La crisis mina las autonomías de España

El Gobierno español, atrapado en el fuego cruzado del frente de la batalla por el euro , parece estar abriendo un segundo frente, al utilizar la crisis como una justificación pragmática y una cobertura política para revertir un sistema altamente descentralizado de Gobiernos regionales que el gobernante Partido Popular (PP) detesta ideológicamente.

El PP de centro-derecha, que llegó al poder en noviembre pasado, no sólo quiere reducir el tamaño del Estado, sino también recentralizarlo. El Gobierno de Mariano Rajoy lo ha sugerido así y ha estado presionando a los Gobiernos regionales; algunos de los cuales necesitan la ayuda de Madrid para pagar a su personal y refinanciar sus deudas.

"Somos parte del Estado, pero nos tratan como sujetos y no como socios", dijo al Financial Times Andreu Mas-Colell, jefe de Finanzas del Gobierno nacionalista de Cataluña, tras una tormentosa reunión con Cristóbal Montoro, el ministro español de Finanzas. Mas-Colell dijo que Montoro amenazó con imponer un control central sobre los Gobiernos regionales que no cumplan con las rígidas nuevas metas presupuestarias .

Hay mucho en juego. La agitada confrontación entre el centro y las 17 regiones es sólo una trama secundaria en el gran drama del euro. Si se maneja incorrectamente, podría socavar el acuerdo constitucional que llevó a España de la dictadura de Francisco Franco a convertirse en una democracia vibrante, y podría avivar las demandas de independencia de vascos y catalanes que se supone que el Gobierno descentralizado debía evitar.

"Hemos estado construyendo los pilares de este nuevo sistema durante 30 años", dice Carlos Aguirre, jefe de Finanzas y Economía Socialistas del Gobierno vasco. "Antes, estaba bien cambiar las tejas del techo, pero nadie se atrevía a tocar los cimientos. Ahora, el temor es que todos quieren ver los cimientos".

Sin embargo, el diseño arquitectónico de la descentralización tuvo defectos desde el principio. La incipiente democracia enfrentó el desafío de cómo satisfacer las demandas históricas de los vascos y los catalanes, que se gobernaban a sí mismos bajo la Segunda República derrotada por Franco en la guerra civil de 1936-1939, pero cuyo sentido de nacionalidad se remonta a siglos atrás.

Para la derecha nacionalista española, complacer las demandas de los separatistas que Franco aplastó, con sus lenguas y su cultura, era un anatema. Para la izquierda jacobina, era una provinciana distracción secundaria. El compromiso, establecido en la Constitución de 1978, fue ofrecer condiciones ostensiblemente similares a todas las partes. Cada región podría volverse "autónoma" para disfrazar la restitución de los derechos a las "nacionalidades históricas", un neologismo truculento para evitar la incendiaria palabra "nación", del la cual sólo puede existir la única e indisoluble España.

La autonomía vasca y catalana se introdujeron rápidamente y otras regiones con características singulares, como Galicia, con su propia lengua, o Andalucía, con su distintiva cultura, adquirieron la fisonomía del autogobierno.

Sin embargo, muchas regiones se encontraron con Gobiernos que nunca habían pedido, que a menudo se convirtieron en feudos para barones locales y en vehículos del clientelismo partidario. La irresponsabilidad financiera de algunas regiones, expuesta sin piedad por la crisis actual, ha llevado a algunos a concluir que la descentralización es un lujo costoso.

"La descentralización fue creada para resolver el problema vasco y catalán, pero esos problemas están empeorando y el costo de todo esto ya no es asequible", dice un alto funcionario de un Gobierno regional manejado por el PP. Sin embargo, admite que habría una "resistencia radical a cualquier retroceso".

"La idea de la recentralización simplemente no es posible en Cataluña", dice un ex asesor de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español. "El ambiente ha cambiado totalmente. La soberanía (separación) se está debatiendo activamente; y si hay una cosa que provocaría que eso sucediera, sería un intento por recuperar de nuevo los poderes".

El argumento fiscal de la descentralización es enredado y frecuentemente tendencioso. Algo que a menudo se omite en estas polémicas es el costo de los servicios y la insuficiente base fiscal para mantenerlos. Las regiones tienen que gastar mucho debido a que servicios públicos como la salud, la educación y el cuidado de los adultos mayores recaen en ellas.

Las rentas públicas a pagar eran abundantes en impuestos a la propiedad durante el auge inmobiliario anterior a la crisis, al que muchas regiones (así como el Gobierno central) se volvieron adictas. Pero esta dependencia se volvió estructural después de que el impuesto sobre la renta se redujo en el anterior Gobierno del PP de José María Aznar, así como con el socialista Zapatero.

Ahora, en medio de una sofocante reducción presupuestaria, todas las regiones excepto el País Vasco y la colindante provincia de Navarra, que recaudan sus propios impuestos, dependen del financiamiento central, el cual muchos funcionarios consideran que Madrid utiliza no sólo para imponer la austeridad, sino también para extirpar el autogobierno.

Montoro ha dejado claro que los Gobiernos que busquen ayuda para refinanciar sus deudas a través del nuevo fondo de liquidez de 18,000 millones de euros para las regiones tendrán que aceptar condiciones estrictas del tipo que la Unión Europea (UE) impone sobre los miembros rescatados de la eurozona, como Grecia o Portugal.

Incluso se ha oído al ministro de Hacienda bromear sobre mandar "Hombres de Negro" de Madrid y no de Bruselas y Frankfurt, para gestionar los Gobiernos regionales.

Madrid, además, se está reservando el respiro que Bruselas recientemente dio a España para reducir completamente su déficit presupuestario para el gasto del Gobierno central, imponiendo metas más estrictas en las regiones.

"El Gobierno piensa que puede hacer con nosotros lo que la UE está haciendo con los Gobiernos centrales", dice Mas-Colell. Heribert Padrol, quien asesora al primer ministro catalán Artur Mas sobre los planes para una mayor autonomía fiscal, dice: "En mi opinión, ellos tienen una agenda para recentralizar; y replicar internamente el mecanismo de la UE les da una especie de legitimidad".

Si bien nadie discute que existen superposiciones y duplicaciones costosas en el modelo de descentralización, el Gobierno no da señales de diferenciación en la calidad del gasto. Todas las partes son culpables del clientelismo, pero el PP más que la mayoría.

El PP ahora dirige 11 de los Gobiernos autónomos, que deben la mitad del total de los 140,000 millones de euros de las deudas regionales y tienen costos de nómina pública muy por encima del promedio. Se prevé que las cuentas salariales vascas y catalanas representen 20% y 24%, respectivamente, del presupuesto de este año, mientras que las regiones de Valencia o Galicia, gobernadas por el PP, representarán aproximadamente el 38%. "La única oficina de empleo que opera en España en estos momentos es el Partido Popular", destacó un funcionario de Gobierno regional del PP.

De hecho, los críticos atacan la extravagancia que es el Gobierno regional de Valencia , con su dominio señorial y sus barrocos escándalos de corrupción, que inevitablemente reprueban. No es casualidad que un Gobierno regional ligado al banco valenciano esté en el núcleo de Bankia, el prestamista nacionalizado en el corazón de la crisis bancaria .

Valencia fue un ejemplo de cómo los bancos de ahorro regional, o cajas, inflaron la burbuja inmobiliaria. Posee 23% de las acciones de España de 800,000 viviendas nuevas sin vender. "La ecuación de las cajas y las regiones era una manera de imprimir dinero", dice José Ignacio Torreblanca del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el debate sobre el futuro de la descentralización se está volviendo más áspero que los juicios acerca de su historial y podría enfrentar a los nacionalistas españoles contra la campaña vasca y catalana por una mayor independencia. Los primeros creen que el actual sistema federal de composición abierta convertirá a España en un estado remanente con un Gobierno central débil; una especie de Suiza hispánica. Los segundos están siendo tentados por la creencia de que España está frenando su futuro.

Aunque los vascos han sido generalmente vistos como la mayor amenaza a la unidad por la campaña violenta de los separatistas de ETA, es el debate sobre la soberanía catalana el que ahora se ha vuelto radical. El punto de inflexión se produjo hace dos años cuando el Tribunal Constitucional en Madrid desechó reformas para mejorar la autonomía aprobada tanto por el parlamento catalán como por el parlamento español.

El Gobierno catalán quiere tener el derecho de cobrar sus propios impuestos, como los vascos, un derecho que rechazó hace 30 años. Esa generación de nacionalistas catalanes se burló de los vascos por resucitar derechos casi feudales para apoyar su autonomía fiscal. "Lo llamaron una reliquia", recuerda Iñigo Urkullu, presidente de la corriente principal del partido nacionalista vasco. "Pero 30 años después se han dado cuenta de cuán vital es esa herramienta; y es gracias a que hemos sido capaces de reconstruir nuestra economía y construir el autogobierno".

La economía vasca es industrialmente diversa y orientada a la exportación, apoyada por bancos sólidos, y un gasto alto en investigación y desarrollo. Con la autonomía fiscal, el Gobierno ha mantenido su deuda y su déficit presupuestario bajo control, proporcionando buena educación y servicios públicos, pero aportando cerca de ocho veces menos por habitante al fondo común fiscal español que Cataluña.

Cataluña, por el contrario, con una economía del tamaño de Portugal, tiene la carga de deuda más pesada de todas las regiones: 41,800 millones de euros, con 13,500 millones de euros venciendo este año. Además de exigir la autonomía fiscal, el Gobierno catalán anunció el mes pasado que tendría que buscar un rescate fiscal por parte de Madrid .

Los funcionarios catalanes y los economistas dicen que la región sería solvente si no tuviera que transferir a Madrid 18,000 millones de euros al año, o alrededor del 9% de su producción económica, una cantidad que supera las exigencias de transferencia equitativa para las regiones más pobres, reclaman.

"No podemos tener una situación en la que seamos la quinta (región) en ingreso per cápita, pero que terminemos siendo la novena después de la aportación", dice Padrol. Subraya que el clamor por la independencia ha viajado desde la periferia política hasta las "personas que usan corbatas", porque "o controlas tus propios recursos, o estás muerto cómo país".

"El Gobierno catalán quiere ser una región con los atributos de un Estado, pero lo que queremos ya no tiene cabida en España", dice Salvador García Ruiz, economista y separatista. Debido a que espera que Madrid no sólo rechace cualquier nueva competencia fiscal de Cataluña, sino que utilice la crisis actual para reclamar poderes que su Gobierno ya tiene, cree que los catalanes eventualmente votarán por separarse de España.

Las encuestas de opinión sugieren que es posible que tenga razón, pero la corriente principal del nacionalismo catalán, al igual que sus homólogos vascos, desde hace mucho tiempo se ha mostrado indecisa acerca de la independencia. El Gobierno de Rajoy parece dispuesto a llevar esta ambigüedad pragmática hasta el límite y a descubrir qué tan fuerte es la determinación nacionalista.

"Cataluña no va a desaparecer", dice Mas-Colell. "Tenemos nuestra historia, nuestra lengua y nuestra cultura. Sobrevivimos a Franco, así que sobreviviremos a esto".

Nueva voz para el separatismo vasco

El País Vasco ya se está preparando para una elección que podría anunciarse para una fecha tan cercana como este otoño y los separatistas, los nacionalistas radicales o izquiera abertzale, se sienten más seguros que nunca. Una de las razones es la popularidad de su candidata por la abertzale, o presidencia del Gobierno autonómico, Laura Mintegi, una conocida escritora, doctora en Psicología y profesora de Literatura.

A diferencia de Arnaldo Otegi, el Gerry Adams vasco que todavía está en prisión, Mintegi no tiene ninguna conexión conocida con ETA, el grupo armado separatista que este año puso fin a su ya apagada campaña de violencia. Aunque Otegi y sus colegas políticos merecen el crédito por conseguir la retirada de los hombres armados, Mintegi es más elegible.

Su coalición Bildu obtuvo más escaños que el principal partido nacionalista PNV en las elecciones municipales y generales del año pasado. Eso se debió en parte a una reacción ante la prohibición de una década contra su predecesor, Batasuna, que tenía estrechos vínculos con ETA. Esa época ha terminado, dice Mintegi. "El uso de la violencia con fines políticos es impensable, absolutamente finalizada; queremos vivir en paz".

Incluso los vascos separatistas tienden a estar orgullosos de los logros del autogobierno y Mintegi no es distinta. "Las cosas se han hecho de manera diferente aquí", dice ella, "pero nunca ha sido suficiente y ahora (el modelo) está agotado". La crisis en la eurozona pone de relieve las deficiencias de incluso la más extensiva autonomía, al llevar la toma de decisiones más lejos de la gente afectada, y provocando que el Gobierno de centro-derecha del Partido Popular de Mariano Rajoy frene el poder regional.

"Las decisiones deben tomarse aquí, no en Berlín", dice Mintegi. "Si el PP trata de retirar la descentralización, eso podría ser positivo para nosotros. A veces digo en broma que no tenemos que dejar (a España); ellos van a dejarnos".

La nueva abanderada del separatismo vasco sabe que enfrenta una máquina formidable en el PNV y admite las similitudes entre el programa económico de Bildu y el de los socialistas que ahora dirigen el Gobierno vasco. La coalición puede ser una opción, dice.

Cuando se le preguntó si un Gobierno dirigido por ella participaría en un pacto nacional para hacer frente a la emergencia económica de España, dijo: "Sí, estaríamos dispuestos, pero no si eso significa más de lo mismo. No podemos permitir que miles de personas sean lanzadas al desagüe (del desempleo) todos los días. Es obsceno".