IMEF urge transparencia en deuda estatal

El instituto dijo que los Gobiernos deben explicar a la sociedad como pagarán sus obligaciones; el saldo de la deuda de las entidades fue de 390,777 millones de pesos al cierre de 2011.
peso monedas  (Foto: Thinkstock)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

El saldo de la deuda de los estados no es un problema, pero urge orden y transparencia en su manejo financiero para que sigan beneficiándose del financiamiento, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

"Para que los Gobiernos estatales y municipales sigan beneficiándose del financiamiento, urge orden y transparencia en su manejo financiero, de manera que todas sus obligaciones de pago, tanto financieras como con proveedores, queden perfectamente explícitas", añadió.

José Antonio Quesada Palacios, presidente nacional del IMEF, consideró que los niveles de endeudamiento tanto a nivel federal como de los Gobiernos estatales han sido prudentes y la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) es sustancialmente inferior a la gran mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, dijo, aunque el endeudamiento es bajo comparado con otros países, hay algunos estados que se han excedido, y por ello: "la población debe exigir cuentas, sobre todo, una respuesta de cómo van a saldar las deudas".

El saldo de la deuda de las entidades federativas fue de 390,777 millones de pesos al cierre de 2011, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, según refirió el presidente nacional del IMEF.

Para lograrlo, opinó, se requiere que los congresos estatales y sus legisladores hagan una tarea constructiva para aprovechar el potencial de financiamiento público, además de que las autoridades financieras actúen al momento de percatarse de los problemas en las finanzas locales.

El saldo de la deuda de los Gobiernos estatales en sí no es un problema, insistió Quesada Palacios.

Lo que sí pude ser un problema para algunos estados y municipios son las condiciones financieras que restringen la liquidez, así como los excesos en autorizaciones de gasto a través de proveedores y contratistas, y que en los cambios de administración se renegocian, indicó el experto.

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