Juegos y apuestas, un negocio irregular

La Comisión de Seguridad del Senado retomará esfuerzos para renovar la legislación para el sector; se estima que más de 70% de la gente que se dedica al juego no cumple con la regulación vigente.
casinos  (Foto: CNN)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Luego del atentado en el Casino Royale de Monterrey, que causó la muerte de 53 personas, el Senado de la República buscará aprobar una nueva Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos, afirmó el senador panista Felipe González.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública advirtió que en México hay un desorden en materia de casinos, dado que la ley data de 1947 y, "si bien es cierto que en 2005-2006 se publicó un reglamento, éste nunca puede tener más poder que la misma ley".

El pasado jueves 25 de agosto, al menos seis personas a bordo de dos vehículos perpetraron el ataque en contra del Casino Royale de Monterrey, luego de haber rociado gasolina en sus instalaciones y provocar un incendio.

Este lunes, el Gobierno de Nuevo León dijo que detuvo a cinco personas ligadas con el atentado. El gobernador detalló que una de las líneas de investigación es la posible extorsión o venganza contra los dueños del casino Royale, ya que éstos se habrían negado a pagar una cuota para dejales operar, según lo que manifestaron los detenidos.

Controlar el luego y las apuestas es otra forma de atacar el crimen organizado, dijo, y quedaría solamente la gente que viva de esto y esté invirtiendo legalmente su dinero, indicó en entrevista.

De ahí se deriva, estimó, que aproximadamente más de 70% de quien se dedica al juego no cumple con la Ley, mientrasa que 30% opera de manera regular. "No hay cifras para conocer con exactitud cuántos centros de apuestas hay en México, porque mientras cierra uno, a la vuelta de la esquina ya están abriendo dos, y es increíble la movilidad que tienen".

Por ello, "ya llegó el momento de que exista una regulación, que haya coordinación, vigilancia y control jurídico en esa actividad, porque de acuerdo con los expertos que hemos consultado, nos han dicho que esta área es de las más sensibles para el lavado de dinero".

El senador detalló que si no se controla esta actividad y no existe una supervisión electrónica, tal y como se maneja en otros países, será difícil que empresarios inviertan.

Confía que el problema no quede en el olvido. "Es un momento importante y siento que en muchos lugares de esos se lava dinero; desde ahí se le da cohesión económica al crimen y es el momento de acabar con eso, de proteger a los que estén trabajando legalmente y que sí pagan impuestos y, además, que se acabe con la corrupción".

El SAT, con recursos insuficientes

El también integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores estimó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta con personal ni recursos suficientes para realizar la supervisión. "Si se cobraran los impuestos a esta actividad, de ahí mismo saldría para supervisarla", dijo.

Si no se rompe el círculo vicioso y se hace virtuoso, no habrá posibilidad de que se dé una solución.

Durante viernes y sábado, el SAT realizó un operativo mediante el cual hizo la revisión de 11 casinos proyectados, 8 en Monterrey y 3 en el Distrito Federal. Se revisaron más de 5,000 máquinas de juego y apuestas y más de 3, 500 fueron embargadas a efecto de que se continúe con el procedimiento administrativo en materia aduanera y determinar a través del mismo, su propiedad y legal estancia en el país.

En este sentido, el senador González resaltó que "el SAT nos dice que revisó más de 5,000 máquinas y embargó 3,000; sólo tres puntos: ¿quién nos va a informar en qué acaba la demanda? Porque a lo mejor les van a ganar el pleito y al final terminan regresando las máquinas a quien gane el juicio. Nos deben informar en qué termina esto".

Segundo, "si estamos encontrando miles de máquinas que entraron ilegalmente, cuál fue la aduana que las pasó, o ¿no hay responsabilidades? Y, tercero, cuántas máquinas más hay en el país que hay que quitar. Son tres aspectos con los que presionaremos a la autoridad y que lo exponga a la mayor brevedad posible".

Por otro lado, advirtió que la ludopatía, que ha crecido de manera importante, se debe combatir. Hay personas que han perdido todo su capital, a su familia porque están enfermos, no paran de jugar, y parte de los impuestos que deberían salir de esta actividad no se están utilizando para atender a estas personas con enfermedades muy graves".

"Cuando hicimos la investigación para sacar esta iniciativa, vimos que inclusive hay pequeñas tiendas o locales con máquinas tragamonedas, juegos de habilidad, a las que las que tienen acceso y no están regularizadas. El desorden que se ha dado en esta actividad ha generado una corrupción terrible. Hay inspectores que llegan -municipales estatales- a los que les dan dinero y no hacen nada en contra de esto".

El 24 de marzo de 2011, el senador presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Juegos con apuestas y sorteos, que no ha sido discutida, la cual propone que se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de 10,000 a 100,000 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Las sanciones serán para las personas físicas o morales que operen juegos con apuestas y sorteos prohibidos, que no cuenten con el permiso o autorización correspondiente. Asimismo, a los propietarios, organizadores, gerentes o administradores de cualquier establecimiento abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, o cuenten con máquinas, mecanismos  instrumento o sistemas electrónicos prohibidos o sin autorización o certificación de la Secretaría de Gobernación.

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Asimismo, se aplicarán a los servidores públicos que autoricen juegos prohibidos, protejan de cualquier modo ilegal a los organizadores, operadores o cualquier persona involucrada directamente.

Con relación a la vigencia de los juegos, plantea que para la apertura y operación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números tendrán una vigencia máxima de 10 años.

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