Reforma fiscal debe ser prioridad

Todos los intentos y propuestas de reforma fiscal que se han hecho para México están incompletos porque básicamente se enfocan a resolver el problema de la recaudación, pero no eliminan la volatilidad del presupuesto federal ni generan flexibilidad , por lo que no garantizan la viabilidad del sector en el largo plazo.

La próxima administración debería estar convencida de que la única receta para resolver el problema de crecimiento económico del país es a través de las reformas estructurales. Utilizar políticas económicas expansivas de manera prolongada sólo lleva a crecimientos ficticios y temporales, que al final de cuentas producen un retroceso en bienestar social.

En este sentido una de las grandes prioridades del nuevo Gobierno es impulsar aquellas r eformas que tienen un alto impacto económico y social pero que también generan un impacto psicológico positivo en los mercados, de tal forma que allanen el camino para reformas posteriores.

Así, en orden de prioridad, la primera reforma que debería ser impulsada sería la fiscal, porque estratégicamente no solo resolvería el problema crónico de las finanzas públicas, sino que también sería de más rápida implementación y generaría una oleada de optimismo y confianza de los mercados y agentes económicos. La reforma energética , laboral y de seguridad social además de que no son urgentes también requieren de un proceso de negociación más largo, por lo cual pueden esperar a que la fiscal les abra las puertas del Congreso.

Si bien es cierto que la reforma fiscal es la de mayor urgencia , mayor impacto y de más rápida implementación, también es cierto que por sí sola -y por más integral que sea- no es suficiente para asegurar la viabilidad fiscal del país, lo cual es un elemento clave tanto para los mercados como para la confianza de los inversionistas internacionales. Una reforma fiscal integral, como la planteada en México, básicamente resuelve el problema de la baja recaudación, para generar más ingresos que permitan incrementar el gasto en áreas de mayor impacto económico y social.

A pesar de que la propuesta de reforma pudiera contener algún mecanismo de gasto eficiente, no resuelve el problema de la prociclicalidad del presupuesto federal como tampoco asegura la viabilidad fiscal de largo plazo para el país.

Por lo tanto, la reforma fiscal resulta incompleta por dos razones. Primero: porque nada evitaría que el aumento en la recaudación sea automáticamente acompañado por un aumento del gasto, por lo cual las posibilidades de ahorro público quedarían nuevamente limitadas. Segundo: porque al no ser acompañada de una disciplina estructural, el presupuesto federal continuaría atado a la volatilidad del ciclo económico. Esto último perpetuaría las expansiones del gasto en épocas de auge y los recortes de presupuesto en tiempos de crisis.

Dado que México tiene uno de los sistemas tributarios más pobres , no sólo dentro del club de países de la OCDE sino incluso comparado con el resto de América Latina, es importante que la reforma fiscal eleve la recaudación tributaria.

De igual forma es importante introducir una disciplina estructural en el gasto público, de tal forma que no sólo le dé certidumbre al presupuesto federal sino que también lo aísle de la volatilidad generada por las alzas y bajas del ciclo económico. El tener una recaudación alta de ninguna manera garantiza que el país no se vea sujeto a contracciones fiscales en épocas de crisis o a desequilibrios fiscales que pongan en duda la estabilidad macroeconómica y consecuentemente eleven el riego-país.

Ciertamente, México necesita elevar su recaudación tributaria, pero también necesita asegurar certidumbre y viabilidad fiscal de largo plazo. Lo primero se logra con la reforma fiscal, lo segundo con la introducción de una disciplina estructural.

En primer lugar, una regla fiscal estructural le permitiría al país una disciplina fiscal que garantizaría la certidumbre del presupuesto federal sin injerencia del crecimiento esperado de la economía. Segundo, aislaría al presupuesto de los vaivenes en el precio del petróleo o de la volatilidad de ingresos no recurrentes. Tercero, al eliminar la incertidumbre con respecto al futuro de las cuentas fiscales, se reduciría el riesgo-país y consecuentemente el costo del financiamiento. Cuarto, le permitiría al país generar poder contra-cíclico en épocas de auge, para suavizar el ciclo económico en tiempos de crisis.

Al igual que la reforma fiscal, la introducción de la regla estructural también requiere de liderazgo político y habilidad negociadora del nuevo Gobierno. Ya que para que la regla sea eficiente y permita generar flexibilidad fiscal en términos de ahorro público, se necesita afectar la repartición de los ingresos extras del petróleo, lo cual podría generar resistencia por parte de los Estados.

La gran ventaja es que la regla sólo necesita la creación de consensos al interior del Congreso, no una modificación constitucional como lo requiere la reforma fiscal.

Así, el nuevo Gobierno podría no sólo magnificar el impacto económico de su propuesta fiscal sino también generar un impacto en la confianza de los mercados al introducir la regla estructural.

El país y la economía se verían doblemente beneficiados y se abriría el camino para las otras reformas. De lo contrario, la reforma tributaria como se plantea, por más integral que pretenda ser, no garantiza la viabilidad de las cuentas fiscales del país en el largo plazo.  

*El autor es Director de Moody's Analytics para América Latina.