Dinero sucio amenaza campañas políticas

Urge establecer más controles que eviten infiltración del dinero ilegal en partidos, dicen expertos; se requiere que el Congreso apruebe la ley antilavado, que acumula casi 18 meses en discusión.
lavado dinero  (Foto: Thinkstock)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La iniciativa del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobada la semana anterior para blindar las elecciones de recursos de procedencia de actividades ilícitas es un buen paso, pero no suficiente para atajar el brazo financiero del crimen organizado, señalan expertos.

"Es preciso establecer controles uniformes para todos los partidos políticos, que eviten que el dinero ilegal sea infiltrado en las campañas", dice el copresidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero Capítulo México (ACAMS por sus siglas en inglés), Ramón García Gibson.

La intromisión de la delincuencia organizada en las elecciones no se puede ignorar; se vivió en Michoacán y cada vez más en los procesos. Las autoridades electorales y los partidos deben blindarse, dijo el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, en entrevista con CNNMéxico el viernes pasado.

Aunque el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, reconoce avances en materia de lavado de dinero, en el 'Informe de Avance de la Evaluación Mutua de México. Seguimiento Intensificado', dado a conocer a finales de enero pasado, da cuenta de algunas recomendaciones que han sido parcialmente cumplidas por el Gobierno mexicano.

La aprobación de la Ley antilavado de dinero y mayor regulación a centros cambiarios, aseguradoras y Sofomes, son algunos de los puntos de recomendación y énfasis que hace el grupo y hace hincapié de que los esfuerzos que ha realizado el Gobierno no han sido suficientes.

El Instituto Federal Electoral (IFE) tomó ciertas medidas, pero se requiere aprobar la ley antilavado que está congelada en la Cámara de Diputados, dice Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey Campus Toluca.

"De alguna forma el IFE está actuando de forma unilateral, pero necesita el apoyo del Congreso y siento que no está haciendo su trabajo, es un punto débil que tenemos en esta situación. El IFE no cuenta con el apoyo del Congreso", precisa.

Califica como positiva la decisión del IFE, ya que en alguna medida busca controlar o reducir la circulación de efectivo de las campañas, lo que obliga a los partidos políticos a bancarizar el mayor número de ingresos y gastos durante las campañas, lo que también podría limitar el manejo del efectivo.

En su opinión, una de las medidas relevantes de la iniciativa del IFE es manejar un sistema digital por medio del cual se puede rastrear de manera instantánea el dinero que ingresa a los partidos políticos y seguir su destino final durante precampañas y campañas federales, para evitar que rebase los topes marcados o que la delincuencia organizada aporte algo a la campaña de sus candidatos.

En esa fiscalización hay muchos espacios, indica Argente. "No olvidemos que todo este proceso de fiscalización ya se celebró en la campaña de 2009, ¿qué tan efectivo fue? Después del proceso electoral la PGR ligó al diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano, hoy prófugo, con actividades de lavado de dinero y narcotráfico y espero que para esta etapa este proceso se haya mejorado".

Urge que se apruebe la iniciativa de ley antilavado

El director del departamento de Derecho del Tec de Monterrey Campus Toluca insiste que atajar los recursos provenientes del crimen organizado es un trabajo conjunto tanto del Gobierno federal, como de los gobiernos locales para que estos puedan proceder. Asimismo, recomienda poner un tope de gastos en las campañas y vigilar cada acto de campaña, imputarle un valor y cotejarlo con las facturas de los partidos.

García Gibson, también director de García Gibson Consultores, despacho especializado en antilavado de dinero, advierte del riesgo que existe al no aprobar la legislación en contra de los recursos de procedencia ilícita, que desde el 26 de agosto de 2010 fue enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

La iniciativa está encaminada a impactar en el volumen de transacciones nacionales e internacionales con recursos provenientes de actividades ilícitas, obstaculizando la operación de las organizaciones criminales e incrementando los riesgos reales para quienes colaboran en la realización de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.  

El riesgo de que no se apruebe "es que quedarían muchos sectores fuera del radar, lo que es la prevención, detección y reporte de lavado de dinero. El único sector obligado es el financiero, pero otros no tienen la mínima obligación en el tema de lavado de dinero", agrega García Gibson.

Mientras la ley se aprueba, propone que cada organización política designe a un funcionario independiente y autónomo, que tenga a su cargo un área de supervisión de las operaciones financieras de manera similar como lo hacen las empresas financieras con los llamados oficiales de cumplimiento que vigilan que no se filtre el lavado de dinero a las instituciones.

La iniciativa de ley antilavado es la clave. "Somos el único país, por lo menos en Latinoamérica, que no tiene una ley federal en materia de lavado", dice.

"Es fundamental el que exista esta ley que ataca también precisamente esta última etapa de la integración, porque ya va directamente a actividades, a comercios vulnerables como son venta de autos, casinos, etcétera, que les va a obligar a reportar y hacer un escrutinio más riguroso de sus clientes y de los depósitos que reciban. Los partidos tendrían que identificar y detectar aportaciones y reportarla a la entidad correspondiente", agrega García Gibson.

A nivel internacional la mayoría de los países no solamente tiene al sector financiero, sino que se incluye también a partidos y campañas políticas. Es el caso de Colombia, que cuenta con mecanismos para prevenir el financiamiento ilícito en campañas.

"Es importante que pase la ley en este periodo ordinario que inició el 1 de febrero, es una de las leyes más importantes de la presente administración que ya no debería estar en discusión, porque involucra muchas actividades económicas", indica.

Arturo Argente, del Tec de Monterrey, también destaca que la ley antilavado ayudaría, pero "lo más seguro es que se apruebe después de la campaña federal que vamos a enfrentar. Está congelada por los mismos partidos y el IFE está solo ante esta batalla".

Sanciones de la CNBV

En su reporte, el Gafisud precisa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha elaborado en México nuevos criterios para la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las instituciones financieras supervisadas.

El monto de las multas aumentará según la gravedad de la infracción, haciendo uso de los principios de proporcionalidad más adecuados.

Como consecuencia de las visitas de inspección realizadas por la CNBV durante los tres últimos años se han identificado varias inconsistencias conforme al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de las instituciones financieras sujetas a la competencia de la CNBV, sin ofrecer mayores detalles.

Entre estas infracciones, dice el documento, se detectaron determinados incumplimientos en que incurrieron algunas de las instituciones financieras más grandes del país, lo que derivó en la iniciación de procedimientos administrativos para la imposición de las respectivas sanciones, mismos que están a punto de concluir.

Con relación al entorno económico nacional, el monto de las multas que serán impuestas es considerablemente elevado, posiblemente alcanzando el equivalente del total aplicado históricamente.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de octubre de 2010 a septiembre de 2011, derivado del análisis de la UIF y bajo una estrecha coordinación con las autoridades competentes, se integraron y presentaron a la Procuraduría General de la República (PGR) 51 reportes de análisis de operaciones sobre transacciones financieras que pudieran estar relacionadas a esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en los cuales se incluyen 292 personas.

En el mismo periodo la UIF presentó ante la PGR 41 denuncias por la probable comisión del delito de lavado de dinero, en las cuales se incluye a 121 sujetos.

Como parte de un esfuerzo por mejorar la integración y efectividad de las denuncias se ha mantenido una constante retroalimentación con la PGR sobre la utilidad de la información entregada y su incorporación a investigaciones. Este esfuerzo conjunto resultó en que todas las denuncias presentadas se integraran a averiguaciones previas.

La Unidad atendió 1,176 solicitudes de información de la PGR, de las cuales se reportó información relativa a 1,694 sujetos. Con respecto al mismo periodo anterior al presente informe, las solicitudes de información de la PGR se incrementaron 14%.

Durante 2011 se registraron 49,501 reportes de operaciones inusuales; 118 operaciones internas preocupantes que son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, así como 6.2 millones de reportes de operaciones relevantes.

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