Bolivia sentará bases de negociación

El Gobierno de Evo Morales se reunirá el lunes con el grupo español cuya filial fue expropiada; se elegirá una firma para evaluar activos y pasivos, dice el ministro de Hidrocarburos.
electricidad  (Foto: AP)

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia y el presidente de Red Eléctrica de España se reunirán el lunes en La Paz y sentarán las bases de una negociación para acordar la indemnización a la compañía española. Será la primera reunión tras la expropiación de Transportadores de Electricidad, dispuesta el martes por el presidente Evo Morales.

El ministro Juan José Sosa dijo este domingo a la televisora estatal que explicará a José Folgado las razones para la nacionalización de la compañía que controlaba 74% del tendido de la red eléctrica del país.

"Seguramente conversaremos para escoger una empresa independiente de evaluación de los activos y pasivos, después entraremos a negociar y conciliar (el monto de indemnización)", explicó.

El decreto de nacionalización fija seis meses para alcanzar un acuerdo, pero puede extenderse como ocurre con otras empresas expropiadas por Morales desde 2006.

La bajas inversiones en un sector estratégico que el Gobierno considera debe estar bajo defensa del Estado fueron las razones para expropiar la compañía, explicó Sosa.

Con la medida ha vuelto a control estatal toda la cadena de producción eléctrica. En 2010 Morales expropió las mayores generadoras. Todas esas empresas habían sido privatizadas en la década pasada. Morales hizo lo propio con los hidrocarburos.

Según Sosa, Unión Fenosa, también de España, pagó 39.9 millones de dólares por el paquete en 1997 y la vendió a Red Eléctrica de España en 2002. Desde entonces la eléctrica española invirtió 81 millones de dólares.

"En 15 años hubo una depreciación", dijo el ministro.

Red Eléctrica de España obtuvo utilidades por 10 millones de dólares cada año como promedio, explicó el funcionario.

Por su parte, Red Eléctrica de España asegura haber invertido 69 millones de dólares entre 2002 y 2011 en la red de transporte, así como otros 14 millones en proyectos ya iniciados, lo que supone una cifra superior a los 88 millones de dólares.

Defiende Bolivia "decisión soberana"

El canciller boliviano, David Choquehuanca, dijo que la medida corresponde a un mandato constitucional.

"Lo que estamos implementando es un mandato constitucional. Bolivia ha tomado de manera soberana esta decisión y esperamos que podamos sentarnos para establecer un precio justo", declaró al diario El Mercurio en el marco de la cumbre interministerial sobre seguridad y crimen organizado, de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Colombia.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia agregó que "también queremos que los inversionistas, en el marco del respeto de las normas nacionales e internacionales, puedan cumplir sus compromisos".

Con información de Notimex

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