España multará a municipios con déficit
El Gobierno español anunció este viernes una ley que establece multas para cualquier administración pública que incumpla el objetivo de déficit cero, como parte de la disciplina presupuestaria para aliviar la presión de su deuda y cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
La imposición del déficit cero contempla un período transitorio de adaptación y será de obligatorio su cumplimiento a partir del 2020.
La norma se refiere al déficit estructural, es decir, el que no depende del ciclo económico, y podrá sortearse en casos de situaciones excepcionales, catástrofes o grave recesión.
"Estamos ante la reforma que facilita la financiación de la economía de nuestro país para volver cuanto antes al crecimiento", dijo Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en su reunión semanal del gabinete.
"Asegura los servicios públicos básicos de los españoles, además de reafirmar nuestros compromisos con la Unión Europea", explicó.
La ley, que deberá aprobarse en el Parlamento por mayoría absoluta, obliga a las administraciones regionales y ayuntamientos de al menos 20,000 habitantes a aprobar techos de gasto para cumplir la obligación del déficit cero.
En caso de desviarse, deberán bloquear 0.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar el objetivo. Si en el plazo de seis meses no se alcanza la estabilidad, el fondo bloqueado se convertirá en multa económica.
De mantenerse el incumplimiento, una delegación del Gobierno central podrá acudir a la región o ayuntamiento para valorar su situación financiera y hacer un seguimiento de los planes de viabilidad que deberán presentar.
La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria desarrolla la reforma de la Constitución impulsada por el anterior Gobierno socialista , que consagró la obligación de la disciplina fiscal.
La enmienda, aprobada en 2011, contó con el apoyo del Partido Popular, que ganó las elecciones el 20 de noviembre y se comprometió a desarrollar una norma al respecto.
El control del déficit de las 17 autonomías de España y sus ayuntamientos se interpretó como una parte fundamental de las reformas económicas que debía hacer el país para solventar la crisis que ha puesto en duda su solvencia y le ha convertido en objetivo de constantes ataques especulativos de los mercados.
De hecho, la regla del déficit cero es incluso más dura de la que en principio marcó la Unión Europa en el nuevo pacto de convergencia fiscal para salvar el euro, que situó la posibilidad de tener un déficit estructural en 0.5% del PIB.
España cerró 2011 con un déficit público del 8% del PIB y se comprometió con Bruselas a cerrar 2012 en el 4.4%.
