado de México, con 142.8%.
Entre el periodo 2000-2011 el promedio de crecimiento de deuda acumulado de las entidades federativas fue de 97.9% real. Durante ese lapso de tiempo, las entidades federativas que incrementaron de manera exagerada su deuda son las siguientes: Veracruz 69,939.9%; Michoacán 3,468.6%; Nayarit 2,451.4%; Hidalgo 1,272.6%, Oaxaca 963%, Zacatecas 843.2%, Quintana Roo 681.3%, Tamaulipas 533.9%, Puebla 507.6% y Coahuila 492.2%. Éstas fueron en términos reales superiores en cinco veces el promedio de todas las entidades federativas en el periodo.
Destaca, de manera particular que en Veracruz -donde se llevó a cabo un proceso electoral el año pasado- la contratación de deuda se incrementó 120% real, hipotecando las participaciones federales o impuestos como la tenencia, situación que hoy en día limita a los ciudadanos veracruzanos en sus posibilidades de acceso al desarrollo social y económico de sus comunidades.
A diferencia de la Federación, en donde se tienen niveles de deuda aceptables y en una proporción óptima respecto a las reservas y a la capacidad de pago -factores que ofrecen estabilidad económica-, los estados del país han recurrido a este instrumento de manera indiscriminada, lo que pone en riesgo la viabilidad de las propias entidades federativas, se destaca en el punto de acuerdo.
La deuda debe tener algún tipo de límites y restricciones legales, de acuerdo con lo planteado por el grupo parlamentario de Acción Nacional el 23 de marzo del presente, fecha en que se presentó una iniciativa que reforma el artículo 117 constitucional con el objeto de regular la deuda pública de los estados y los municipios, la cual también se encuentra pendiente de dictamen en las comisiones legislativas.
Por ello, se insiste, "es necesario que las autoridades encargadas de la fiscalización de los recursos en nuestro país lleven a cabo auditorías sobre los recursos que se utilizan mediante el contrato de deuda, y con ello, velar por la transparencia y el buen uso de los mismos".
Con información de Isabel Mayoral
