España corta atención médica a ilegales

El Gobierno quiere ahorrar 500 mde con la cancelación de la ayuda gratis a inmigrantes sin papeles; las personas en situación irregular sólo tendrán acceso a la asistencia sanitaria de urgencia.
españa  (Foto: AP)
MADRID (CNN) -

Este sábado España dejó de prestar atención sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales, una de las medidas de recorte más polémicas emprendidas por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy para cumplir con su objetivo de reducción del déficit fiscal impuesto por la Unión Europea (UE). El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas "sin papeles" ha chocado con la oposición de numerosos grupos sociales y de médicos, quienes dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.

Con la medida,  el Gobierno español calcula ahorrar unos 500 millones de euros.

La cobertura se restringirá a los inmigrantes en situación irregular que ahora tendrán "derecho a una asistencia sanitaria (de urgencia), pero no utilizando una tarjeta sanitaria que (también) confiere derechos a sus familiares", explicó la portavoz gubernamental, Soraya Sáenz de Santamaría.

"No va a haber desatención sanitaria", enfatizó Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros del viernes.

Recordó que el sistema seguirá prestando servicios de salud a "menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades transmisibles".

El plan de reformas aplicadas al sistema sanitario español, con el que el Ejecutivo busca un ahorro total de 7,000 millones de euros, incluye además el copago de recetas farmacéuticas que entró en vigor en julio, medidas sobre la atención a turistas  (para reducir los costos en 1,000 millones ) y el aumento de la coordinación entre comunidades.

Entre los críticos al retiro de las tarjetas están las organizaciones activistas Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos.

"Cuando entre en vigor, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables (...) y por ser una medida regresiva y discriminatoria", explicaron el viernes en un comunicado conjunto.

Según las organizaciones, esta decisión "podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud".

Financiamiento

A pesar de que a partir de este sábado los inmigrantes sin permiso de residencia tendrán que abonar sus consultas, como ocurre en la mayoría de países de la UE, la portavoz del Gobierno reconoció que aún "se tienen que buscar los mecanismos para el reintegro y el reembolso de esos gastos".

Los pagos podrían realizarse bien a través de convenios bilaterales con los países de origen de los beneficiarios, que sean ellos quienes lo paguen o que el proceso corra a cargo de fondos sociales.

También desde este sábado, los españoles deben pagar íntegramente el precio de hasta 417 fármacos menores (antes incluidos en el catálogo de medicamentos subvencionados por el Estado) con lo que el Gobierno espera ahorrar hasta 450 millones de euros.

El objetivo de España es reducir su déficit publico del 8.9% del PIB en 2011 al 2.8% en 2014, para lo cual no podrá superar el 6.3% en 2012 y el 4.5% en 2013.

Entre las medidas puestas en marcha también está el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que dejará unos 22,100 millones en las arcas del Estado hasta 2014, una reforma del sistema educativo (que supondría un ahorro en torno a los 3,000 millones de euros) y recortes en los empleos públicos, entre otros.

Protestan contra reforma en atención sanitaria

Cientos de personas protestaron frente al hospital de Gregorio Marañón, en Madrid, luego de que entrará en vigor en España la reforma sanitaria mediante la cual se cancela la tarjeta de atención a inmigrantes en situación irregular.

Decenas de personas se manifestaron convocados por organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos.

Por lo menos ocho comunidades autónomas de España se han negado a acatar la reforma y aseguran que seguirán dando atención a los extranjeros, aunque no tengan tarjeta sanitaria, ya que no quieren que se les colapsen los servicios de urgencia.

 

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