México, sin armas para frenar blanqueo

La ley antilavado, detenida en el Senado, no es suficiente para combatir el delito, dicen expertos; la prevención es casi inexistente y Hacienda genera cuellos de botella, advierten legisladores.
senado  (Foto: Notimex)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

En medio de la batalla del Gobierno contra los cárteles de la droga, México no puede tener un marco legal y una postura de menor envergadura que la de Estados Unidos y otros países para combatir el lavado de dinero, advierten especialistas y legisladores.

Hay deficiencias en el marco legal, en la supervisión de las autoridades y el principal problema que se enfrenta es la corrupción de éstas últimas, alertan luego de que fue revelada una investigación del Senado estadounidense al Grupo HSBC Holdings, que arrojó una falta de controles antilavado en la subsidiaria mexicana del banco.

La filial en México del gigante bancario envió 7,000 millones de dólares en efectivo a la unidad de Estados Unidos entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con autoridades judiciales del vecino país solo podía alcanzar ese tamaño incluyendo ganancias ilegales del narcotráfico.

Según el reporte realizado por un subcomité del Senado estadounidense, HSBC México tiene un alto número de clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.

En México debe haber un mayor conocimiento del tema y control del Gobierno federal en el manejo del sistema financiero, advierte Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca y experto en temas políticos.

Los bancos son un sector privilegiado y ahora que se desprende todo este asunto en EU entonces la autoridad dice "hay que corregirlo", pero la falta de controles facilitó esa operación, señala. "El camino al infierno también está lleno de omisiones. Ahora el banco se lava las manos, pero el daño ya está hecho", subraya el catedrático.

El costo de la corrupción

"Hay reportes del FMI y del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que dicen que el principal escollo para la investigación del lavado de dinero en México es la corrupción", dice el diputado del Partido del Trabajo, Mario Alberto Di Costanzo.

Considera que existe un cuello de botella que se genera por no tener flexibilidad de las autoridades involucradas en la investigación y en la detección del lavado de dinero.

"Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la que genera el cuello de botella; no hay ninguna otra institución más que Hacienda, la Procuraduría Fiscal y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pueda acusar de lavado de dinero", indica el legislador del PT.

Es lamentable que México se entere de asuntos delicados que le conciernen de manera directa hasta que el Gobierno de EU emprende acciones de investigación específicas. Y no es el primer caso que se da, afirma el senador por Zacatecas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tomás Torres Mercado.

"La ley aprobada en el Congreso mexicano no es suficiente. Es necesario que se apruebe un marco normativo que sea eficaz para el combate del lavado de dinero y para identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y, sobre todo, que puedan contribuir al financiamiento del terrorismo", agrega el también integrante de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas del Senado.

Asegura que la prevención en México es prácticamente inexistente, aun cuando "hay un Centro de Inteligencia Financiera en el SAT y que ahora opera en la PGR, y se tiene un registro permanente de operaciones relevantes, de operaciones inusuales por miles y que existan no más de una docena de asuntos vinculados con lavado de dinero".

En el caso de operaciones inusuales y/o preocupantes conforme a la normativa establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de 2007 a la fecha se reportaron 239,000 operaciones, hay otras que llegan a través de denuncias y esos reportes se van a 491,000, de acuerdo con datos de la UIF, indica Martin Montealegre, director de la Práctica del Sector Financiero de PwC.

El volumen de transacciones que se han reportado versus lo denunciado es menos de 0.001%, precisa. Además, hacia las instituciones habría que repasar la metodología de lo que se está reportando, porque es muy alto el volumen, y también revisar los métodos de la misma CNBV y la UIF.

Recomienda que se revise la norma para analizar realmente si los umbrales que se reportan son los que deberían de ser o si la misma autoridad también debe revisar hacia su interior si sus sistemas, metodología e infraestructura son competentes para todo lo que recibe, subraya Montealegre.

¿Y dónde quedó la Ley antilavado?

En mayo pasado, la Cámara de Diputados envió al Senado las modificaciones que se realizaron a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, mejor conocida como Ley Antilavado.

Ahora es turno del Senado publicarla en cuanto inicie la nueva legislatura el próximo 1 de septiembre. "Sería una aprobación administrativa y jurídicamente tiene efecto hasta que esté publicada", indica el especialista de PwC.

Una vez publicada, "habrá que hacer un reglamento y entraría en vigor nueve meses después", precisa el diputado Di Costanzo.

Explica que esto se debe a que la información que se pide a los sectores que han sido considerados vulnerables es tanta, que "los agentes de esos sectores tienen que familiarizarse con la ley. Qué casualidad que en esa ley ya se reconoce al tema de las tarjetas precomo un sector vulnerable al lavado de dinero. Ya reconocimos que hay vulnerabilidad, aún no entra en vigor la ley, pero mi mayor temor es que tampoco eso resolverá el problema".

En opinión del legislador del PT, para perseguir e investigar el lavado de dinero se necesitan expertos financieros, invertir en capital humano en la práctica, "porque puedes lavar dinero de las maneras que se te ocurran. Tantas como tengas conocimiento del marco jurídico".

"Vamos a ver si esta ley antilavado es suficiente, pero lo que sí necesita tanto el sistema financiero mexicano como el Gobierno federal es ir acorde a esta problemática que los demás países están aplicando y no podemos tener un marco legal y una postura que sea inferior a lo que se está haciendo en EU", dice Arturo Argente, del Tec de Monterrey.

Descarta que en el caso HSBC vaya a darse algo más que la mera sanción. "Mi predicción es que en EU habrá una multa contra el banco, pero muy onerosa, de muchos millones de dólares. En México aún no ha pasado nada y las cabezas que se han cortado han sido en EU, vamos a ver hasta dónde llega esta ola".

El catedrático del Tec indica que debe haber una participación más activa por parte del Gobierno federal en el sistema financiero mexicano. "El mismo banco reconoció que tenía conocimiento del tráfico de dinero, la sospecha de lavado de dinero en México y no hizo nada: eso se le llama avaricia", acusa.

El senador Tomás Torres expone que la Ley antilavado en algo ayuda, pero hay opciones en materia de delincuencia organizada y disposiciones en el Código Penal Federal que hacen posible la investigación y el castigo al tratarse de recursos de procedencia ilícita. "No hay vacío legal", dice.

"Aun en la hipótesis de que la ley antilavado estuviera aprobada, por los tiempos en que se aplican las conductas (de HSBC) sería inaplicable, porque tiene efectos y relevancia penal y no debe operar retroactivamente una ley de esta naturaleza, en términos de lo que dispone el artículo 14 de la Constitución Federal", puntualiza el senador por Zacatecas.

"(HSBC) es copartícipe, sino en la consumación del delito de narcotráfico, sí con relación a su producto y a sus efectos", afirma.

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Para la firma de consultoría PwC, la ley complementa lo que hacen hasta ahora las instituciones financieras.

"Creo que el sistema financiero en general ya tiene controles que cada vez van mitigando el riesgo (...) El crimen organizado busca esquemas desafortunadamente, y de ahí el endurecimiento de las políticas de aceptación de clientes de las instituciones", señala Martin Montealegre.

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