Sindicatos amenazan al Gobierno español

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Los sindicatos obreros españoles advirtieron este jueves al Gobierno de Mariano Rajoy que habrá más conflicto si se niega a cambiar la reforma laboral , mientras el Ejecutivo rechaza las presiones por considerar que la medida generará empleos. España vivió este jueves una jornada de huelga general convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) para protestar por la reforma laboral del Gobierno (ya aprobada por el Parlamento), que abarata los niveles de indemnización por despido.

Durante el mitin con que finalizó la manifestación realizada en Madrid, los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, puntualizaron que no se permitirá que los derechos laborales se pierdan con esta reforma.

" El Gobierno cree que los únicos legitimados son ellos, pero el crédito no es ilimitado, su Gobierno señor Rajoy será muy legítimo, pero el crédito hay que ganárselo todos los días, hoy usted ha perdido gran parte del crédito que tenía en la sociedad española", dijo Toxo.

Aseguró que aún hay tiempo de reconducir las cosas "antes de provocar más daño", por lo que consideró que se debe convocar desde mañana a los sindicatos para que las reformas sean consensuadas.

"Si no cambian la reforma e insiste en la dinámica suicida habrá conflicto ascendente y será prolongado en el tiempo todo cuanto sea necesario para cambiar este estado de cosas", indicó el líder de CCOO.

"Tomaremos decisiones en próximos días y semanas. El Gobierno tiene en sus manos evitar una escalada y prolongación del conflicto", añadió Toxo.

Méndez aseguró por su parte que "este Gobierno tiene dos opciones: cambiar o cambiar la reforma laboral", la cual representa una pérdida de derechos que "no se va a tolerar".

"Que el Gobierno sepa que no estamos dispuestos a que se tiren al suelo todos los derechos que han costado décadas conseguir", manifestó el dirigente de la UGT.

Pese a la huelga y a las manifestaciones que se realizaban en diferentes ciudades del país, la ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, descartó que se vaya modificar la reforma laboral, como piden los sindicatos.

La funcionaria sostuvo que la reforma fue aprobada por el Parlamento, por lo que lo único que se puede hacer es tratar de que las enmiendas de los grupos parlamentarios sean aceptadas por la mayoría.

Aseguró que esta reforma sienta las bases "para que se cree empleo en España" y reiteró que no se va a cambiar.

" El Gobierno espera la aportación de los grupos parlamentarios y esperamos salga con un respaldo mayor al del día de la convalidación. Las partes troncales no se cambiarán porque son necesarias para la generación de empleo", recalcó.

Añadió que la agenda reformista del Gobierno del presidente Mariano Rajoy "sigue imparable", ante la necesidad de sacar a España de la crisis económica y de que se generen empleos en el país.

Las organizaciones sindicales estimaron que la huelga general tuvo un apoyo de más del 80% de los trabajadores, incluidas las manifestaciones de un millón de personas en Barcelona y Madrid, mientras que el Gobierno consideró que "tuvo un impacto muy moderado".

Para la UGT y CCOO, la jornada tuvo "un seguimiento masivo y paralización total" en los sectores metalúrgico, de la construcción de infraestructuras, recolección de basura y minería.

Asimismo, ambas centrales sindicales señalaron que se ha paralizado la actividad en puertos, en un 80% a 90% en los rubros de alimentación y química, mientras la jornada transcurrió con normalidad y escasos incidentes.

Para el Gobierno español, los datos del consumo eléctrico (uno de los indicadores de actividad económica) mostraban una reducción de 16.3% (respecto a un día normal) frente al 16.9% de 2010 y del 23.9% de la huelga general de 2002.

En el sector público, se estimó que el seguimiento fue del 16.71% en la Administración del Estado; de 19.42% en las comunidades autónomas y del 15.24% en los ayuntamientos.

El Gobierno reportó escasos incidentes con más de 100 personas detenidas y unos 90 heridos leves, pero las cifras aumentaron en Barcelona, donde encapuchados se enfrentaron con la policía, atacaron comercios y sucursales bancarias.

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy reduce la indemnización para el trabajador por despido improcedente de 45 días a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 actuales.

En los casos de despido procedente las indemnizaciones serán de 20 días trabajados y un máximo de 12 mensualidades.

Asimismo, se precisa cuáles son las situaciones por los que una empresa puede acudir a esta vía.

"Cuando por causas económicas, cuando se desprenda una situación de pérdidas actuales no previstas o disminución de ingresos o ventas, persistentes por tres trimestre consecutivos", en cuyo caso los empresarios también podrán bajar salarios a sus empleados.

Entre otras novedades, la reforma crea contratos indefinidos para emprendedores y establece que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serán los grandes contratadores del futuro.

En el caso de empresas con menos de 50 trabajadores, los empleados podrán estar en un periodo de prueba de un año y habrá ayudas a la contratación.