Telefónicas, a delatar criminales
La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, aprobó que las empresas telefónicas estén obligadas a proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) los datos de usuarios que utilicen el servicio con fines delictivos.
El presidente de la Comisión, el priísta José Adán Ignacio Rubí Salazar, consideró que la medida serviría para frenar los altos índices de impunidad en que operan las bandas del crimen organizado en el país.
El documento especifica que la autoridad judicial podrá solicitar la localización geográfica en tiempo real de los equipos fijos o móviles, cuya línea esté asociada con investigaciones sobre delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
Asimismo, al concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que no colabore con las autoridades se le impondrán multas desde 250 a 2,500 días de salario mínimo.
Los concesionarios de telecomunicaciones deberán bloquear de inmediato las líneas reportadas como robadas o extraviadas, y suspender el servicio para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En este contexto, el documento indica que las cárceles contarán con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los centros de readaptación social.
El dictamen reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agregó que el dictamen se presentará ante el pleno en los próximos días para su votación.
